El freno

A este Sánchez no lo frena ni la Constitución. No obstante, sus coqueteos con los anticonstitucionalistas pueden llevarle a la lona. Y si no, al ‘tempo piano’. La ley para contentarlos con tal de gobernar tiene, dicen los expertos, más vías de agua que el Titanic, por su amplitud de conceptos. Nada improvisado, por otra parte, pues de esa manera las interpretaciones judiciales serán las culpables ante el prófugo, y, por supuesto, podrán ser objeto de crítica por los que no les guste lo que digan los jueces, que serán los culpables de que el requisitoriado no pueda volver en olor de multitudes a territorio español-catalán. Tantas imprecisiones en la ley, tanta abstracción y tanta indefinición interesada son un caldo de cultivo para dejar en el aire muchas cuestiones, y, entre otras, la posibilidad de suspender su aplicación si se plantea una cuestión de inconstitucionalidad en España o una cuestión prejudicial en la Unión Europea. En cualquier caso, da igual, porque el huido, antes o después, se va a revolver cuando se le diga, por el Gobierno que de referéndum unilateral de independencia, nada de nada. O a lo mejor también se le dice que adelante, y mientras se va ganando tiempo hasta las futuras elecciones generales. Quién sabe lo que pasa por una mente privilegiada.

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Entretanto, se puede ir ya adelantando que, a pesar de lo que dice la ley de amnistía (aún no en vigor, gracias a Dios), ese personaje clave para nosotros como es el comisario de justicia Didier Reynders, que está en todos los riegos de socorro a España, entre otros, lo de la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (con más fracasos que éxitos, dicho sea de paso), acaba de dar un golpe en toda la cara a la ley, al manifestar públicamente que una cuestión prejudicial frena la ley de amnistía. Toma ya, Europa no traga. Lo que supone como el derecho de la Unión Europea goza del privilegio o principio de primacía. O lo que es igual, ese derecho se aplica por encima y por delante de los ordenamientos jurídicos nacionales de cada Estado miembro de la Unión. Como diría Sánchez, refiriéndose a quien nombra al fiscal general del Estado, y por eso quiere reformar la Ley de Enjuiciamiento criminal para que sean los fiscales los que instruyan las causas criminales, dicho sea de paso, pues eso: que se suspende la ley hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie acerca de la cuestión prejudicial planteada por cualquier ciudadano. Y ello en base a la aplicación del artículo 23 del Estatuto de dicho Tribunal, que establece que en los asuntos sustanciados mediante el procedimiento prejudicial, la resolución del órgano jurisdiccional nacional por la que somete un asunto al Tribunal de Justicia suspende el procedimiento nacional. Por si no estuviera claro, el punto 25 de las recomendaciones de la Unión Europea dispone que la presentación de una petición de decisión no prejudicial entraña la suspensión del procedimiento nacional hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie. La guinda la pone la jurisprudencia, tanto la europea como la española, que viene cumpliendo escrupulosamente con tales preceptos.

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El efecto dominó está, por tanto, garantizado, pues un juez tras otro va a suspender la tramitación de los procedimientos a los que afecte la cuestión de prejudicialidad planteada, mientras la misma no sea resuelta por el TJUE. 

O sea que, de venir a lomos, y no escondido en el maletero de un lujoso coche, por ahora nada de nada, señor prófugo, por mucho que el señor Sánchez se lo haya prometido. Pero no se enfade con él, que lo que le prometió fue sin querer, pues no tenía premeditado, ni siquiera previsto, que eso ocurriera. No crea usted que lo ha engañado. Como mucho es que ha cambiado de opinión, visto lo visto de la Unión Europea, y la culpa la tienen los jueces, por insistir en que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, como dice nuestra Constitución, que también es la suya mientras siga siendo sea español, por mucho que le pese.

En definitiva, si los magistrados que eleven una cuestión prejudicial deben esperar la resolución de Estrasburgo, según dice en una carta el comisario Rynders, y puesto que seguro que se plantea dicha cuestión (y teniendo en cuenta que el mencionado tribunal suele tardar año y medio en resolver), ni la entrada en vigor de la ley de amnistía ni el ser candidato para sus elecciones catalanas le va a permitir lucir flequillo ni por las Ramblas ni por la Diagonal, por ahora.

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