La violencia que empeora nuestro sistema sanitario

La violencia contra los profesionales sanitarios es un fenómeno global que ha sufrido un enorme aumento en los últimos años, con un incremento en el número de agresiones físicas y psicológicas. Una parte violenta de la sociedad actual carga contra los sanitarios, generando un fuerte impacto físico, psicológico y emocional en ellos, hasta el punto de haberse convertido en una de las principales preocupaciones de los médicos.

Los ciudadanos desconocen la desmotivación que suponen para el profesional las amenazas, insultos y vejaciones que se soportan a diario, y que, indudablemente, y para poder sobrevivir, hemos tenido que normalizar un injustificable clima de violencia en el trabajo.

Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la salud es un derecho del trabajador, pero también una obligación del empresario y, cito textualmente, «todos los médicos y otros profesionales de la salud tienen derecho a trabajar en un entorno seguro y sin amenazas de violencia física ni psicológica».

El médico es un profesional saturado por la sobrecarga asistencial, que cumple con jornadas extenuantes de 24 horas, sin tiempo por exceso de burocracia, pero que sigue trabajando. Creemos que es lo normal, que hay que aguantar, que hay que soportar y que así es nuestro trabajo, hasta que caes enfermo, te automedicas y sigues sin pedir ayuda, normalizando la agresión y la tensión.

La Región de Murcia endurecerá las penas ante las agresiones a sanitarios

La violencia contra los médicos provoca un peligroso impacto físico y psicológico que puede derivar en el conocido como ‘Burn Out’ o ‘Síndrome del Trabajador Quemado’, con la aparición de los primeros síntomas: desmotivación, cansancio y sensación de encontrarse con una realidad laboral distinta a la esperada. Posteriormente, debuta el ‘Trastorno del Estrés Postraumático’, con una importante repercusión en la salud mental del que lo padece, requiriendo tratamientos de psicoterapia y/o farmacoterapia, dependiendo de la gravedad del caso.

La sociedad y los ciudadanos tienen que ser conscientes del problema que esto supone y que incluso puede llegar a poner en riesgo la Sanidad en su conjunto. Todos estamos involucrados en esta problemática y debemos actuar con respeto y comprensión. La violencia nunca es la respuesta, ni la solución, ante una disconformidad con la atención sanitaria recibida o el funcionamiento de un centro sanitario.

El facultativo no tiene culpa de las listas de espera, de las consultas masificadas, de las deficiencias o la mala gestión del sistema. Los médicos no somos los responsables de todo ello.

Existe otro tipo de violencia de la que se habla poco, pero que no por eso deja de ser preocupante. Hablamos de la violencia institucional: la mala organización, los chantajes, las amenazas veladas y no tan veladas, las penalizaciones, los castigos, los contratos precarios y la sobrecarga asistencial. Son ataques al ejercicio de una profesión a la que se obliga a trabajar en estas circunstancias.

Amenaza a una médica y una enfermera por no atender "inmediatamente" a su hijo

Los facultativos pedimos respeto, porque invertimos mucho tiempo (11 años en concreto) en obtener el título de Facultativo Sanitario Especialista y esfuerzo (ya desde el instituto) para llegar a ponernos delante de un enfermo. Por nuestra formación y responsabilidad, no queremos que nada ni nadie nos menosprecie, infravalore y ponga en duda nuestro trabajo.

La Administración no tiene programas de prevención y ayuda al médico enfermo, solo actúa cuando el profesional no puede más y necesita una baja laboral, y esto parece el único refugio que nos queda.

Urge implementar programas de prevención de la violencia y leyes que las consideren como delitos graves y prioritarios.

¿Por qué tenemos nosotros que denunciar una agresión? ¿Por qué no denuncia el empresario que, en este caso, es el Servicio Murciano de Salud?

¿Por qué tenemos nosotros que pasar el mal trago e ir al cuartel de la Guardia Civil o a la Policía, sin sentirnos arropados por la Administración? En el resto de empresas es el empresario el que denuncia al agresor en caso de que uno de sus trabajadores sea víctima de un acto de violencia.

En cuanto a las medidas preventivas a adoptar, todavía hay centros de salud o Puntos de Atención Continuada (PAC) que no disponen de guardias de seguridad o botones antipánico, y las consultas no están habilitadas con todos los sistemas de seguridad que necesita un trabajador. De los 12 centros de salud correspondientes al área 7, solamente 4 disponen de guardia de seguridad. Los centros de salud de Floridablanca, Benial, Alquerías, Llano de Brujas, Monteagudo, Puente Tocinos, Murcia Sur y Santomera continúan sin tenerlo.

También estamos pidiendo guardia de seguridad en el CCU y llevamos mucho tiempo solicitando botones antipánico conectados con el guardia de seguridad, doble puerta en consulta, prevención de agresiones en avisos a domicilio y, sobre todo, medidas preventivas para evitar que se produzca el daño, más que tener que actuar tras el daño ya realizado.

Casi 600 trabajadores sanitarios han sido agredidos en el año 2023 en la Región de Murcia. Cada año se contabilizan más que el año anterior, y solo son una pequeña muestra de las muchas agresiones que se producen, porque no todas se denuncian ni se notifican. Las agresiones a médicos representan más del 50% de las denunciadas y nuestro colectivo representa solo el 20% del total de trabajadores, lo que supone que el porcentaje de médicos agredidos es mayor.

Estas cifras son demoledoras y debemos aspirar a trabajar en un clima distendido y afable, y no tolerar ningún acto violento por pequeño que sea. Porque está en juego el propio sistema sanitario y la salud de nuestros médicos.

Han pasado 15 años desde el asesinato de María Eugenia Moreno a manos de un paciente en el centro de salud de Moratalla. No pudimos evitar que fuese la primera víctima mortal de las agresiones a personal sanitario, pero debemos hacer que sea la última.

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