Una inyección de esteroides para el sector del ladrillo

Desde que Pedro Sánchez tomó posesión de la presidencia del Gobierno tras una moción de censura que desbancó al PP y a su presidente Mariano Rajoy, todas las iniciativas legislativas alrededor de la vivienda han sido más que nada ingeniería social para favorecer a los inquilinos y, como consecuencia, disuadir a los propietarios para poner en alquiler su vivienda, consecuencia no buscada pero inevitable. Solo es una muestra más de la mentalidad de suma cero que alimenta a la izquierda radical desde los tiempos del Manifiesto Comunista del Karl Marx: si eres rico, es a costa de robar a los pobres, y si eres pobre, es porque alguien se está haciendo con las riquezas de tu trabajo. Solo uno puede ganar y el otro perder.

Así han ido sucediéndose decreto tras decreto, pero en una misma dirección (salvo algún incentivo fiscal a propiedad en la última Ley de Vivienda): alargamiento de los contratos para perjudicar a los grandes tenedores, congelación de rentas y prohibición de deshaucios, intervención en el proceso comercial del alquiler, control de rentas en determinadas zonas decretadas por las Administraciones locales, como ahora en varios municipios catalanes. 

Las consecuencias no se han hecho esperar: disminución de la oferta, que se ha pasado en gran parte al alquiler temporal o turístico, o simplemente se ha retirado del mercado. La escasez de oferta alimenta también alimenta la escalada de precios. Los pisos en alquiler duran en los portales un par de días escasos. Esto es lo que hay. A partir de ahora, se puede desatar una pesadilla legislativa aún peor para paliar las consecuencias indeseadas. El ministerio ya está hablando de modificar el alquiler temporal (a ver si pueden joderlo también) y no hay que descartar que lleguemos a lo que está sucediendo en la ciudad de Bruselas, donde es ilegal mantener una vivienda vacía sin alquilar, con el riesgo de su confiscación por parte del Ayuntamiento.

Por eso sorprende que el Gobierno haya puesto en marcha una medida, no por esperada, menos esperanzadora: los avales ICO para la entrada de la vivienda a compradores jóvenes (de momento hasta los 35 años). No es una panacea, pero es una iniciativa que tiene la potencialidad de animar a los promotores a impulsar nuevos proyectos y redinamizar todo el sector de la vivienda en general, para el que la Obra Nueva constituye una pieza crítica por su carácter de tractor del mercado.

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