Adiós a cinco delitos

Si no lo remedia Podemos, Sumar sacará adelante su propuesta de quitar del Código Penal cinco delitos: las ofensas a España, insultos a los órganos judiciales, injurias al Gobierno de la nación, enaltecimiento del terrorismo y el delito contra los sentimientos religiosos. Todo ello, en aras a la libertad de expresión. En realidad, no deferirá mucho de lo actualmente permitido legal o jurisprudencialmente. Así, ya es frecuente considerar que la quema de la foto del jefe del Estado, o de la bandera de España, son simples anécdotas dentro del marco del libre pensamiento. El negarse a asistir a los actos convocados por el Rey, también. El no acudir a saludarlo cuando va a un territorio -después sí se acercan a la cena- es congruencia con el republicanismo (por cierto, Trump también es republicano). El no ir al Palacio de la Zarzuela cuando el jefe del Estado te llama para consulta sobre quién proponer para presidente del Gobierno, también es lo normal en nuestra democracia y Estado de Derecho actual. De ahí a poder decir y hacer contra España cualquier cosa, así como insultar o acusar de delincuentes a los jueces, no hay mucha distancia. Nótese que, una vez más, una ministra del Gobierno desvarío en este sentido.

Cuando se despenalicen esos delitos -como en su día se despenalizó el delito de desacato, quedando en una simple desobediencia a la autoridad judicial- ya podremos llamar al Tribunal Constitucional, ‘Prostitucional’, y al Supremo, ‘Memo’. A la Audiencia Nacional, ‘Engendro del mal’. Y a los tribunales y jueces de a pie, ‘Prevaricadores’. 

El texto que propone Sumar es idéntico al que hace unos años Unidas Podemos propuso en la última legislatura -aun así, quizás voten en contra, por eso del ninguneo y expulsión que han sufrido de las instituciones mandamases, gracias a Yolanda- para sacar del Código Penal los delitos de ofensas y ultrajes, ya sea de palabra, por escrito o por hechos, a España, a sus comunidades autónomas y a sus símbolos y emblemas, como la bandera y el himno nacional. Recuerdo con vergüenza esas pitadas al himno de España y al Rey en la final de una copa del mismo, pues ya fue mala suerte que se enfrentaran el Bilbao Athletic C.F. y el Barcelona F.C.

El 17 de febrero acaba el plazo para presentar enmiendas a la supresión de esos cinco delitos en nuestra jurisdicción penal. Si triunfa la proposición de ley, la libertad de expresión se verá totalmente reforzada para poder decir lo que se quiera en contra de España, del Rey, de las creencias religiosas, de los políticos (depende) y de los jueces. Menos mal que, en nuestra Región, los tribunales y juzgados van a perder más de 200 funcionarios. De 1.861 se baja a 1.642. Un descenso del casi un 12%, y nadie dice nada, ni lo justifica de alguna manera, a pesar de la subida de pleitos de forma considerable en nuestra Región. Y eso que hubo un Pacto para la Justicia entre juristas y políticos para potenciar y aumentar los medios humanos y materiales en nuestra Comunidad. Si no llega a pactarse, a lo mejor nos hubieran cerrado ya los palacios y ciudades en activo, que administran, tarde, pero bien, la justicia en nuestra Región. Lo importante es que, dentro de poco, ya vamos a poder decir lo que pensamos de todo, sea o no respetable. En Murcia, una idea de la Sala de Gobierno para explicar al ciudadano la razón de su espera en un juicio ha sido duramente criticada por la asociación mayoritaria de jueces, por entender que se trata de un control sobre los mismos que solo el Consejo General del Poder Judicial puede llevar a cabo.

En definitiva, la libertad de expresión se verá reforzada a límites sublimes con la supresión de cinco delitos más. El poner a caldo a cualquier institución va a ser un deporte. Estaremos legitimados para expresar todos nuestros sentimientos -por muy disparatados que sean- siempre que (espero) no afecten a la libertad y derechos de los demás. Todo sea por ensalzar el buen rollo que cada día más circula en España, entre sus ciudadanos y entre sus poderes, donde ni la crispación, ni la incredulidad, ni la inseguridad tienen cabida, gracias a la potencia gubernamental que incluso manda a 1.579,2 km de distancia de su residencia.

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