Opinión | Murcia D.F.

Tragedia de Atalayas: ¿algo que investigar?

El alcalde José Ballesta en la zona de Atalayas

El alcalde José Ballesta en la zona de Atalayas / JUAN CARLOS CAVAL

Hace casi un mes que un voraz incendio segó la vida de trece personas en las discotecas de Atalayas sin que a día de hoy se sepa claramente cómo pudieron seguir abiertos locales que no tenían los papeles en regla, carecían de medidas correctas de seguridad y de evacuación e incluso pesaba una orden de cierre desde hacía meses, que no fue ejecutada.

El Gobierno local no ha dado ninguna explicación salvo la ofrecida en los primeros momentos que dejó mucho que desear y que añadió nuevas incógnitas e interrogantes en un expediente del que ni siquiera se sabe qué servicios intervinieron, que funcionarios le hicieron seguimiento, por qué no se llevó a cabo la orden de cierre ni se avisó a la Policía Local sobre la falta de papeles y, sobre todo, por qué razón la legalización o no del local no se había resuelto pese a los años transcurridos desde que se denegó la licencia para la partición de la nave.

Se puede pensar que hubo negligencia o desidia. O se puede especular sobre razones menos burocráticas y más cercanas a la corrupción. E incluso se puede barajar una hipótesis que puede llevar a la conclusión de que la concejalía de Urbanismo es un agujero negro en el que priman los intereses particulares y partidistas antes que el interés general de la ciudadanía con órdenes verbales que se alejan de lo que luego indican los papeles.

El Ayuntamiento de Murcia nunca ha resuelto entonando el mea culpa en ninguna de las comisiones informativas o de investigación que ha celebrado por asuntos polémicos, que han concluido que todo se ha hecho correctamente

En la comisión que se pondrá en marcha para averiguar qué ha pasado se corre el riesgo de que no se despejen las dudas que se han puesto encima de la mesa teniendo en cuenta la trayectoria demostrada por el Ayuntamiento de Murcia cuando ha convocado este órgano, que se podría definir como fiscalizador.

Una de las comisiones de investigación que más ruido provocó fue la que se desarrolló en 2014, cuando era alcalde Miguel Ángel Cámara, para explicar qué había ocurrido con la oposición a auxiliar de biblioteca ante la sospecha de que el examen había sido filtrado a unos cuantos opositores, cercanos a destacados funcionarios. De antemano, el Gobierno local ya sabía cuál iba a ser el resultado de esa investigación.

Efectivamente, la comisión concluyó que no se pudo demostrar una filtración del contenido del examen y los políticos populares de entonces dijeron que «se trabaja sobre hechos demostrables y realidades, no por impresiones». También se comprometieron a mejorar los errores advertidos y a hacer un protocolo para evitar este tipo de situaciones. Desde el 2014 ha llovido mucho y se desconoce qué tipo de protocolo se realizó.

En enero de este año también se convocó la comisión de vigilancia sobre el problema que hubo con las sillas en la Cabalgata de Reyes de enero de 2023, bajo el Gobierno de coalición PSOE-Cs. Lógicamente, se concluyó que todo había sido correcto. Además, la comisión de vigilancia de la contratación se ha reunido en distintas ocasiones, bajo el mandado del alcalde actual, para mirar con lupa distintos contratos que afectan a grandes empresas que trabajan para el Ayuntamiento. Las sospechas de que no estaban bien partieron de los grupos de izquierdas que tenían representación en la Administración local y nunca se ha podido demostrar nada. El resultado siempre fue el mismo: todo se ha hecho correctamente.

Ahora, le toca el turno a la tragedia de Atalayas. Esa comisión la han pedido PP, PSOE y Vox y es indiferente que sea informativa o de investigación. El resultado será que se siguieron los protocolos establecidos y que se hizo todo correctamente. Además, nadie estará obligado a comparecer ni a declarar y hay sospechas por parte de los abogados de las familias de las víctimas de que se pudieran estar destruyendo documentos.  

Sin duda, dará para unos cuantos titulares periodísticos. Quizá la de la Asamblea Regional, si se hace, o la investigación judicial en curso logren llegar al fondo del asunto y esclarecer qué pasó. El problema es que se tardarán años. Por nadie pase.