Hasta ahora, se han emitido dos partes de la serie de televisión danesa Borgen. Y seguramente se haga una tercera (ha quedado abierta para ello), y una cuarta parte, porque la política da para mucho. Da para tanto que lo que comenzó siendo un tratado sobre las relaciones entre la prensa y los políticos ha continuado siendo un ejemplo de la libertad e independencia de los altos funcionarios públicos daneses que pueden decirle al gobernante de turno que algo no puede hacerse porque no está dentro de las normas.
En Dinamarca, al contrario que en España y otros países, los ministros no pueden desembarcar en sus ministerios rodeados de eso que llaman asesores, que no es otra cosa que personas pertenecientes, en la mayoría de los casos, al partido del político que desembarca ahí, a los que hay que pagar favores y reconocerles los servicios prestados: ni siquiera la primera Ministra, o primer Ministro, puede prescindir de los altos funcionarios para dejar un hueco a los enchufados.
Y me parece muy bien. En esa serie, que refleja fielmente el mundo de la política en ese país, los altos funcionarios se juegan el puesto cada día, y con la mejor de las sonrisas, pero haciendo gala de una gran firmeza ya se encargan de indicarle al ministro que ellos no se saltarán las normas a la torera, porque tienen que continuar trabajando ahí, cuando lleguen otros, con la misma lealtad e independencia.
Esta serie me ha hecho pensar en la importancia de que haya altos funcionarios de carrera que sean insobornables, que no se dejen ningunear, ni chantajear, ni comprar. Funcionarios que no estén al servicio del político de turno que, como es el que tiene el poder, puede condicionar la manera de actuar. Funcionarios, en definitiva, que estén al servicio solamente de la sociedad. Es por esto que se nos hace muy difícil comprender la oferta pública de empleo (OPE) lanzada por el Gobierno para convertir en habilitados nacionales, sin oposición, a 807 interinos que ocupan puestos de secretaría, intervención, tesorería, en entidades locales de toda España. Se pretende que pasen de interinos a funcionarios, sin realizar ninguna oposición (esta decisión es tan incomprensible como rechazable), olvidando que esos interinos han sido ‘fichados’ por alcaldes, por políticos que, en muchos casos, tienden a contratar a quienes les molestan poco, ponen pocas pegas y cierran los ojos ante determinadas cosas.
Por eso entiendo perfectamente la indignación de los máximos funcionarios de los Ayuntamientos y Diputaciones. Del cuerpo de secretarios, interventores y tesoreros que salían hace unos días a las calles de Madrid para decir basta a esta pretensión de hacer fijos a interinos sin necesidad de aprobar una oposición, acordando eso de ‘concurso de méritos’ basado en el número de años que llevan en el cargo de forma provisional. Algo que fomenta el enchufismo que, en estos casos, es altamente peligroso: en las Administraciones se necesita un órgano de control que vigile a los gobernantes. Y esos que han de controlar no pueden ser elegidos, a dedo, por aquellos a los que tienen que controlar. Sencillamente, porque es imposible que sean objetivos e independientes.
Un país tiene que aspirar a que sus altos funcionarios tengan la formación suficiente para el desempeño de sus responsabilidades. Decidir que a esos puestos puedan llegar personas cuyo mérito, en la mayoría de los casos, es el conocimiento personal del político de turno, es todo menos razonable, porque en la mayoría de los casos estas personas carecen de la formación que se demuestra en las oposiciones. Esas duras oposiciones que muchos, que muchas, han tenido que preparar durante largo tiempo, como garantía de su formación: como garantía de su independencia.
