Luis Medina y Alberto Luceño por el caso mascarillas en el ayuntamiento de Madrid y la detención de la exalcaldesa socialista de San Martín de Valdeiglesias, Maria Luz Lastras, por el caso urbanístico del Pantano de San Juan, son solo la coletilla actual del más grave problema que, conforme a las últimas encuestas, preocupan a los españoles.
La corrupción política no deja de ser noticia, ni con el paso de los siglos, ni con los cambios de sistemas políticos ni de gobiernos, lo que indica que han fallado cuantas medidas de toda índole, dicen, han empleado los distintos partidos políticos para combatirla. ¿ Que pueden hacer las leyes, donde sólo reina el dinero? nos preguntamos.
Que no es una cuestión novedosa la ponen de manifiesto la vida, obras y muerte de Sócrates (469-439 a.C) y Cicerón(106-43 a.C). El primero aceptó la cicuta para no oponerse a la ley, que consideraba una virtud moral, pero débil ante los comportamientos políticos egoístas de la democracia ateniense; Cicerón puso como ejemplo las perniciosas inclinaciones de los líderes sociales y sus amigos en la república romana, por lo que fue exilado, muerto y profanado después por Fulvia, esposa de Marco Antonio.
Conforme a los hechos acontecidos en el pasado y en el presente poco se ha avanzado. Los lobos de Hobbes siguen ahí y el buenismo de Rousseau está en decadencia.
Más de dos mil años después, tenemos la obligación de exigir a las Cortes Generales un Código Penal que, al menos, defina claramente qué es corrupción política; a los jueces y fiscales que enjuicien o fiscalicen las corruptelas bajo el único prisma de la independencia que les faculta para, conforme a la ley y los hechos probados, decidir libremente; a los partidos políticos que firmen pactos anticorrupción con ánimo de mantenerlos; y a los Parlamentos y Gobiernos autónomos que, a más de crear órganos de control y transparencia, no entorpezcan su labor.
La politización de la Justicia existe, afortunadamente no esta generalizada, pero existe, como los archivos de causas penales contra políticos por expiración del plazo legal de instrucción de las causas. ¿Acaso ya no existen los almanaques en los juzgados de instrucción?
Los pactos anticorrupción suscritos entre partidos han resultado un fracaso anunciado porque: 1. los partidos políticos no pueden sustituir la labor de investigación que corresponde a la policía, fiscales, jueces y tribunales; y 2. porque por hechos notorios conocemos que nunca hubo ánimo de respetarlos.
Las comisiones de investigación parlamentaria lejos de dar luz a la actividad política solo han servido para el descrédito político del adversario, a veces sin más soporte fáctico que la injuria o la calumnia. Es la ‘sicofancia’ (material para falsos cargos) instrumentada por su hábil y siniestro padre, Cleon de Atenas (V a.C), utilizada hoy, como única habilidad parlamentaria, por otros rufianes de actualidad.
Tampoco la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en desarrollo del artículo 105, b) de nuestra Constitución, que dispone la regulación del acceso de los ciudadanos a los archivos y registro públicos ha hecho mella en estos personajes.
Basta con observar el efecto producido en nuestra Comunidad autónoma con la Ley de Transparencia que impulsó mi Gobierno en 2014 con el objeto de que, conforme a su preámbulo, los ciudadanos pasasen de ser solo sujetos pasivos de la acción del Gobierno a promotores y auditores del control de lo público.
Las quejas que elevó el presidente del Consejo Regional de la Transparencia, don José Molina (q.e.p.d.), son suficientes para reconocer a quienes no se han sentido vinculados por dicha norma. Y por ser de actualidad, el anuncio del actual presidente, señor Pérez Templado, de interponer recurso contencioso administrativo contra la propia consejería de Transparencia del Gobierno, por los mismos motivos que su antecesor, aclara que el obstruccionismo persiste.
No es lo mismo brindar a los ciudadanos información que el blindaje de los trapos sucios de ciertos zánganos a los que la transparencia desnudaría.
A las Cortes Generales corresponde reaccionar con una legislación adecuada que dé contundente respuesta a un delito económicamente pernicioso, socialmente detestado y políticamente desvergonzado.
Sócrates y Cicerón dieron hasta su vida en defensa de la filosofía y de la ética por una democracia sana.El Gobierno de la nación ni las contempla como asignaturas. Apaga y vámonos.
A este paso, en el imaginario cementerio de la política española, el mausoleo de la corrupción contendrá como epitafio: Hic iaquet democratia nostra.
