Tengo ante mí un documento, fechado el pasado día 11 del presente mes, y encabezado por el enunciado «Acuerdo del presidente de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)», Francisco Gerardo Martínez Tristán, en el que se viene a decidir que a partir de esa fecha y con la publicación de ese acuerdo todos los recursos contencioso-administrativo planteados contra la privatización de seis hospitales de la Comunidad de Madrid sean analizados por una sala que formará con los magistrados que dependen de él mismo: es decir, los que componen el pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM. «Extiéndase este llamamiento», dice la orden de Tristán, «a todos los recursos existentes en la sala con el mismo objeto, cualquiera que sea su trámite procesal».

Y esta resolución, que algunos juristas tachan de inusual, viene dictada por un magistrado que une a esa condición la de estar casado con Marta García de la Calzada, consejera de Fomento en el Gobierno de Castilla-La Mancha, que como ustedes saben preside María Dolores de Cospedal, secretaria general a su vez del PP y con lógica influencia en las decisiones de su partido.

Por cierto, Martínez Tristán se encuentra entre los 55 candidatos, de los que saldrán 12, que serán elegidos por el Congreso como vocales del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Quizás por todo ello, en los medios se armó la marimorena, hasta el punto de que el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha visto obligado a hacer publico un comunicado en el que manifiesta, entre otras cosas, que la decisión del presidente, tomada ´a sugerencia´ de la Fiscalía, «ha sido efectuada en la forma prevista en las normas de funcionamiento interno de la sala».

La orden dictada por Martínez Tristán se ha producido después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendiera de nuevo, cautelarmente, la privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales públicos de la Comunidad a raíz de un recurso presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas en Madrid, y de que el Gobierno de Madrid lanzara un duro ataque contra el juez del juzgado de lo contencioso que suspendió la privatización de los hospitales, hasta el punto de que el consejero de Sanidad de dicho Gobierno se permitió incluso poner en cuestión los conocimientos del juez manifestando que «no emite „en su escrito„ opiniones de tipo jurídico sino de tipo personal y político impropios de un auto en un juzgado».

Con la Justicia, en este país, están ocurriendo cosas que nos entristecen y nos preocupan. No conozco al magistrado Martínez Tristán. Seguramente es el juez más justo y más ecuánime del mundo. Seguramente, también, lleve razón el TSJM y todo sea normal. Posiblemente el CGPJ podrá decir, también en este caso, que su simpatía o pertenencia a una determinado formación política no le impide ser objetivo en sus juicios, y seguramente llevará razón, pero díganme que esto no es verdad, que este país no se está convirtiendo en una república bananera. Díganme que tenemos motivos para continuar creyendo en la Justicia española, en los jueces españoles, incluido el señor Martínez Tristán. Díganme también que alguien dentro del Gobierno guarda el suficiente pudor como para comprender que esto no puede estar ocurriendo, que todo esto no es posible.

Sí, díganme que no es verdad aquello que dijera Platón: «Yo declaro que la Justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte». Por favor, díganmelo; no me hablen de realidades, háblenme de sueños.