Investidura y amnistía, los "momentos sensibles" de García Castellón sobre el terrorismo de Puigdemont que apunta Ribera

Las negociaciones inmediatamente anteriores a la investidura de Pedro Sánchez y el remate de la ley de amnistía vía enmiendas son los "momentos políticos sensibles" apuntados por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en relación con los tiempos elegidos por el juez de la Audiencia Nacional García Castellón para dar a conocer las resoluciones en las que imputa indiciariamente conductas terroristas al expresident Carles Puigdemont en el marco de la causa 'Tsunami Democràtic' 

La política y la justicia mantienen ritmos diferentes, aunque en ocasiones parezcan converger. El auto conocido este jueves, en el que el magistrado incide en los indicios para situar a Puigdemont y a la secretaria general de ERC Marta Rovira como responsables últimos de los actos violentos tras la sentencia del procés, como fue la irrupción en el aeropuerto de El Prat en octubre de 2019, ha coincido con las negociaciones del Gobierno y los independentistas sobre los términos concretos que debe incluir la ley de amnistía. Uno de ellos se refiere a la exclusión definitiva o no de los delitos de terrorismo, aunque este extremo ha sido descartado inicialmente por el PSOE.

La verdad es que la respuesta del magistrado venía obligada por un recurso presentado por el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo el pasado 22 de noviembre contra la providencia que el juez dictó para hacer llegar al Tribunal Supremo la exposición razonada con sus indicios contra Puigdemont. 

Si bien han pasado casi dos meses desde la presentación de este recurso, hay que tener en cuenta que García Castellón fue posteriormente recusado entre otros por Josep Lluís Alay, jefe de la oficina en Bruselas del expresidente catalán Carles Puigdemont, que pretende que se aparte de la causa al no considerarle imparcial. Esta recusación no fue resuelta por la Sala de lo Penal hasta el pasado lunes , lo que ha podido tener mucho que ver con la oportunidad del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 a la hora de dar a conocer su respuesta una vez se ha despejado definitivamente ese incidente procesal.

Cuestión elevada al Supremo

Esta no es la primera vez que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 irrumpe en las negociaciones entre el PSOE y los grupos catalanes. El 6 de noviembre del año pasado García Castellón aludió en un auto a Carles Puigdemont como uno de los posibles responsables de un delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democrátic, una decisión que se producía en plena negociación entre PSOE y Junts por la investidura.

Esta decisión sorprendió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en su recurso señaló al juez por forzar sin pruebas suficientes la investigación por terrorismo contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, tal y como consta en el recurso que interpuso el 9 de noviembre el fiscal Miguel Ángel Carballo.

Unos días después, el 21 de noviembre de 2023, el instructor elevó una exposición razonada en la que ya pedía de forma directa al Tribunal Supremo que investigara a Puigdemont y el resto de implicados por terrorismo en la causa de Tsunami.

Esta decisión de García Castellón tuvo una incidencia directa en las negociaciones entre los socialistas y los líderes independentistas catalanes. De hecho, varias de las enmiendas presentadas por Junts y ERC, que no han tenido el apoyo del PSOE, buscan incluir el delito de terrorismo, incluso cuando existan condenas en firme, entre los que se beneficiarían de la amnistía.

La "inclinación" de García Castellón

Otra expresión de la ministra Ribera apunta a que el juez García Castellón tiene acostumbrado al Gobierno a "inclinarse" siempre en una dirección determinada en sus resoluciones judiciales. Se refería claramente a la causa abierta por Tsunamic, si bien puede entenderse que aluda a otras decisiones anteriores del magistrado que han sido muy cuestionadas desde sectores de la izquierda, como las que han permitido librar finalmente de casos de corrupción a destacadas exdirigentes populares como Esperanza Aguirre (caso Púnica) o María Dolores de Cospedal (Kitchen). Ambas, en todo caso, han sido refrendadas por sus compañeros de la Sala del o Penal.

El magistrado, por otro lado, ha investigado también a la cúpula de Interior durante el Gobierno de Rajoy (la pieza Kitchen de la macrocausa Villarejo) y ha sentado en el banquillo entre otros al exministro Jorge Fernández Díaz, que se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía. Este mismo viernes, un día después de su auto contra Puigdemont, ha vuelto a dirigir su mirada hacia este equipo imputando al ex secretario de Estado de Seguridad del Gobierno del PP Francisco Martínez y al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino por las presiones contra el exjuez Javier Gómez de Liaño mientras ejercía de abogado de Luis Bárcenas,

García Castellón llegó por primera vez en 1993 a la Audiencia Nacional para sustituir a Baltasar Garzón cuando éste se incorporó a las listas del PSOE, si bien se ausentó de este órgano durante un largo paréntesis (2000-2017) para ser juez de enlace en Francia y posteriormente en Italia. Regresó al juzgado del que seguía siendo titular en un momento de plena efervescencia de Púnica y Lezo las dos causas que, tras la investigación de la trama Gürtel, volvían a apuntar directamente a conductas de corrupción en el PP.