Bolaños envía la ley de amnistía a Bruselas y pide una reunión urgente para explicarla

El PSOE ha arrancado la fase de la "pedagogía" para explicar la ley de amnistía y el Gobierno en funciones sigue los mismos pasos para dar aclaraciones a nivel institucional. El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha remitido sendas misivas a la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de valores y transparencia, Věra Jourová, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, para reclamar una reunión "a la mayor brevedad posible" para exponer a Bruselas la posición del Gobierno en esta materia.

Como continuación del intercambio epistolar de la pasada semana, en el que Reynders solicitaba una "información detallada" que no trasladó el Ejecutivo por no estar registrada la norma, Bolaños trata ahora de acercar posiciones y limar posibles asperezas en la UE. El texto que se registró en la tarde ayer también se ha remitido a Bruselas. En ambas misivas se avanza que "el texto debe seguir ahora la correspondiente tramitación parlamentaria".

La ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, se ha expresado en términos similares durante un encuentro con Reynders en el marco de una reunión ministerial Estados Unidos-UE sobre asuntos de Justicia e Interior que ha tenido lugar en Washington. Según avanza Europa Press y ha confirmado este diario de fuentes del departamento dirigido por Llop, la ministra le ha traslado al comisario de Justicia que la amnistía a los encausados del 'procés' es un tema de ámbito nacional y que la norma aún debe tramitarse en el Congreso. Unas horas antes, la portavoz de la Comisión para asuntos jurídicos, Christian Wigand, coincidió en enmarcar este asunto en el ámbito de la política doméstica española, pero siempre resolviéndolo "dentro del marco constitucional".

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El PSOE decidió ayer registrar la medida en solitario después de que algunos socios parlamentarios como EH Bildu y BNG reclamasen más tiempo para poder analizar la norma y plasmar sus firmas. ERC pidió perfilar aspectos "técnicos de la norma" para asegurar la inclusión de las causas relacionadas de terrorismo con Tsunami y los CDR. Sin embargo, el acuerdo con Junts pasaba por registrar la norma antes de la investidura y los socialistas optaron por tomar la iniciativa y no esperar más, cerrándose a incluir cambios en esta fase, pero que podrán hacerse en la fase de tramitación.

Pese a la falta de garantías al no firmarse en bloque la norma, Bolaños se mostraba confiado en que la urgencia para aprobar la medida "nos lleve a todas las fuerzas políticas que estamos a favor de que haya una ley de amnistía a combinar la urgencia con el rigor parlamentario". No se cierran, por tanto, a incluir posibles enmiendas de sus socios. El encargado de las negociaciones con el PSOE con los partidos independentistas ha evitado establecer plazos, pero sí mostrado su deseo a que la amnistía "se apruebe cuanto antes". 

Presión social

El acuerdo político con Junts y el registro de la ley de amnistía necesita de más pedagogía, tanto hacia dentro como hacia afuera. Una demanda de diferentes federaciones que Ferraz no ha tenido demasiado cuenta. Al menos hasta ahora, pues fuentes de la dirección justifican que el momento de la total “transparencia” y las explicaciones no podía producirse de forma preventiva. Una vez cerrado el texto de la amnistía y registrado en el Congreso, consideran que ha llegado el momento y anuncian una omnipresencia de ministros y portavoces en medios de comunicación para dar cuenta de sus argumentos. 

La presión ambiental no se limita solo a la calle, sino también al poder judicial y a las asociaciones de jueces tanto progresistas como conservadoras que han arremetido contra el concepto de ‘lawfare’ incluido en el acuerdo. Finalmente, el texto de la ley de amnistía no lo ha incluido ni en la exposición de motivos ni en el articulado. Al mismo tiempo que aumenta esta presión y la contestación social sube de intensidad, con las manifestaciones de este domingo convocadas por el PP como punto de inflexión, voces con legitimación por parte de la actual dirección de Ferraz encienden las alarmas.