Condenados
El juez Alba y otros magistrados que han ido a prisión
Alba, que ha entrado en la cárcel este martes, ha sido condenado a seis años y medio de cárcel por manipular una instrucción penal para perjudicar a la juez Victoria Rosell
EFE
El juez Salvador Alba, condenado a seis años y medio de cárcel por manipular una instrucción penal para perjudicar a la juez Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, ha pasado este martes a la historia al engrosar la reducida lista de jueces que han ido a prisión en España.
Ese dudoso honor lo comparte con otros tres colegas. El caso más conocido es el del recientemente fallecido Pascual Estevill, que tras ocupar una plaza en el Consejo General del Poder Judicial de la mano del expresidente catalán Jordi Pujol acabó en la cárcel al ser condenado a 9 años de prisión por extorsionar a empresarios desde su privilegiada posición.
Otros dos magistrados que acabaron probando de la misma medicina que antes prescribieron a otros fueron los jueces barceloneses Joaquín García Lavernia y Carlos Lorenzo Penalva de Vega, condenados en 1988 a 5 y 4 años de cárcel y a 11 de inhabilitación, lo que les valió su expulsión definitiva de la carrera, por sendos delitos continuados de cohecho.
No obstante estos cuatro magistrados no han sido los únicos condenados a penas cárcel por delitos cometidos cuando ejercían su función jurisdiccional.
También lo fue el exjuez marbellí Francisco Javier Urquía, quien sin embargo consiguió eludir la prisión tras ser condenado en 2010 a dos años de cárcel por un delito de cohecho por pedir dinero a través de un amigo a uno de los imputados en la Operación Hidalgo para dictar posteriormente su auto de libertad provisional.
Urquía ha estado últimamente de actualidad por el caso Villarejo, al haber sido objeto de una extorsión por parte del excomisario a cuenta de un vídeo en el que aparecía en una situación comprometida.
Una extorsión que le convirtió en víctima de los negocios del policía y que finalmente le habría terminado reportando beneficios económicos a cambio de retirar la acusación contra Villarejo y los implicados en una de las tres primeras piezas del caso Tándem que se han juzgado en la Audiencia Nacional y en la que figura también el empresario Juan Muñoz, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana.
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