El supuesto convenio entre la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y los promotores de la nueva residencia de estudiantes de la urbanización El Portón de Los Jerónimos trae de cabeza al Ayuntamiento capitalino. Este documento es necesario para que el uso terciario del suelo sobre el que se está edificando pase a ser considerado de equipamiento y, por tanto, se pueda levantar la residencia.

El arquitecto Ángel Fuentes y el abogado Francisco Ortega acudieron ayer, como representantes de los vecinos del residencial que se asienta en un entorno BIC, a su cita en el Consistorio murciano para conocer el proyecto de obra y, especialmente, para comprobar que realmente existe un convenio entre la universidad y los promotores de la infraestructura, algo que niega la institución educativa.

Sin embargo, Ortega y Fuentes abandonaron la Glorieta sin ver el convenio de la discordia, a pesar de que lo pidieron ‘in situ’. «En la licencia de obra se menciona, pero no estaba adjunto», explican. Del mismo modo, también pidieron, en balde, ver copias de los planos para poder evaluar el volumen de obra necesario.

Ante la falta de información, el arquitecto y el abogado han vuelto a ser citados el próximo lunes.

"Agravio comparativo"

El Ayuntamiento aportó ayer a esta Redacción la firma de un convenio entre la UCAM y los promotores de la nueva residencia. No obstante, desde la Universidad Católica responden que ese no es un convenio de adscripción a la universidad, que es el que habilitaría una residencia universitaria: «Que se conceda una ventaja comercial con una prestación de servicios no tiene nada que ver con una actividad educativa, que es lo que exige una parcela con uso de equipamiento».

Asimismo, recuerdan que se sentaron un año después de ese convenio comercial «con un concejal y el promotor» para llegar a una firma de convenio de adscripción e impulsar juntos la residencia y la universidad les dijo que no». Por este motivo, acusan al Consistorio de haber «permitido esta situación de agravio comparativo con un convenio utilizado fraudulentamente».