La Fiscalía de la Región ha remitido un escrito al Juzgado Decano de Instrucción de Caravaca de la Cruz en el que pide que sean citados, en calidad de investigados, dos antiguos directivos de la sociedad Caravaca Jubilar, por un presunto delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad documental.

En concreto, los denunciados por el fiscal son la que fuera responsable de la contabilidad de la sociedad, María Marín, y el exgerente, Juan Rigabert, el cual fue cesado en julio de 2014.

En el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso LA OPINIÓN, se recuerda que el ayuntamiento de Caravaca -del cual depende Caravaca Jubilar- realizó en su día «una auditoría interna respecto del ejercicio de 2014, a través de la cual se pudo comprobar la comisión, por parte de los dos denunciados, de gravísimas irregularidad contables y otras actuaciones, presuntamente constitutivas de delito, cometidas durante varios años antes». Estas actuaciones «ocasionaron un menoscabo aproximado de los fondos públicos de 245.854,23 euros», prosigue el escrito del Ministerio Público.

La Fiscalía señala que, cuando Marín y Rigabert estaban al frente de Caravaca Jubilar, hubo «una serie de pagos a proveedores que realmente no fueron realizados».

También da cuenta el Ministerio Público de «la existencia de dos recibos, por importe de 3.410,00 y 2.212,00 euros, a nombre de Rigabert y Marín respectivamente, con el concepto de 'mensualidad de vacaciones no disfrutadas correspondientes a la anualidad 2013', importe que se debió haber incluido en una nómina.

En el escrito del fiscal aparece el nombre del director del Museo de Música Étnica de Barranda, Carlos Blanco Fadol, pues Rigabert, presuntamente, incluyó en concepto de «dietas y kilometraje» del musicólogo un dinero -primero 960 euros y luego 2.134- que fue a parar a la cuenta del exgerente, «no correspondiendo con pago alguno de desplazamiento a favor de Carlos Blanco Fadol».

De igual modo, sigue el fiscal, «los denunciados efectuaron anotaciones ficticias en el Libro Mayor de la mercantil, en la cuenta del proveedor Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz, que reflejaban supuestos pagos en efectivos y transferencias que realmente no se efectuaron». El importe de tales pagos y transferencias asciende a 105.405,13 euros.

Esta denuncia, no obstante, dio lugar a otra: la que uno de los perjudicados, Rigabert, puso contra el que fuera alcalde de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda. Y es que fue Aranda quien primero acudió a Comisaría para denunciar que veía irregularidades en la gestión de la entidad.

El juez sí admitió esta denuncia, y el exregidor está citado a declarar el próximo viernes, en calidad de investigado por falsificación de documentos públicos.

También investigado está el interventor Gregorio Piñero, «responsable real de las finanzas», a juicio de María Marín, que en este proceso -que tramita el Juzgado de Instrucción nº 2 de Caravaca- está citada como testigo, detalla el auto, al que ha accedido este periódico.

Sobre el presunto desvío de los casi 250.00 euros, Marín señaló que «está todo paralizado, ni tan siquiera se ha admitido a trámite, imagino que como consecuencia de la querella del gerente y ante la evidencia de las falsedades que contenía» la denuncia de Aranda.

Marín dejó claro que ni ella ni Rigabert están imputados, pues el tema «está absolutamente parado», pese a la denuncia del fiscal.