Fútbol

La elecciones a la Federación se agitan con una petición de suspensión al CJDRM

Mariano Albaladejo considera ilegal la elección de representantes de veintitrés clubes a la Asamblea y de cinco trabajadores de la propia territorial

Mariano Albaladejo, a la derecha, en una reunión con el CERMI.

Mariano Albaladejo, a la derecha, en una reunión con el CERMI. / Juega por el cambio

Dioni García

El empesario Mariano Albaladejo, quien ha expresado su intención de ser candidato a la presidencia de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia y, por tanto, oposición al actual máximo mandatario, José Miguel Monje Carrillo, ha solicitado al Comité de Justicia Deportiva de la Región de Murcia (CJDRM), adscrito a la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma, que adopte medidas cautelares y suspenda el proceso electoral en marcha argumentando varias irregularidades que recoge el documento al que ha tenido acceso esta Redacción.

La designación de personas como representantes de veintitrés clubes como candidatos a la Asamblea General, cuyas votaciones se llevarán a cabo el próximo lunes, y el nombramiento de cinco trabajadores de la Federación como representantes para la tramitación y custodia de la documentación del voto por correo, son las irregularidades que la candidatura ‘Juega por el cambio’ ha denunciado ante el CJDRM en un escrito presentado el pasado 6 de marzo y que firma Mariano Luis Albaladejo Ortiz en calidad de presidente del Club Deportivo Santa María de Gracia.

El empresario considera que los clubes AD Pliego, EF Santa Cruz, CD Villa Fortuna, Moratalla Fútbol Base, EMF Churra, Alhama FS, Vistabella Alcantarilla, CAP Ciudad de Murcia, Mazarrón FC, FS Capuchinos, CD Archivel FS, Club Fútbol Base O, Águilas FC, UCAM Murcia CF, Abarán FC, CD Hoya del Campo, Molinense, Archena Smart, Veteranos Archena, FC El Castillo, AED Torreagüera, Mazarrón Féminas y CF Lorca Deportiva no han seguido el proceso legal para la designación de las personas que los representen, que en todos los casos son distintas al presidente del club. Según el escrito, el demandante asegura que «puesto en contacto con varios de esos clubes, nos confirman miembros de sus respectivas juntas directivas, que ellos no han aprobado dicha designación, y que la misma no ha sido sometida a votación por parte de la junta directo o asamblea general, y que no se ha emitido un certificado firmado por secretario con el visto bueno del presidente ni éste ha sido enviado a la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, en el que se acuerde por el club designar a un representante de la entidad distinta al presidente», dice. Por ello, «impugnamos dichas designaciones y solicitamos al CJDRM que resuelva anulando todas y cada una de las designaciones reflejadas». Entre las mismas se encuentra la del actual presidente de la Federación, José Miguel Monje Carrillo, por el Club Escuela de Fútbol Santa Cruz.

De igual modo, la plataforma ‘Juega por el cambio’ que lidera Albaladejo, quien en la última legislatura ha sido vicepresidente de la Federación, denuncia como «flagrante» la designación como representante de la AD Pliego de Salvado del Rocío Rincón Andúgar, «persona que no conoce personalmente a ningún miembro del club AD Pliego y que, además, es hijo del actual asesor jurídico de la Federación, Salvador Rincón Gallart, el mismo que asesora a la Junta Electoral federativa de conformidad con el reglamento electoral». También apunta que «los estatutos de alguno de los clubes afectados examinados, no otorgan al presidente la capacidad para nombrar, unilateralmente, a representante alguno ni apoderar a nadie ante notario», añadiendo que corresponde a la «Junta Directiva» esa competencia.

Por otro lado, Mariano Albaladejo ha impugnado y pide la anulación del nombramiento de Pedro Martínez Paublete, Pedro Zamora Vera, David Calvo Sánchez, Julio Almendro Garnero y Francisco López Pérez como representantes federativos, un hecho que la Junta Electoral de la Federación rechazó porque «es imposible nombrar a alguien que no pertenezca a la Federación» puesto que considera que sería «ilógico que alguien ajeno tenga a su disposición documentación del proceso electoral, debiendo recodar que todos los actos del proceso electoral se deben desarrolla en la sede federativa».