Tribunales

Del Riquelme achaca el colapso en los juzgados a "los años de abandono y carencias" en la Justicia regional

El presidente del TSJ alerta sobre el deterioro del Poder Judicial y la desafección ciudadana que provoca

Los asuntos pendientes de resolver a finales de año se incrementaron casi un 30% en solo un año

El presidente del TSJ de la Región, Miguel Pasqual del Riquelme, este jueves.

El presidente del TSJ de la Región, Miguel Pasqual del Riquelme, este jueves. / Juan Carlos Caval

Adrián González

Adrián González

La paralización por la pandemia, el bloqueo institucional que sufre el Poder Judicial, unidos al déficit histórico de órganos judiciales, alta litigiosidad y extrema incidencia de las huelgasque padece la Región de Murcia, como la de los secretarios judiciales el pasado año, fueron factores que se han sumado hasta "hacer imposible asumir la carga de trabajo" que soportan los juzgados y tribunales. Esta situación aboca, indefectiblemente y a pesar del esfuerzo y la labor desarrollada, al incremento en los asuntos pendientes y de los tiempos de respuesta de los juzgados y tribunales de nuestra Región”. 

Así lo puso de manifiesto este jueves el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme durante la presentación de la Memoria Anual del TSJ. Los órganos judiciales de la Región registraron durante el pasado año 219.180 asuntos, una cifra similar a la del año 2022. Aunque, eso sí, las consecuencias a raíz de la situación expuesta por Del Riquelme son que los 179.164 asuntos resueltos, tras cuatro meses de huelgas, supusieron una reducción interanual del 13,1%.

Como resultado, a 31 de diciembre de 2023, seguían en trámite en los juzgados y tribunales murcianos un total de 179.188 procedimientos, un 27% más que el año anterior.

Así lo expuso el magistrado durante su balance anual de la actividad judicial en 2023, donde no ha faltado la referencia a las huelgas que se sucedieron en el primer semestre, “que han lastrado de forma decisiva el funcionamiento de la Justicia, tanto a nivel nacional como, muy específicamente, autonómico”, explicó.

“Lo ocurrido es, sin duda alguna, el indeseado resultado de años de abandono y carencias; de deterioro progresivo de las condiciones laborales; y de un aumento exponencial de la litigiosidad para el que están tardando demasiado en llegar las medidas legislativas y los medios necesarios para hacerle frente”.

En riesgo de entrar en un "Estado fallido"

El presidente alertó de que tales resultados no son sólo un problema interno de la organización judicial. “Llegados a un determinado punto de deterioro institucional y operativo de la Justicia, que a su vez genera desafección ciudadana, se entra en riesgo de constituirse en un Estado fallido”. 

No obstante, el presidente del TSJMU quiso recordar lo que, por obvio, pasa muchas veces desapercibido. Que cada día, en los juzgados y tribunales de la Región se solventan decenas de litigios y se atiende a cientos de ciudadanos con plena normalidad y con todas las garantías”. Así subrayó los casi 180.000 asuntos resueltos durante 2023, a pesar de las dificultades, “una muestra también de lo que hacen los más de 1.600 servidores públicos que trabajan para la Administración de Justicia en la Región”.

Del Riquelme volvió a denunciar también las asimetrías entre comunidades a la hora del despliegue de recursos de la Administración de Justicia y la infradotación regional, recordando que “de las nuevas 70 unidades judiciales previstas para 2024, solo una -que ni siquiera es de un órgano completo, sino una mera plaza de magistrado para la Audiencia Provincial- haya correspondido a la Región de Murcia y ello a pesar de ser la segunda con peor ratio de jueces a nivel nacional” -ha dicho-, poniendo en evidencia “el olvido de nuestra Región en las instancias políticas de decisión”.

Una docena de nuevas unidades judiciales

Asimismo recordó cuando le transmitió al Ministerio de Justicia "la urgente necesidad" de crear al menos 12 nuevas unidades judiciales en la Región: dos juzgados de lo civil en Murcia y uno de esa misma clase en Cartagena; un juzgado de lo penal en Murcia; cuatro plazas de jueces de adscripción territorial; el tercer juzgado de violencia sobre la mujer en Murcia; un nuevo juzgado mixto en Molina de Segura; el segundo juzgado de vigilancia penitenciaria en la Región; y la creación de una nueva sección penal completa en la Audiencia Provincial de Murcia.

Además, para compensar la falta de creación de nuevas plazas en 2024, por parte de la representación murciana se exigió, según detalló Pasqual del Riquelme, la aprobación de una serie de refuerzos urgentes: en el Juzgado de Primera Instancia 18 de Murcia (con competencia exclusiva en materia de discapacidad e internamientos); en Instancia 16, especializado en cláusulas suelo con ámbito regional; en los servicios comunes procesales que dan servicio a la jurisdicción Civil de la capital; para el juzgado de lo penal 2 de Cartagena; en el partido judicial de Molina de Segura -uno de los más sobrecargados de España-; y para los Equipos Técnicos de Valoración de Murcia y Cartagena con funcionarización de plazas del personal laboral asignados y la dotación de tres nuevas plazas de psicólogos.