Multas de 2,45 millones de euros para las empresas que contaminaron con nitratos el Mar Menor

La Consejería de Medio Ambiente y Mar Menor finaliza los siete procedimientos contra las empresas que vertieron 4.260.000 metros cúbicos de salmuera procedentes de desalobradoras ilegales

Vehículos del Ministerio y la Guardia Civil contra las desalobradoras ilegales

Vehículos del Ministerio y la Guardia Civil contra las desalobradoras ilegales / Israel Sánchez

Jose Antonio Sánchez

Jose Antonio Sánchez

Multas de 2,45 millones de euros por contaminar el Mar Menor. Tal y como adelantó La Opinión el pasado mes de septiembre, la Consejería de Medio Ambiente y Mar Menor ha confirmado a siete empresas que vertieron más de cuatro millones de metros cúbicos de salmuera con 1.126.343 kilos de nitratos el Mar Menor entre 2012 y 2017. 

La Consejería notificó hace una semana la multa de 1.102.716,60 euros a las empresas G’s España y G’s España Holdings, localizadas en Torre Pacheco. Una propuesta de resolución que es el último trámite antes de la sanción definitiva en el que estas empresas pueden presentar alegaciones. Y esta redacción confirmado de fuentes gubernamentales que el resto de empresas también han recibido la comunicación de sus correspondientes sanciones. 

La valoración del coste de reparación de la contaminación vertida a la laguna y confirmada en estas propuestas de resolución es de 798.852,49 euros para Ciky Oro, que contaba en el término municipal de Cartagena con tres instalaciones ilegales de desalobración de agua, es decir, extracción del agua, desalación para regar y vertido del excedente contaminante. 353.625 euros para Vanda Agropecuaria, que tenía dos desalobradoras en Los Alcázares. Estas tres primeras, con cantidades de importe superior a los 100.000 euros, son sanciones calificadas como muy graves. 

El resto de propuestas de sanción están catalogadas como graves: 91.655 euros para Inagrup por las más de 63 piscinas olímpicas de vertidos desde su parcela en Torre Pacheco; 68.803,93 euros para Roque Madrid que, también desde el municipio pachequero contaminó con su desalobradora ilegal; 18.846,20 euros de sanción para Hormigones Mar Menor que actuaba en Torre Pacheco, con Bernardino Vidal Garre y Juan Pedro López Reinaldos como arrendatarios, y que contaba con una desalobradora ilegal a la que se accedía por una trampilla oculta y que destinaba el rechazo a una balsa sin impermeabilización; y, por último y también en Torre Pacheco, los 15.527,88 euros de sanción para Isidro Soto que hacía los vertidos tras la desalobración en aguas interiores superficiales y subterráneas. 

Contaminación sin control

Estas siete empresas del Campo de Cartagena tienen los procedimientos administrativos abiertos por el uso de desalobradoras ilegales, ya precintadas e incluidas en caso Topillo, y que acabaron vertiendo al acuífero cuaternario y al Mar Menor más de 4.260.000 de metros cúbicos de salmuera, de los que 1.126.343 eran kilos de nitratos. Esos 4,26 hectómetros cúbicos de vertidos se cifran, con un coste estimado de desnitrificación de 0,575 euros por cada metro cúbico, en el total de los 2.450.027,09 euros con los que la Consejería sanciona ahora a estas empresas después de que el Tribunal Superior de Justicia (TJS) de Murcia ordenara en marzo de 2022 al Gobierno de la Región de Murcia a que abriese los correspondientes procedimientos sancionadores a estas empresas o empresarios. 

El informe en el que la Consejería basa estas propuestas de sanción aseguraba que el daño que estas empresas causaron con sus vertidos procedentes de la desalación ilegal es agudo. Estimaba, además, que la cantidad anual de nitratos que podría estar entrando esos años al Mar Menor oscilaba entre las 700 y las 1.600 toneladas, por lo que los vertidos de las empresas denunciadas podrían haber supuesto «entre el 13% y el 29% de los nitratos» que se vertían fuera de la ley. Por último, el informe aseveraba que el daño de producido por estos nitratos afectaba a la totalidad de la laguna, individuos y hábitats, entre los que se encuentran especies en peligro de extinción como la nacra, clasificada en situación crítica. Por eso se establece el calificativo de aguado, sin tener en cuenta los efectos sobre otras poblaciones.