SOS Rural prepara el terreno para luchar en Bruselas por la rebelión agro

La Comisión Europea acaba de admitir a trámite una Iniciativa Ciudadana Europea en defensa de la agricultura y la economía rural en Europa. La presentó SOS Rural, movimiento que se define como «apartidista» que está directamente relacionado con la Fundación Ingenio y que busca así que las instituciones comunitarias legislen en favor de un sector que lleva desde que comenzó 2024 con los tractores en la calle.

Fueron los agricultores alemanes los primeros en alzar la voz para exigir el mantenimiento de las ayudas al diésel agrario y otros beneficios fiscales. Les siguieron sus compañeros de los Países Bajos, Polonia, Grecia, Italia o Rumanía. Los franceses tampoco tardaron en paralizar el país, echando a perder las mercancías de los transportistas españoles cuando cruzaban la frontera —como viene siendo habitual cada vez que protestan—. Y así, febrero comenzó con miles de trabajadores del sector primario de todo el continente en Bruselas, clamando, entre otras cosas, por el fin del Pacto Verde Europeo. Esta semana, fueron los agricultores españoles los que sacaron los tractores, azuzados por la Plataforma 6F, creada ex profeso. Hay mucho descontento que canalizar en pleno año electoral en la Unión Europea y SOS Rural lleva meses preparando el terreno.

Su portavoz, Natalia Corbalán, es una vieja conocida en la Región de Murcia, ya que es también la CEO de la Fundación Ingenio, organización que defiende los intereses de los productores hortofrutícolas del Campo de Cartagena y que se sitúa radicalmente en contra de la Ley de Protección del Mar Menor, por considerar que ataca a la agricultura.

«El campo de Cartagena, aparte de las dificultades que atraviesa por la situación del Mar Menor, tiene otros problemas que son comunes al resto de agriculturas de España y de Europa. Además de estar afectados por las leyes regionales, nos perjudican los marcos nacional y europeo», explica Corbalán, en la diana desde hace años de las organizaciones ecologistas. Por eso la Fundación Ingenio decidió dar el salto y crear un movimiento «que trascienda la Región de Murcia» y «aúne al sentir del sector primario y mundo rural».

Este «sentir» pasa por derogar la Agenda 2030, ya que consideran que «contiene premisas falsas, con un clarísimo sesgo ideológico». Si bien son, presuntamente, apolíticos, la coincidencia en este punto con Vox es evidente. Aunque matiza: «No hay planeta B, eso lo entendemos, pero la sostenibilidad hay que entenderla bien y aplicarla de manera progresiva, sin dejar a nadie atrás».

El campo quiere influir en la toma de decisiones y, para eso, SOS Rural quiere seguir el camino emprendido hace décadas por las organizaciones ecologistas que tanta legislación han conseguido sacar adelante. «¿Sabe cuántas asociaciones hay de corte ecologista en Europa? 193. Del sector agro, sin embargo, está Copa-Cogeca y poco más». Pero esta última, en la que se aglutinan las organizaciones tradicionales, como Asaja y Coag, en su opinión, no están haciendo suficiente. «Algo no alcanzan a conseguir, por acción o por omisión», afirma, mientras hace hincapié en que SOS Rural es un «movimiento integrador» y «de brazos abiertos» que busca convertirse en «un paraguas común donde ellos estén también dentro».

Para presentar la Iniciativa Ciudadana Europea han contado con la colaboración de unas cuarenta organizaciones agrarias de Alemania, Polonia, Austria, Bélgica, Países Bajos e Italia. Ahora deben reunir un millón de firmas en toda la Unión. «Parece mucho, pero no lo es, sobre todo con el hartazgo que hay», espera. Si ya están reuniendo 500.000 firmas solo en España para la ILP presentada en el Congreso, no parece difícil conseguir el doble entre casi 450 millones de habitantes.

Ante la gran pregunta, ¿estamos ante el germen de un partido político? Corbalán no sabe qué responder. «Venimos a cambiar políticas, no políticos. Si para ese cambio de políticas el campo necesita tener representantes con las mismas reglas del juego que tienen los políticos, que al final son los que hacen las normas, pues habrá que hacerlo».

Sus reivindicaciones en España incluyen un Plan Hidrológico Nacional

Aunque SOS Rural lleva meses dando tumbos por España, este lunes se presenta oficialmente en una rueda de prensa en Zaragoza en la que mostrarán un decálogo de reivindicaciones al que ha tenido acceso La Opinión. Entre los distintos puntos que se van a desvelar, destaca la política hidráulica «de Estado», con un Plan Hidrológico Nacional que «garantice el abastecimiento y la distribución del agua en todo el territorio».

Sobre la defensa del sector primario, SOS Rural reivindica que las autoridades garanticen la soberanía y seguridad alimentaria, sobre todo después de acontecimientos como la covid-19 y la guerra de Ucrania. También exigen el uso prioritario de las tierras agrícolas y pesquerías para la producción de alimentos. «La desaparición de tierras de cultivo y caladeros en favor de otro tipo de actividades como la producción de energía es una constante», se quejan.

Por este motivo, reclaman la prohibición por ley de cualquier otro uso industrial que lo sustituya en las tierras de regadío. Defienden que la PAC sea capaz de adaptarse a las diferentes explotaciones de muestro país y que se reduzca la carga burocrática «al mínimo necesario».

En lo referente a la ganadería, piden «urgentemente» un plan de choque especifico con ayudas directas que garantice la supervivencia del sector, y reivindican «políticas a la altura de las circunstancias» que preserven la competitividad de las flotas pesqueras. En defensa de un medio rural vivo, creen necesario un marco regulatorio integral que proteja el medio de vida rural y marino. «Necesitamos un mecanismo de verificación rural que evalúe el impacto de las normas».

En este sentido, claman por «políticas realistas adaptadas a las condiciones y prácticas del medio rural» que garanticen la sostenibilidad económica, medioambiental y social del medio rural. Otro de los puntos hace referencia al cumplimiento íntegro de la ley de Cadena Alimentaria, especialmente después de que los precios se disparasen por la guerra. También recogen las demandadas ‘cláusulas espejo’ para que haya «igualdad de trato» entre productores de la Unión y productores extracomunitarios.

Defienden que «el nuevo marco regulatorio debe estar basado en un ecologismo científico, fundamentado en el rigor y consenso científico en todas las decisiones que afectan al mundo rural». Por último, piden un plan integral contra la despoblación para que las zonas rurales «no se queden atrás».