Agua

La desaladora de Escombreras solo ingresa 2,3 millones de los 37 que cuesta

Apenas cubre una sexta parte de su presupuesto con la venta de agua, prácticamente suspendida desde 2021

La publicación del contrato programa deja al descubierto la sangría para la Comunidad

Instalaciones de   la desaladora de  Escombreras.

Instalaciones de la desaladora de Escombreras. / L.O.

María José Gil

María José Gil

La desaladora de Escombreras apenas cubre una sexta parte de sus gastos con la venta de agua cuando funciona a pleno rendimiento, según las cifras recogidas en el contrato programa del año 2023 entre la Comunidad Autónoma y la empresa pública dependiente de Esamur que tiene arrendada la planta, publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Región (BORM). Según las cifras contempladas en el documento, los ingresos previstos por el suministro de caudales desalados deberían aportar 6,9 millones, cuando el presupuesto total de la desaladora se acerca a los 42,4 millones. Sin embargo, la venta de caudales se ha reducido el pasado año a 2,3 millones, según han informado fuentes de Agricultura, dado que la producción apenas ha llegado al 10%. En contrapartida, el gasto final ha bajado a unos 37 millones

La publicación de las previsiones de gasto por parte de la Consejería de Agricultura, aunque solo se han cumplido en parte, dejan al descubierto la sangría que el contrato de la planta supone cada año para la Administración regional, dado que la costosa factura que abona a las empresas del grupo ACS titulares de los contratos de arrendamiento y de explotación apenas tiene utilidad.

Sin embargo, los contratos con ACS establecen un blindaje que obliga a la inquilina a pagar aunque la explotación no esté suministrando agua, con una tarifa creciente que se va incrementado cada año hasta 2034, cuando expiran los compromisos asumidos por la Comunidad.

La planta solo llegó a aportar el pasado año 1,96 hectómetros cúbicos de los 22 que puede suministrar

Las condiciones leoninas que asumió el desparecido Ente Público del Agua han dado lugar al procesamiento del expresidente de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel, de los ex altos cargos del Gobierno, de los directivos de las compañías de ACS y de los asesores legales que intervinieron en su gestación.

Mientras que el arrendamiento ha supuesto un desembolso de 25,8 millones en 2023 y los gastos de operación y mantenimiento abonados han ascendido el pasado año a 3,7 millones debido a la escasa actividad, su producción ha sido mínima. A esta cifras se suma también el IVA correspondiente a los contratos de alquiler y de operación de la planta.

El volumen de agua aportado se ha reducido a 1,96 hectómetros cúbicos, de los 22 de que puede suministrar a pleno rendimiento.

Tal como informó La Opinión, este desfase se debe a las restricciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura, que desde hace tres años impide a la sociedad Desaladora de Escombreras seguir dando caudales a los regantes hasta que acrediten que están cumpliendo las normas establecidas para evitar la contaminación del Mar Menor.

Esta situación se viene produciendo desde 2021, lo que supone que la planta lleva tres años haciendo frente a sus compromisos con la empresa propietaria, Hydro Management, y con la sociedad responsable de la explotación, Tedagua, cuando su rendimiento ha sido mínimo.

La Comunidad tiene que hacer frente a todos los contratos con ACS, que incluye 25,8 millones del arrendamiento

Inicialmente estaba previsto que los caudales se destinan al abastecimiento de los nuevos desarrollos urbanísticos en los municipios que tenían mayores expectativas de crecimiento antes de la burbuja de 2008.

Cuando la planta estuvo acabada solo el Ayuntamiento de Torre Pacheco y algunas urbanizaciones de la zona llegaron a comprar el agua de Escombreras, lo que acabó desviando la producción hacia la agricultura, hasta que la crisis del Mar Menor obligó a los usuarios a certificar ante el organismo de cuenca que cumplen los requisitos legales exigidos para poder regar.

La falta de actividad de la explotación ha reducido su producción al 10%, lo que agrava aún más la elevada factura que anualmente debe costear la Administración regional hasta el año 2034.

Según las cifras recogidas en el último informe del Tribunal de Cuentas, referido a la fiscalización del año 2021, la Comunidad aún tiene que pagar 427 millones hasta el vencimiento.

La única rebaja que ha supuesto la falta de actividad en 2023 ha sido la rebaja en la factura de los gastos de operación y mantenimiento. La previsión contemplada inicialmente ascendía a 8,4 millones, pero según los datos de la Consejería esta partida se ha reducido a 3,7 millones sin IVA.

Si se descuentan estos 4,7 millones, el gasto total de la planta ascendería a unos 37 millones en lugar de los 42,3 contemplados en la previsión publicada en el BORM.

La Consejería de Agricultura está elaborando en este momento el contrato programa de 2024 .

El de 2023, que firma el anterior consejero, Antonio Luengo, estaba aprobado desde abril de 2023.