Más de medio centenar de pulseras contra el maltrato están activas en la Región

Más de medio centenar de pulseras contra el maltrato se encuentran activas en la Región de Murcia, según los datos que maneja la fiscal delegada de Violencia de Género, Concha López, que alerta de que «el sistema digital no refleja la realidad de estos dispositivos, puesto que, según el cuadro estadístico, figura la imposición durante el año 2022 en 26 casos, lo que queda muy lejos del número que realmente existe».

Dado que el sistema digital tiene lagunas, la Fiscalía optó por cuantificar las pulseras «no personalmente, que sería una ardua labor, sino con la coordinación con la Dirección General de Violencia de Género en Murcia y la colaboración de los responsables de control de dichas medidas en la Policía Nacional».

Los dispositivos de seguimiento electrónico sirven para controlar que los maltratadores respetan las órdenes de alejamiento, pero, como viene denunciando el Ministerio Público año tras año, en algunas zonas rurales de la comunidad murciana no funcionan, al no llegar la señal. Este problema, lamenta López, aún persiste.

Hay que recordar que el sistema consta de tres aparatos: un brazalete que emite una señal de radiofrecuencia y dos dispositivos de localización GPS. El condenado debe llevar consigo la pulsera -que se coloca donde él desee, en la muñeca o el tobillo- y uno de los dispositivos, y la víctima el otro.

En concreto, es el maltratador el que porta el brazalete, cuya señal de radiofrecuencia detecta su manipulación o rotura, así como la ausencia de contacto con la piel del usuario. En cuanto al GPS, se trata de un aparato que también lleva la víctima, para detectar la señal del transmisor del agresor.

Lo que pasa en algunas localizaciones de la Comunidad es que la cobertura es reducida (lo que puede suponer fallos en el GPS) y el espacio entre el maltratador y su víctima es limitado, por lo que es más fácil que la alarma salte por un supuesto quebrantamiento de la orden de alejamiento sin que éste se haya producido.

Estas circunstancias generan numerosos informes de incidencias de Centro Cometa (el sistema que controla estos dispositivos y que alerta a los Cuerpos de seguridad del Estado cuando el maltratador quebranta el alejamiento). «En algunos casos, hay peticiones de las víctimas para que se desactive dicha medida, alegando lo gravoso de su situación añadida por esta circunstancia», asevera la fiscal delegada.

La Fiscalía alerta de que en la Región faltan policías para proteger a las mujeres maltratadas

Cabe recordar que el uso de estos aparatos ha de ser acordado por la autoridad judicial junto con la medida o pena de prohibición de aproximación a la víctima. En marzo de 2019 se puso en marcha en toda España el nuevo Protocolo de Valoración Policial del Riesgo y, desde entonces, el número de pulseras contra el maltrato se ha incrementado. «En todos aquellos casos en los que el riesgo apreciado sea de nivel medio, pero se incorpore caso de especial relevancia, y en todos aquellos en los que la valoración del riesgo sea alto, muy alto o extremo, se insta a los fiscales a la necesidad de imposición de dispositivo telemático de control de la medida», precisa Concha López, que celebra que «dicha práctica no ha hallado ninguna fisura en Murcia, no constando la denegación por el órgano judicial ya sea un Juzgado de Violencia contra la Mujer o un Juzgado de Guardia cuando la misma haya sido instada por Fiscalía».

"Peregrinaje judicial"

La fiscal delegada de Violencia de Género pone el acento en el sistema de guardias del área en Murcia capital, las cuales no son guardias «de permanencia de 24 horas sino guardias de semanas alternas en cada uno de los juzgados».

Se da la circunstancia de que «se atiende la recepción de atestados con o sin detenido hasta las 12.45 horas, siendo puestos a disposición judicial de los juzgados de guardia ordinarios a partir de dicha hora los atestados no concluidos, así como asumiendo éstos también la competencia de la materia en los fines de semana y festivos», hace hincapié Concha López.

El Juzgado de Guardia realiza «las diligencias indispensables para decidir sobre la situación personal del detenido y en su caso la eventual orden de protección interesada»; pero, como la competencia de estos asuntos es de los juzgados de Violencia de Género, y estos carecen de guardia permanente, la víctima tiene que volver.

Esto «supone una victimización secundaria para las mujeres víctimas de violencia de género al tener que acudir a la sede judicial en más de una ocasión y, además, a distintas sedes», remarca López.

Se trata de una situación que, lamentablemente, no es nueva en la Comunidad. Y es que, aunque el Juzgado de Guardia tome declaración al sospechoso y adopte medidas cautelares, «quizás un día o dos más tarde comparecerán ante el Juzgado de Violencia, donde se llevará a cabo un juicio rápido o, en su caso, se transformará en diligencias previas si se consideran insuficientes las hasta ahora practicadas». «Esto en la práctica se traduce en horas de espera para las víctimas en distintos días y en distintas sedes, con todos los perjuicios que ello conlleva para las mujeres», denuncia la fiscal delegada, que tiene claro que el sistema supone el riesgo de que «la víctima, en este peregrinaje decaiga en su decisión de sostener la denuncia, lo que ya se ha puesto de manifiesto desde hace años desde Fiscalía».

Con este panorama, «sería conveniente estudiar la posibilidad de convertir las jornadas de guardias no retribuidas en jornadas de guardia retribuidas, lo que dignificaría la función pública no solo para los jueces y fiscales integrantes en la sección, sino para todos y cada uno de los funcionarios públicos que integran la misma», tiene claro López.