Los dispositivos de seguimiento electrónico (medio centenar de ellos activos en 2020 en la Región, según los datos de la Fiscalía Superior) vigilan que los agresores por violencia machista respetan las órdenes de alejamiento, pero en algunas zonas rurales de la comunidad murciana no funcionan al no llegar la señal.
Así lo pone de manifiesto el Ministerio Público, al subrayar el «problema que en algunas poblaciones de Murcia supone la implantación de dicho dispositivo por las escasas dimensiones geográficas de algunos municipios, lo que está planteando problemas técnicos importantes, unidos además a las zonas rurales donde existe escasa señal o cobertura, que generan multitud de informes de incidencias de Centro Cometa (operativo 24 horas y coordinador con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad)».
Es más, se ha dado el caso de que algunas de las víctimas han pedido «que se desactive la medida, alegando lo gravoso de su situación». Es el caso de María (nombre ficticio), a quien le pusieron, al igual que a su maltratador, un dispositivo electrónico, para que ella detectase si se le acercaba: pero así su agresor sabe dónde está en todo momento.
Y es que el sistema consta de tres aparatos: un brazalete que emite una señal de radiofrecuencia y dos dispositivos de localización GPS. El condenado debe llevar consigo la pulsera -que se coloca donde él desee, en la muñeca o el tobillo- y uno de los dispositivos, y la víctima el otro.
«Es cierto que ha habido casos en que los penados con pulsera han reincidido o han ‘terminado el trabajo’ por el que fueron condenados, sobre todo en materia de violencia machista», manifiesta el criminólogo murciano Eduardo Serrano Mayoral, que considera que «quizá en pocos años, gracias al Big Data, o al reconocimiento facial será más fácil el control de estos individuos».
Algunas víctimas piden que se desactive la medida: a ellas las controlan también y el agresor las localiza así
«Evidentemente nunca hay una decisión que agrade a todos: unos dirán que atenta contra los derechos fundamentales y viola la privacidad, otros dirán que se queda corto», deja claro.
A su juicio, la pulsera «como coerción me parece proporcionada y adecuada al fin que se persigue. Pero estos dispositivos por sí solos necesitan personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tras de ellos para ser efectivos».
Por su parte, el abogado Jorge Novella concreta que una pulsera «desde el punto de vista penitenciario, para mí funciona como un elemento esencial previo a la libertad condicional, cuando se trata de un penado que se encuentra cumpliendo una pena de prisión y ha sido progresado al tercer grado».
«Debemos entender que, cuando una persona accede al tercer grado, su centro de cumplimiento ya no va a ser un centro penitenciario como tal, sino que ingresa en el denominado CIS (Centro de Inserción Social), en un régimen de semilibertad», asevera el letrado, a lo que añade que «como antesala a esa futura libertad, más o menos temprana, no tiene sentido mantener a esa persona encerrada mediante un sistema tan estricto, sino que se le debe posibilitar su inserción al medio laboral y familiar».
«Gracias al Big Data o al reconocimiento facial será más fácil el control de estos individuos»
Novella afirma que «es ahí donde los dispositivos telemáticos actúan de medio de control, posibilitando que el penado lleve su vida en su domicilio, respetando unos horarios, pero pudiendo trabajar y vivir en familia».
«Es cierto que es una medida muy gravosa desde el punto de vista de la merma de libertad que produce, quizá la más restrictiva después de la prisión, pero en este caso posibilita a una persona cumplir en régimen abierto, y los beneficios son innegables en ese sentido», estima el abogado, que tiene claro que «las penas no tienen sentido sino están orientadas a la reinserción».
«Actúan de control, el penado lleva su vida en el domicilio, con unos horarios, puede trabajar y vivir en familia»
Por otro lado, el criminólogo y policía Víctor J. Navarro sugiere que «este tipo de medidas podrían también aplicarse con más asiduidad en medidas relativas a conflictos dentro del entorno escolar, en los supuestos de acoso escolar continuado».
«Aunque en la práctica sería casi imposible llevar a cabo este tipo de medida en horario escolar, debido a la cercanía de los alumnos, podrían barajarse nuevas medidas de control de protección a menores en el ámbito educativo, siempre que se cumplan los requisitos del decreto de convivencia en centros educativo, en lo relativo a la reincidencia, intencionalidad y diferencia entre víctima y agresor», comenta.
«Deben de tener un seguimiento humano, ya que los dispositivos nunca son fiables al cien por cien»
Desde su punto de vista, «este tipo de medidas de control deben de tener un seguimiento humano, como ya se hace en la práctica, ya que los dispositivos tecnológicos nunca son fiables al 100%».
«Esta claro que la efectividad de este tipo de medidas ha ayudado mucho a la labor policial en lo relativo al control y seguimiento de las víctimas», sostiene.
En marcha desde 2009
El sistema de seguimiento por medios telemáticos de las medidas y penas de alejamiento en el ámbito de la violencia de género se implantó en España allá por el verano del año 2009. A través de tecnología GPS y radiofrecuencia, el sistema determina la proximidad a la que están el condenado y la víctima y verifica si se produce algún incumplimiento de la medida fijada por el juez. Cuando el agresor entra en las áreas de exclusión determinadas de acuerdo a la orden judicial y se acerca a la víctima más de lo permitido, salta la alarma y en el centro de control Cometa se avisa a la Policía.
