La regulación del teletrabajo de los funcionarios de la Comunidad estará lista en 2024

El consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín, espera tener finalizada una regulación del teletrabajo para los funcionarios de la Región en el primer trimestre del próximo año. Así lo ha asegurado en declaraciones a Onda Regional con respecto a una norma que podría afectar a los 60.000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma.

«Que se sientan cómodos realizando el trabajo y que sean productivos. ¿Desde dónde? A mí me da igual si es desde una oficina de la consejería de Hacienda o desde su domicilio particular. ¿Es posible medir la eficiencia? Estamos implementando procesos que permiten evaluar esta eficiencia de los empleados públicos», ha afirmado Marín en la radio pública.

La Comunidad había empezado a implantar el teletrabajo antes de la pandemia de forma experimental. Con el confinamiento por el coronavirus el trabajo a distancia se generalizó durante meses, lo que permitió comprobar las ventajas y los inconvenientes de esta fórmula para los funcionarios de la Región.

En 2021, tras la pandemia, se alcanzó un acuerdo en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios para regular su aplicación. Sin embargo, el pasado mes de febrero, el CSIF denunciaba que no se había avanzado desde entonces en el desarrollo y el establecimiento de las condiciones concretas que deben aplicarse y se planteó llevar a los tribunales a la Comunidad Autónoma para denunciar este retraso, al igual que hizo el sindicato con el Gobierno central.

El acuerdo firmado por los sindicatos que integran la Mesa de Administración y Servicios recogía que «la Administración pública de la Región de Murcia podrá implantar el teletrabajo como modalidad de prestación del servicio de carácter no presencial, cuando la naturaleza del puesto de trabajo que se desempeñe lo permita y siempre que se garantice la correcta prestación de los servicios». El documento añade que «la experiencia reciente y el contexto de recuperación, transformación y resiliencia -en relación al coronavirus- ofrecen una oportunidad única para la introducción de cambios en las formas de organización del trabajo que redunden en la mejora de la prestación de los servicios públicos y en el bienestar del personal empleado público».

El presidente autonómico del CSIF, Juan Miguel López Blanco, recordaba entonces que el teletrabajo «es un derecho del trabajador».

Por otro lado, Marín también reconoce en Onda Regional que hace falta más dinero para cumplir con los compromisos adquiridos, entre ellos las 35 horas semanales para los empleados públicos en 2024, e insiste en exigir una financiación igualitaria a la ministra de Hacienda en funciones. «Las 35 horas suponen un incremento de gasto que hay que incorporar al presupuesto, y las cuentas prorrogadas contemplan el mismo gasto que en el ejercicio anterior. Con lo cual no es posible llevar a cabo esa y otras medidas, como los convenios para ayudas y subvenciones a organizaciones del tercer sector», asegura.