Economía

Aplicar el 1 de enero las 35 horas será difícil si se prorroga el Presupuesto

La reducción de la jornada laboral exige cambios en la estructura de la plantilla del SMS, Administración y Educación y modificaciones de crédito para pagar a los contratados, lo que obligará a hacer encaje de bolillos

Representantes de los sindicatos y de la Comunidad que firmaron el acuerdo de las 35 horas en el mesde mayo.  l.O

Representantes de los sindicatos y de la Comunidad que firmaron el acuerdo de las 35 horas en el mesde mayo. l.O / M.J.GIL

María José Gil

María José Gil

La reducción de la jornada laboral de los más de 62.000 funcionarios de la Comunidad Autónoma que debe entrar en vigor el 1 de enero de 2024 resultará difícil si el retraso en la investidura obliga a prorrogar las cuentas de este año. El presidente del Ejecutivo regional en funciones, Fernando López Miras, que fue modulando la negociación de la jornada de las 35 horas durante meses para que el acuerdo con los sindicatos fuese aprobado por el Consejo de Gobierno el mismo día que arrancaba la campaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas, tendría que hacer encaje de bolillos para que pueda aplicarse en la fecha prevista. Comisiones Obreras ya ha anunciado a La Opinión que convocará movilizaciones si el compromiso del Gobierno no se cumple tal y como se firmó.

La falta de acuerdo para la reelección de López Miras impide poner en marcha la maquinaria para la aprobación de las cuentas del próximo año, ya que un gobierno en funciones no puede elaborar los Presupuestos. Sin embargo, la reestructuración de las plantillas que debe producirse en el SMS, en Educación y en Administración y Servicios para adaptar los turnos de trabajo y acomodar la dotación en cada departamento exige una ampliación de personal que obligará a hacer contratos que no están previstos en las cuentas de este año. Además, los cambios deben ser aprobados en las mesas de negociación sectoriales y en la Mesa General de la Función Pública.

Tampoco está contemplada la dotación económica necesaria para pagar las nóminas del personal sanitario, de los profesores y de los funcionarios que deberán incorporarse, especialmente en la sanidad, que emplea a más de 27.000 profesionales. En el SMS serían necesarias 1.300 contrataciones, según los cálculos de CC OO, que ha mostrado su preocupación por el impacto que tendría la prórroga del Presupuesto de este año.

El responsable del área pública del sindicato, Miguel Ángel López, recuerda que es necesario regular los turnos y «cómo se computan la ponderación de las noches», dado que los turnos son más largos.

No obstante, el próximo mes de septiembre se iniciará la reducción de jornada en la enseñanza, lo que hará necesaria la incorporación de un millar de profesores más, según las estimaciones de Educación. Los 25.000 profesores tendrán una hora lectiva menos al iniciarse el curso. En enero se recortará una hora lectiva y una hora y media no lectiva.

Según las estimaciones del anterior consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, la nómina de la Comunidad se vería incrementada en unos 120 millones en 2024.

Lo normal habría sido contemplar todos estos cambios en los Presupuestos de la Comunidad, pero si el 1 de enero no es posible tener aprobadas las cuentas, tal y como resulta previsible, será necesario introducir las reformas mediante modificaciones y decretos.

El dirigente de CC OO se plantea si esas modificaciones obligarán a detraer el dinero de otras partidas de gasto y se pregunta de dónde saldría. Recuerda que la jornada de 35 horas «es un acuerdo que llevamos peleando desde noviembre» del pasado año y manifiesta que «sería vergonzoso» que no entrara en vigor el 1 de enero, «aunque fue aprobado por la Administración cuando le interesaba», ya que llegó al Consejo de Gobierno el día que arrancaba la campaña electoral. Añade que «aunque puedan cumplirlo, si no inyectan dinero, habría una merma».

Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Antonio Martínez Peñaranda, da por hecho que la jornada de 35 horas empezará a cumplirse el 1 de enero, al margen de las complicaciones que plantee a la Administración regional. «Supongo que están trabajando desde el día de al firma para ver cómo se aplica. No era un acuerdo para que se colgaran la medalla el 28M».

"Muy complicado"

El Gobierno regional admite que reducir la jornada laboral de las 37,5 horas actuales a 35 a partir del 1 de enero de 2024 «es muy complicado sin contar con un nuevo Presupuesto». La Consejería de Hacienda, que ha asumido el portavoz del Gobierno y titular de Presidencia y Turismo, Marcos Ortuño, defiende que para aplicar las 35 horas «es fundamental que Vox se siente a negociar y que se desbloquee la situación para que la Región de Murcia cuente con un gobierno con plenas competencias, necesario para aprobar los Presupuestos y cumplir compromisos como la recuperación de los derechos de los empleados públicos». Añade que, «aunque se sigue avanzando en el trabajo interno para elaborar el Presupuesto, es necesario que el Estado proporcione a las comunidades autónomas datos esenciales como las entregas a cuenta y el límite de gasto».

La congelación de  tasas y la exención en Patrimonio quedarían anuladas en enero  

La prórroga del presupuesto de este año al llegar el 1 de enero de 2024 también tendría consecuencias fiscales para los contribuyentes de la Región, según ha apuntado el secretario general de la organización de técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo. 

El dirigente de este sindicato ha avanzado que si se prorroga el Presupuesto dejarán de estar vigente la congelación de tasas de la Comunidad recogidas en las cuentas de 2023, además de la exención en el impuesto de Patrimonio que el Gobierno regional ha establecido para evitar que tuvieran que tributar los ricos que declaran hasta 3,7 millones de euros.

Aunque la Comunidad pretendía eliminar Patrimonio, el Gobierno estableció un impuesto a las grandes fortunas, que impide librarse a los contribuyentes que superan los 3,7 millones de euros.  

El Gobierno regional elevó entonces la exención de los 700.000 a los 3,7 millones, porque en esta franja sí tenía capacidad de actuación. Esta exención desaparecerá en 2024 si se prorroga el Presupuesto de este año.  

También quedará anulada la congelación de las tasas que el Ejecutivo aplica en 2023, como la de capacitación para el transporte terrestre.

En los últimos años también se han producido prórrogas de los Presupuestos, que después de pasar por la Asamblea tienen que ser publicados en el BORM, por lo que aplicación no es inmediata. En estos casos han durado solo unas semanas, pero la situación en 2024 sería distinta. 

Si López Miras no llega a un acuerdo con Vox que permita la investidura del presidente en funciones, el 7 de septiembre se disolverá la Asamblea Regional y habrá que celebrar nuevas elecciones autonómicas el 25 de octubre. La constitución del Gobierno se retrasaría entonces hasta finales de año y la elaboración del Presupuesto tendría que esperar a 2024. 

El presidente del Ejecutivo regional en funciones, Fernando López Miras, pretende que Vox se abstenga en la investidura, dado que está a solo dos escaños de la mayoría absoluta, pero el partido de Abascal pretende entrar al Gobierno a cambio de su apoyo.

El Estado también tendrá que prorrogar las cuentas de este año al llegar 2024, dado que el debate de investidura del presidente del PP, Núñez Feijóo, previsto para los días 26 y 27 de septiembre, tampoco le permitirá formar gobierno previsiblemente.

La prórroga no comprometería la revalorización de las pensiones conforme al IPC, que se garantizó mediante la última reforma de pensiones liderada por José Luis Escrivá. Lo más probable es que la revalorización sea inferior a la de 2022, cuando la inflación alcanzó un 8,4%. El incremento de la paga que cobran los pensionistas se establece con el IPC de noviembre de acuerdo con las subidas medias registradas mes a mes durante los doce anteriores.  

Por otra parte, cuando se han producido prórrogas de los Presupuestos del Estado en años anteriores la subida salarial de los funcionarios se ha resuelto mediante un decreto del Gobierno que ha permitido aplicarla el 1 de enero. El acuerdo firmado por el Ministerio de Hacienda establece para 2024 un incremento del 2%, además de un 0,5% adicional vinculado a la subida del IPC.