La lucha de la murciana María José por un acceso digno a la piscina comunitaria

María José Fernández es propietaria, desde hace más de 24 años, de un dúplex en un residencial de la pedanía murciana de Churra. Sufre una Polineuropatía crónica congénita grave y atrofia cerebelo medular, con un grado de discapacidad reconocido del 80%. Esta enfermedad produce irritación de los nervios, que lleva a la pérdida de la fuerza o de sensibilidad y, con el tiempo, este proceso se irá agudizando. Desde una edad temprana carece de la capacidad de andar de forma independiente y, en la actualidad, necesita una silla eléctrica para desplazarse.

La lucha de María José por sus derechos comenzó hace 5 años cuando, en 2019 y debido a su enfermedad, se vio imposibilitada a acceder por sí misma con dignidad o sin la ayuda de dos personas a la piscina comunitaria de su urbanización, limitando así su independencia personal. En 2019 y 2020 solicitó de manera verbal, en junta de propietarios, una silla hidráulica para poder bañarse en la piscina pues, como todos los vecinos, también paga las cuotas de mantenimiento, aunque no pueda hacer uso de ella. Ante la negativa a su petición, en 2021 volvió a presentarla de manera verbal, así como de forma escrita e incluso aportando informes médicos que acreditaban lo específico de su solicitud. «No quiero una silla hidráulica porque sea más chula, sino porque es lo que necesito para acceder a la piscina» relata.

La Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Famdif/Cocemfe Murcia), que prestó asesoramiento y ayuda a María José, explica que se deberían instalar las instalaciones requeridas por la afectada, dentro de ajustes razonables. Además, se le comunicó a la Junta Vecinal que se podían acoger a ayudas de la Comunidad Autónoma para sufragar parte o la totalidad de los gastos de instalación. Se solicitó en varias ocasiones a la comunidad que las pidiera y se convocara una junta para adoptar el acuerdo. Además de retrasar la convocatoria, cuando se celebró la reunión se acordó no solicitar las ayudas que hubieran permitido subvencionar las obras.

Después de 19 meses, la audiencia previa se ha visto suspendida por la huelga de los funcionarios de Justicia

El uso de esta piscina no solo persigue un fin lúdico, aunque, de ser así, también estaría legitimada en su petición. Según el último informe médico, a María José se le prescribía que debía realizar ejercicio físico regular. También se recomendaba la realización de natación y, dadas las circunstancias neurológicas actuales, evitar situaciones o condiciones que aumenten los riesgos de caída (como rampas, etc.).

Por decisión vecinal y pese a haber enviado una carta personalizada, buzón por buzón a todos los vecinos, exponiendo su estado físico, la petición para instalar una silla hidráulica o grúa de acceso a la piscina y la de varios presupuestos de compra e instalación de la misma, fue denegada. En su lugar, se optó por la instalación de una rampa de acceso para personas con discapacidad. Rampa que nadie, incluida María José solicitó, pues, como explicó en su carta a los vecinos, «una rampa la puede usar cualquier vecino menos yo, debido a mis patologías. Una silla hidráulica la puede utilizar cualquier vecino, incluida yo. Además de personas mayores, mujeres embarazadas o personas con movilidad reducida». La opción de la rampa, según el presupuesto, es más cara que la silla hidráulica, además de que apenas requiere hacer obra para instalarla.

Ante la negativa de los vecinos y su convicción de que tiene derecho a utilizar la piscina de su comunidad, María José se vio obligada a presentar una demanda por vía judicial el 13 de enero de 2022: «No tengo nada en contra de ningún vecino, es por lo incompresible de la decisión tomada», aclara.

«No quiero una silla hidráulica porque sea más chula, sino por que es lo que necesito para acceder a la piscina»

En la demanda solicita la compra e instalación de una silla-grúa apta para posibilitar el acceso y uso de la piscina comunitaria, con el límite de las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, conforme a la Ley de Propiedad Horizontal, abonando María José lo que exceda de dicha suma.

Desde hace 19 meses esperan una respuesta de la judicatura, pues la audiencia previa se ha visto suspendida por la huelga de funcionarios. «No tenemos fecha señalada y aún faltará la celebración del juicio. Meses por delante, quizás más de un año para obtener sentencia en primera instancia. No hay tutela judicial efectiva, afectando a derechos fundamentales de los ciudadanos», pone de manifiesto Pedro Rivera, abogado de María José.

Aethicus Abogados Inmobiliarios, en colaboración con Famdif, han desarrollado una guía de accesibilidad en comunidades de propietarios donde se recogen, de manera sencilla, las vías con las que cuentan las personas con discapacidad para exigir en sus comunidades de propietarios los derechos con los que cuentan, en materia de accesibilidad, en las zonas comunes.

El administrador de la comunidad, ante las preguntas de esta redacción, ha declinado contestar por encontrarse el tema en procedimiento judicial.

La larga espera de María José por su inclusión completa en la sociedad, por desgracia, no es la única. Ella solo es una cara visible en la lucha plena y efectiva de una integración y normalización de las personas con discapacidad dentro de la sociedad. A la espera del juicio, María José no podrá ejercer su derecho a usar la piscina de una forma autónoma y plena. Mientras tanto, asociaciones como Famdif seguirán ayudando a que esto sea posible.

Atrapados en comunidades de vecinos y sin pisar la playa en ocho años

Famdif se encarga, a través de sus oficinas, de un servicio gratuito dirigido a toda la población para solventar dudas sobre accesibilidad urbana, arquitectónica, de transporte y comunicación. Esto se traduce en asesoramiento jurídico, formaciones y sensibilización a través de cursos, talleres y charlas formativas, a estudiantes, personal técnico y profesional.

En 2022 se realizaron 76 gestiones en comunidades de vecinos y 11 informes técnicos de accesibilidad. Gestiones como la de María José, que pasaron por la elaboración de un informe y evaluación de la necesidades técnicas específicas para el uso del espacio comunitario de su piscina, y ante la negativa de la comunidad, procedieron a ponerla en contacto con Aethicus una firma de abogados y consultores, con la que tienen convenio, para defender los derechos de personas con discapacidad.

Manuel García Hernández, arquitecto y director de la Oficina de Accesibilidad de Famdif, recuerda el caso de una mujer de 90 años que llevaba 5 sin poder salir de su casa: «Por un escalón de 15 centímetros era presa en su propio domicilio». También trabajan en aplicaciones móviles como Accede Playas Región de Murcia, en colaboración con la UMU, para mostrar las playas con accesibilidad dentro del litoral murciano. Carmen Gil, directora de Famdif, cuenta que hay personas que llevan más de 8 años sin poder disfrutar de un baño en la playa: «Algo tan simple como perder su derecho a darse un baño en el mar en verano es inaceptable».