El fiscal pide tres penas de cárcel por el golpe de calor que mató a un trabajador

La Fiscalía ha pedido tres penas de prisión para los responsables de una obra en la pedanía murciana de Los Ramos en la que murió por un golpe de calor un operario que trabajaba en la construcción de una carretera, según ha explicado a La Opinión el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, tras la reunión que ha celebrado este lunes con representantes de los sindicatos, la patronal, la Comunidad Autónoma, la Inspección de Trabajo y los mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para coordinar la investigación sobre los accidentes laborales.

El fiscal jefe alertó de que el pasado año se han multiplicado por tres los procedimientos judiciales por homicidio imprudente que están en trámite en la Región.  

Díaz Manzanera precisó que la víctima mortal del accidente causado por las altas temperaturas en Los Ramos «trabajaba en la construcción de la carretera de circunvalación a primera hora de la tarde» cuando se produjo el fallecimiento, a pesar de que «estaba prohibido el trabajo a esa hora».

 Esta causa, que está pendiente de juicio, dio lugar a una de las tres acusaciones por homicidio que la Fiscalía presentó el pasado año ante los tribunales de la Región.  

El Ministerio Público solicita tres años de prisión para el jefe de obra, para el responsable del servicio de prevención y para un directivo de una constructora.

El máximo responsable de la Fiscalía apuntó que este fallecimiento por golpe de calor pudo haberse producido antes de 2022, aunque la acusación ante el juez se presentó el pasado año, una vez concluida la investigación de la Inspección de Trabajo que determinó la existencia de responsabilidades penales.  

Es la primera vez que la Fiscalía pide penas de cárcel para los responsables de una empresa con una víctima mortal del estrés térmico.

En total, el fiscal presentó el pasado año 20 acusaciones en los juzgados, tres más que el año anterior.

Quince de ellas están motivadas por lesiones y dos por riesgo. La mayor parte de los escritos de acusación presentados en los tribunales se deben a delitos detectados en empresas del sector servicios, con ocho casos, seguidos de los cinco que registran la construcción y la industria y los dos de la agricultura. 

Por otra parte, el número de procedimientos judiciales en trámite por homicidio imprudente contra empresas de la Región en las que se registraron accidentes laborales se multiplicó por tres el pasado año, al pasar de tres a nueve, según los datos que Díaz Manzanera ha facilitado a los representantes de los sindicatos, de la Croem y de la Administración que reúne cada año en estas fechas con el objetivo de mejorar la coordinación en las investigaciones.

Además, los juzgados tenían en trámite otras 975 causas motivadas por lesiones por imprudencia, lo que supone 112 más que el año anterior y más del doble que en 2020, cuando había 461 procedimientos.  

 Esta cifra seguirá incrementándose, dado que la Fiscalía abrió una veintena de investigaciones en 2022, diez de ellas por muerte y otras diez por lesiones.

Sus diligencias están respaldadas por 14 actas de infracción de la Inspección de Trabajo y por seis atestados.

Otras 18 actuaciones fueron archivadas, doce de ellas porque estaban en los juzgados. Las seis restantes fueron sobreseídas al no considerarse delitos.

No obstante, Díaz Manzanera apunta que «es complicado» reducir los delitos que se producen en el ámbito de la siniestralidad laboral «por la vía penal, de igual forma que ocurre con la violencia contra la mujer». Defendió la importancia de extender la cultura de la prevención y de evitar que los trabajadores que dejen de aplicar las normas de seguridad ante «la posible incomodidad» que les genera. 

El secretario general de UGT, Antonio Jiménez, dijo que los 51 fallecidos en accidente laboral en 2022 sitúan a la Región a la cabeza de las comunidades en víctimas mortales por cada 100.000 trabajadores.

«Tenemos que trabajar en el campo de lo evitable», dijo el vicesecretario general de la Croem, Ramón Avilés, quien considera necesario «seguir sensibilizando para que no haya ninguna negligencia».  

Acusan a Amazon de dejar en un taxi a un empleado grave

El secretario general de CC OO, Santiago Navarro, acusa a la multinacional Amazon de dejar solo en un taxi a un trabajador del centro de Corvera con signos de estar sufriendo un ictus o un infarto en lugar de pedir una ambulancia. Santiago Navarro, que este lunes asistió a la reunión convocada por el fiscal superior, aseguró que la compañía «evitó llamar al 112 para pedir asistencia» para no verse involucrada en el expediente.

Según la nota que ha hecho pública el sindicato, «el trabajador tuvo que ser operado de urgencia en quirófano y permanecer dos días ingresado en UCI».

CC OO explica que «Amazon se escuda ante los familiares del trabajador diciendo que actuó correctamente cumpliendo con el protocolo de emergencia establecido para estos casos», aunque «la Inspección de Trabajo de Barcelona, Madrid y Murcia ha advertido a la empresa sobre este tipo de prácticas ilegales, por lo que no se trata de un caso aislado».

Por su parte, la multinacional defiende su actuación y remite a su protocolo. «La seguridad y la salud de nuestros empleados y empleadas es nuestra principal prioridad, y tenemos un fuerte compromiso por hacer de Amazon un lugar de trabajo seguro. Los facultativos del servicio médico del centro se ciñen de manera estricta al protocolo sanitario establecido, en función de los síntomas presentados», indicaron a La Opinión fuentes de la compañía instalada en Corvera.

Diez condenas y seis conformidades

Los juzgados de la Región dictaron el pasado año una decena de condenas contra empresas en las que se han registrado accidentes laborales de los que se han derivado responsabilidades penales. 

En 2022 se han producido 13 sentencias judiciales en causas motivadas por la siniestralidad laboral, 10 de las cuales han dado lugar a condenas contra las empresas.

Otras tres causas han acabado con una sentencia absolutorias, mientras que ha habido acuerdo de conformidad en otras seis. 

El fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, considera «satisfactoria» la coordinación alcanzada en la Región entre la Inspección de Trabajo del Ministerio, el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad con la Policía y la Guardia Civil. Explicó que se ha establecido «un protocolo» para facilitar el apoyo los técnicos de los organismos dedicados a la investigación de los accidentes laborales «en los atestados y en los interrogatorios», que está ofreciendo buenos resultados.