La Confederación alerta de desaladoras activas en el Campo de Cartagena

Hace cuatro años la Guardia Civil y la Confederación Hidrográfica del Segura comenzaron una batería de macrooperaciones de búsqueda de desalobradoras ilegales en el Campo de Cartagena para cortar de raíz los vertidos de salmuera con nitratos a los cauces que desembocan en el Mar Menor. Esas investigaciones derivaron en el caso Topillo, un largo proceso judicial que está cerca de tener una fecha para que los acusados se sienten en el banquillo. Sin embargo, las sucesivas inspecciones de la Benemérita y la CHS no han logrado terminar con la lacra de las desaladoras sin autorización que pinchan el acuífero de la comarca para desnitrificar el agua y usarla para riego o dar de beber al ganado.  

La última operación de la Guardia Civil ha concluido con 15 investigados tras casi año y medio de batidas por las fincas del Campo de Cartagena, donde se pudieron constatar varios casos de presuntas extracciones ilegales de aguas subterráneas, vertidos de excrementos desde las granjas y depósitos de purines de cerdos acumulados de forma irregular. 

Hasta ahora, el organismo de cuenca del Segura ha tramitado 118 multas y ha sellado 154 pozos ilegales

El organismo de cuenca, que también ha intervenido en estos trabajos, advierte de que los casos inspeccionados por los agentes son «un número pequeño» en relación a las existentes en el Campo de Cartagena. «Es claro que cada vez quedan menos pero creemos que todavía pudieran persistir algunas», señala la Confederación a preguntas de este periódico.

Los agentes medioambientales de la Confederación continúan a día de hoy con inspecciones, detecciones de casos e interponiendo denuncias para lograr que se precinten tanto las desalobradoras ilegales como dejar fuera de servicios los pozos ilegales.

216 instalaciones

La tendencia en la aparición de nuevas instalaciones que eliminan la sal y nitratos del agua subterránea no ha disminuido con el paso de los años. La CHS ha detectado desde enero de 2022 un total de 116 desalobradoras ilegales, siendo el número total de desaladoras precintadas de 216 desde el inicio de estas operaciones, hace ya más de cuatro años. Es decir, el organismo de cuenca ha detectado más instalaciones de estas características en el último año y medio que durante las primeras macrooperaciones en la comarca, que tuvieron un primer gran avance en abril de 2019. 

«El procedimiento administrativo es requerir al titular el precinto» de la instalación, y en el caso de que no lo lleve a cabo frente a la presencia de los técnicos de la Confederación, estos inician «un expediente sancionador». Hasta ahora, el organismo de cuenca ha tramitado 118 multas y ha sellado 154 pozos ilegales. La Confederación, como adelantó La Opinión, continuaba también detectando regadíos ilegales en la cuenca, más allá de las primeras 8.500 hectáreas que se hallaron hace unos años.