Las defensas del caso del Puerto pedirán la imputación de un testigo

Los abogados de los investigados en el caso del Puerto de Cartagena pedirán la imputación de uno de los testigos que declaró ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena, al considerar que en su testimonio hay claros indicios de que pudo cometer un delito, indican fuentes cercanas al caso. 

En concreto, el testigo que está bajo la lupa de los letrados es el responsable de Recursos Humanos de la Autoridad Portuaria (APC), que responde a las iniciales A.F.T. 

Según las citadas fuentes, este hombre estaba «intentando culpar a Yolanda Muñoz», expresidenta de la APC, cuando reconoció implícitamente que había rubricado documentos «sin saber lo que estaba firmando», algo que podría considerarse una conducta delictiva al tratarse de un funcionario público. 

Con esta conducta, apuntan las fuentes, el testigo se «inmoló», por lo que solicitarán a la magistrada que instruye el caso que cambie la condición de este funcionario a investigado.

Las citaciones del próximo martes han sido suspendidas para estudiar la nueva documentación

Ayer estaba citado en el juzgado un investigado el representante de la mercantil Sopra Steria España, que se hizo con el contrato para prestación de los Servicios a la Oficina de Proyectos para el Plan de Digitalización para la APC en una adjudicación presuntamente irregular.

Además, estaban citadas cuatro testigos, de los que solo dos pudieron hacerlo, terminando la jornada cerca de la medianoche. Testificaron el citado anteriormente jefe de Recursos Humanos, A.F.T., y la responsable del departamento de Recursos Humanos I.M.R.M,. 

Tanto el director del Puerto de Cartagena, Fermín Rol, como el jefe de la división de Obras y Servicios y anterior jefe temporal de Explotación, M.J.J.P., serán citados más adelante. Por el momento, las declaraciones del martes han sido suspendidas para que el tribunal pueda estudiar toda la documentación aportada hasta el momento.

Estas citaciones forman parte de la fase de diligencias previas que realiza el juzgado de instrucción sobre presuntos delitos relativos a prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias y revelación de secretos o uso de información privilegiada entre los años 2015 y 2021 en el Puerto de Cartagena.