Judicial

Las actuaciones aplazadas por la huelga de secretarios judiciales superan ya las 5.000 en la Región

Un 65% de los 133 letrados de la Administración de Justicia de la Comunidad secundaban este lunes el paro, que sigue sin visos de solución

El consejero Marcos Ortuño recibió este lunes a representantes de los secretarios judiciales.

El consejero Marcos Ortuño recibió este lunes a representantes de los secretarios judiciales. / CARM

Ana Lucas

Ana Lucas

La segunda semana de la huelga indefinida de Letrados de la Administración de Justicia ha supuesto la suspensión de 2.303 actuaciones judiciales en la Región, las cuales, sumadas a las 1.799 de la semana anterior, arrojan un total de 4.366 juicios, vistas y otras diligencias suspendidas en los tribunales, informa el Tribunal Superior de Justicia (TS) de Murcia, mientras los convocantes del paro y el Gobierno autonómico apuntan que ya serían «más de 5.000»

Por otro lado, un 65% de los 133 letrados de la Administración de Justicia de la Comunidad, según las cifras que manejan las asociaciones convocantes, secundaban este lunes el paro, que sigue sin visos de solución.

El Gobierno autonómico exige a Llop que escuche a estos profesionales

Solo el pasado viernes, fueron 161 las actuaciones judiciales que no se pudieron hacer, según los datos que ofrecieron las colectivos que agrupan a estos profesionales. Cabe recordar que, como ellos reivindican «la figura del letrado de Justicia está presente en todas las actuaciones judiciales, sin ser en ocasiones visibles». Por ejemplo, en las ratificaciones de los divorcios, en los procedimientos de herencia que requieren división del patrimonio, en la formación de inventario de liquidaciones de sociedad de gananciales, cuando otorga poderes para pleitos o cuando celebra conciliaciones. También los juicios precisan de la convalidación y firma de un secretario judicial. De ahí que la actividad se haya paralizado, como ya venían anunciando.

Según el comunicado que remitió este lunes el TSJ, «del 30 de enero al 3 de febrero no se pudieron celebrarse 952 de las vistas y juicios señalados y dejaron de practicarse 1.332 declaraciones y 19 diligencias fuera de la sede, según los datos recabados por la Coordinación Provincial de la Secretaría de Gobierno y que figuran en el informe remitido a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)».

El informe también recoge la incidencia del paro de estos funcionarios por jurisdicciones. «Así, en la jurisdicción civil y mercantil se suspendieron un total de 320 juicios, en la penal 232, 67 en el orden social y 147 en contencioso administrativo. Además, dejaron de practicarse 169 vistas y 243 diligencias en los registros civiles», detallan desde el TSJ.

"Nos perjudica a todos"

 Ante este panorama, el consejero de Presidencia, Turismo, Cultura, Juventud, Deportes y Portavocía, Marcos Ortuño, exigió este lunes, como ya hizo la semana pasada, al Gobierno de Pedro Sánchez, y en especial al Ministerio de Justicia que dirige Pilar Llop, que atienda «las demandas y necesidades de los letrados de Justicia», que mantienen una huelga indefinida cuyos efectos «nos perjudican gravemente a todos», indica la Comunidad Autónoma en una nota de prensa.  

Tras la reunión que mantuvo con los delegados en la Región de Murcia de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), María del Mar Garcerán, y del Colegio de Letrados de la Administración de Justicia, José Manuel Martínez, el consejero explicó que «estamos muy preocupados por el bloqueo de la actividad judicial como consecuencia de este conflicto laboral, que tiene paralizadas actuaciones importantes, como pensiones alimenticias o indemnizaciones económicas». 

Y es que este asunto «no es cuestión solo de jueces y abogados, sino que nos afecta a todos los ciudadanos», resaltó Ortuño, quien advirtió de las graves consecuencias de la huelga, con más de 5.000 actuaciones judiciales suspendidas en la Región desde que se inició el paro. 

El titular de Presidencia, que recordó que la Comunidad no puede actuar directamente por carecer de esas competencias (son estatales), exigió al Gobierno de España que «adopte las medidas necesarias para la resolución inmediata del conflicto, que se suma a la falta de juzgados, jueces y fiscales que sufrimos en la Región de Murcia».