Denuncian a Fomento ante Protección de Datos por tirar expedientes a la basura

La aparición de expedientes oficiales de la Consejería de Fomento e Infraestructuras que han sido arrojados a un contenedor de basura sin haber sido destruidos previamente ha dado lugar a la presentación de una denuncia contra este departamento ante la Agencia de Protección de Datos. Fuentes de la Consejería han contestado a La Opinión que «se trata de viejos expedientes que no contienen ningún dato personal».

Sin embargo, la persona que vio los documentos oficiales desde el exterior del contenedor situado cerca de la plaza Santoña de Murcia, donde se encuentra la sede del departamento de José Ramón Díez de Revenga, sí consideró que los informes tirados a la basura pueden contener información de carácter privado que resultaba accesible para terceras personas. 

Al considerar que puede haberse incumplido el procedimiento establecido por la legislación española y la europea a la hora de desechar la documentación que deja de tener utilidad, el viandante que encontró los papales decidió presentar una queja ante la Agencia de Protección de Datos. 

En la denuncia, que fue interpuesta y registrada oficialmente este lunes, el autor apunta que encontró «tirados multitud de documentos técnicos sin anonimizar y que aparentemente contienen información personal».

Añade que «todos los documentos se encuentran accesibles y perfectamente legibles», además de incluir notas manuscritas. Precisa que se trata de «multitud de proyectos de obras».

Para dejar constancia de los hechos que ha comunicado a la Agencia Española de Protección de Datos, el denunciante grabó un vídeo que ha remitido al organismo encargado de velar por el cumplimiento de las leyes protegen la información confidencial.

Además de presentar esta queja para que este organismo determine si se ha producido un incumplimiento de la normativa que regula el tratamiento de los documentos oficiales por parte de las instituciones públicas, ha enviado varias imágenes sobre alguno de los documentos. 

La normativa sobre protección de datos personales obliga a destruir los documentos con información confidencial que pueda dar a conocer circunstancias relativas a las personas a las que se cita en los escritos de carácter oficial.

Lo normal es que las instituciones públicas y empresas que manejan información de carácter oficial utilicen trituradoras de papel para destruir los documentos antes de tirarlos a la basura. La normativa en vigor establece incluso las dimensiones máximas que deben tener los pedazos de papel de los documentos destruidos para evitar que su contenido pueda resultar accesible.

Por su parte, la Consejería de Díez de Revenga niega que los documentos arrojados a la basura sin destruir previamente contenga información de carácter confidencial. Fuentes de este departamento han indicado que «se trata de viejos expedientes que no contienen ningún dato personal».