Como un jarro de agua fría. Así ha caído sobre los afectados por la talidomida la decisión del Tribunal Supremo de no admitir el recurso de casación interpuesto por Avite, la asociación que los representa, para que sean indemnizados por las malformaciones que este fármaco les provocó cuando estaban en el vientre de sus madres.

El medicamento se estuvo vendiendo en España y recetando para las náuseas a las embarazadas después de que fuera retirado del mercado.

La decisión del Alto Tribunal les ha sido notificada esta semana y con ella se cierra la última puerta a la que las víctimas de la talidomida se aferraban para intentar que se reconozca el error que han sufrido durante toda sus vidas.

El presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida, el murciano José Riquelme, recuerda que ellos presentaron una demanda contencioso contencioso-administrativa (reclamación patrimonial) contra el Gobierno por incumplimiento de la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado. 

Esta ley decía que en el plazo de un año los afectados de talidomida estarían reconocidos medicamente por el Instituto de Salud Carlos III de Madrid y serían indemnizados en ese mismo perioro. Sin embargo, casi cinco años después las indemnizaciones aún no han llegado.

En marzo de 2022 la Audiencia Nacional rechazaba la reclamación de 400 millones al Estado de las víctimas de la talidomida, lo que les llevó a recurrir ante el Supremo el fallo de la Audiencia Nacional.

En aquel momento, el abogado de Avite, Ignacio Martínez, decía no entender cómo se puede avalar desde la Audiencia Nacional que no se pague una ayuda «que el legislador avaló en la ley General de Presupuestos de 2018, y que cuatro años después ni está ni se le espera». Martínez apuntaba a que ya en 2018 el legislador dijo que estas ayudas tenían que abonarse de manera «urgentísima porque estos señores se estaban muriendo, y cuatro años después nos encontramos con esta sentencia». «No se paga, no se cumple una ley y encima lo avala la Audiencia Nacional. Eso es lo que tenemos», añadía.

Ahora, el recurso que se presentó a este fallo tampoco ha prosperado.

El presidente de Avite explica que «estamos en 2023 y a pesar del incumplimiento manifiesto de la Ley por parte del Gobierno, el Tribunal Supremo no ha admitido nuestro recurso de casación y el auto es firme», ante lo que reconoce que hasta aquí llega la lucha judicial que han llevado a cabo en los últimos años.

«Sólo nos queda una opción, presentar un recurso de amparo ante el Constitucional, pero de admitirse volvería al Supremo, por lo que no tiene ningún sentido hacerlo», afirma visiblemente afectado a La Opinión.

Pero el presidente de la Asociación de Afectados por la Talidomida apunta a que no van a parar y anuncia que el próximo mes de febrero llevarán a cabo una serie de acciones de protesta en Madrid contra unas sentencias que consideran «injustas».

Avite cuenta en estos momentos con cerca de 300 socios en España y de ellos 127 casos han sido reconocidos por el Instituto Carlos III.