Los contribuyentes de la Región podrán pagar los impuestos de la Comunidad Autónoma por Bizum, según ha anunciado el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, que hoy ha presentado las cuentas de su departamento para 2023 ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Regional.

Luis Alberto Marín es el primer consejero que ha intervenido después de que el Consejo de Gobierno aprobara el pasado viernes los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año, que fueron presentados esa misma tarde ante el Parlamento Autonómico para iniciar su tramitación. El Ejecutivo pretende acelerar al máximo este proceso para tener aprobados los Presupuestos antes de que acabe el año.

El consejero ha dicho que la Agencia Tributaria de la Comunidad habilitará el pago con Bizum y permitirá que los 8.000 contribuyentes con planes de pago personalizados puedan hacer frente a sus obligaciones tributarias locales y regionales en 12 mensualidades y sin intereses.

 Además, la implantación de la Central de Información Tributaria permitirá el diseño de servicios personalizados, así como una mejora de las actuaciones de lucha contra el fraude fiscal.

Durante el ejercicio 2023 se renovarán las oficinas de la Agencia Tributaria de Fortuna, Los Alcázares, Puerto Lumbreras, Calasparra, Lorca y Yecla. 

Luis Alberto Marín ha anunciado que en 2023 la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital tendrá un presupuesto de 340,4 millones de euros.

Se ha referido igualmente a la puesta en marcha de la Agencia de Transformación Digital de la Región de Murcia, a la que quedarán adscritos todos los informáticos de las consejerías.

También ha anunciado el Plan Director de Ciberseguridad de la Región de Murcia, cuyo objetivo es mejorar la Administración regional y ofrecer estos servicios a entidades locales, así como concienciar y ofrecer herramientas de seguridad para ciudadanos y empresas.

El próximo año se licitará una nueva plataforma de tramitación electrónica de gestión de ayudas y subvenciones, junto a una nueva plataforma de contratación electrónica que digitalice todo el proceso de licitación pública, desde la realización de pliegos hasta la devolución de garantía, contemplándose licencias para los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes de la Región.

También está previsto realizar la mayor parte de las adquisiciones relacionadas con la transformación digital en el ámbito educativo, para lo que se van a destinar más de 33 millones de euros a la digitalización de más de 9.000 aulas en la Región de Murcia, a la capacitación del equipo docente en el uso de panales digitales interactivos y a la dotación de más de 11.000 dispositivos móviles para alumnos.

Otra actuación de apoyo a los municipios será la creación de una central de compras regional donde puedan aprovechar su sinergia, además de todos los organismos comunitarios dependientes de la Comunidad, aquellos municipios regionales que por su volumen puedan aprovechar las mejores condiciones de compra que de esta central se consigan.

Luis Alberto Marín ha destacado que las cuentas de la Comunidad para el próximo año supondrán un ahorro de 390 millones de euros en impuestos para los contribuyentes de la Región mediante las deducciones en el IRPF, la bonificación del 99 por ciento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que contempla la bonificación para las donaciones a tíos y hermanos, y la supresión del Impuesto de patrimonio para rentas inferiores a los tres millones de euros.  

 El consejero de Hacienda expuso otras bajadas de impuestos incluidas en las cuentas y que tendrán su efecto en la renta del año 2023 que se liquida en 2024, como la nueva deducción IRPF para la mejora vivienda de familias numerosas, con 1.500 beneficiarios; o el incremento del 20 por ciento de la deducción de IRPF de personas con discapacidad (13.900 contribuyentes).

El PSOE critica el retraso de las cuentas y «las bonificaciones a los ricos»

El PSOE reprochó al Gobierno regional el retraso en la presentación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2023, que fueron entregados en la Asamblea Regional el pasado viernes. La diputada del Grupo Socialista Gloria Alarcón dijo que un plazo tan breve para estudiar las cuentas teniendo en cuenta las tareas del fin de semana (que enumeró con todo detalle) resulta «indecente e indigno y la ciudadanía no se lo merece». También criticó el elevado importe de que ha alcanzado la deuda de la Comunidad, cifrada en 11.587 millones de euros al terminar el segundo trimestre de 2022. «Si quieren rebajar la deuda, eliminen las bonificaciones a los ricos», reclamó Alarcón, quien recordó que «anunciaron a bombo y platillo» la eliminación de Patrimonio, que al final solo tendrán las fortunas inferiores a los tres millones.  

La parlamentaria del Grupo Popular Isabel María Sánchez Ruiz le contestó a la socialista que al jurar el cargo «los diputados se comprometen a trabajar 24 horas al día los 365 días del año». Por su parte, Miriam Guardiola, también del PP, valoró que «es el sexto año consecutivo que el Gobierno de López Miras presenta los presupuestos en la Asamblea Regional y sin necesidad de acudir a pactos infames, como sí ha hecho el Gobierno central con Bildu y Esquerra, vendiendo España a cambio de mantenerse en el poder». Guardiola manifestó que «8,2 de cada 10 euros irán destinados a Sanidad, Política Social y Educación, con especial refuerzo a la Atención Primaria, con 213 plazas más en el Servicio Murciano de Salud».  

 El diputado de Podemos Rafael Esteban culpó al Gobierno regional de haber dejado escapar «10.000 millones de ayudas al hidrógeno verde que se han ido a Galicia y a Andalucía». Aseguró que el Ejecutivo sigue «el modelo Croem, basado en rebajar impuestos, quitar trámites democráticos y dar subvenciones a los suyos», que considera inútiles. Esteban compara esta receta con las que intentó aplicar la ex primera ministra británica Luz Truss, quien tuvo que dimitir tras la crisis desencadenada por su plan de rebaja fiscal.

Francisco Álvarez, portavoz del Grupo Liberal (los expulsados de Ciudadanos) afirmó que los presupuestos son «realistas, prudentes y rigurosos, sustentados por datos objetivos, al contrario que los que presenta el Gobierno de Sánchez».

Pascual Salvador, el único parlamentario que continúa en Vox, criticó las ayudas a los sindicatos y a la Croem.