La guerra por las quemas agrícolas en el campo ha tenido extensos capítulos a lo largo de este año. La nueva Ley de Residuos prohíbe esta práctica perjudicial para el medio ambiente y la salud, con la excepción de que el riesgo por plagas haga inviable otras alternativas de tratamiento. Pese a la imposibilidad legal de esta actividad, al día muchos municipios de la Región de Murcia siguen sufriendo la incineración de estos restos vegetales.
A falta de que el Gobierno regional establezca un reglamento o regule de qué forma se controlarían este tipo de quemas, el PSOE de la Región de Murcia va a presentar una proposición de ley en la Asamblea Regional para gestionar la incineración de restos vegetales si hay riesgo fitosanitario. La Comunidad ya había solicitado la ayuda de los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica, pero el Estado dejó claro que esta regulación corresponde a las comunidades.
En la práctica, el método de autorización que proponen los socialistas no difiere mucho del reglamento que existía antes de que el TSJ tumbara la orden de la Consejería de Medio Ambiente. Sin embargo, el PSOE sí añade en su propuesta medidas de protección contra la contaminación atmosférica y la salud de las personas, algo que tuvieron en cuenta los magistrados para anular la anterior normativa. Entre otras cosas, la Comunidad estaría obligada a autorizar una por una cada quema y verificar el estado de las podas antes de dar el visto bueno.
Entre otros aspectos, la hipotética ley prohibiría estas quemas cuando se activen las alertas por contaminación y permitiría a los ayuntamientos establecer en sus ordenanzas "medidas y condiciones adicionales" que sumen limitaciones extra a esta actividad para defender la salud pública. Por ejemplo, estas quemas no se podrán hacer a menos de 500 metros de una zona urbana. La ley daría un plazo de cuatro años para que la Consejería introduzca "nuevas medidas tendentes a evitar las quemas" sin que ello suponga "costes adicionales" para los agricultores profesionales.
"Al objeto de minimizar el efecto de las quemas controladas por motivos fitosanitarios sobre la contaminación atmosférica y la salud de las personas, las corporaciones locales y siempre que la misma pueda afectar a la población de un núcleo urbano podrán dictar las normas para restringir o limitar las quemas", señala la propuesta socialista. A su vez, se deberá financiar la formación y asesoramiento de empresas y cooperativas para buscar alternativas a la incineración de podas.
Solicitudes conjuntas
Los agricultores que tengan podas o cultivos infectados deberán solicitar la autorización y tener una declaración responsable del propietario de los terrenos. Esa solicitud deberá ir acompañada de un informe técnico emitido por un asesor de plagas inscrito en el registro oficial ROPO. "Dicho informe tiene que acreditar tanto la existencia del riesgo fitosanitario de la explotación (por propagación de plagas de restos vegetales existentes en la misma), como la inexistencia de otros medios, distintos de la quema in situ, para evitar la propagación de la plaga".
Otra novedad es que se aceptarán solicitudes conjuntas para distintas parcelas dentro de un territorio si estas las realizan una cooperativa, organización agraria o un consejo agrario local. El plazo para que la Comunidad autorice una "quema controlada" cuando ya tiene toda la documentación será de 15 días.
"Situación de incertidumbre"
La ley nacional no regula expresamente ni el contenido de la autorización ni el procedimiento para su otorgamiento, señala el PSOE, ya que "únicamente exige que sea individualizada y motivada". Los socialistas remarcan que corresponde a las comunidades fijar el contenido de las autorizaciones, el procedimiento de autorización y la designación de la autoridad competente en el seno de ésta. De igual forma, las comunidades autónomas deberán valorar las razones fitosanitarias que podrían justificar la quema de estos residuos.
El secretario general del PSOE-RM, José Vélez, se ha reunido con representantes de organizaciones agrarias como COAG, UPA y Asaja, así como con Fecoam, quienes "confían que esta iniciativa se tramite de urgencia en la Asamblea Regional y cuente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios", señala el líder socialista.
Actualmente, la falta de una normativa autonómica genera "una situación de incertidumbre". Por un lado, los agricultores "no tienen un procedimiento establecido al que acogerse para solicitar una quema cuando se ven obligados a recurrir a ella, exponiéndoles a sanciones y, por otro, impide que se pueda velar por el cumplimiento de la normal estatal, garantizando que solo se recurre a las quemas en los casos contemplados, con el fin de salvaguardar la salud de la ciudadanía y el medio ambiente".
