Revés político a la prohibición de las quemas agrícolas en España. El partido nacionalista catalán PDeCAT logró el pasado miércoles introducir una enmienda en el texto de la futura ley que regulará el sistema de gestión de la política agraria común (PAC) para revertir la prohibición de incinerar residuos vegetales en entornos agrarios. La iniciativa, de salir adelante esta norma, podría suponer un contrapié para otra ley recién aprobada: la de residuos y suelos contaminados que entró en vigor en abril.
Comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana o Andalucía han presionado en los últimos meses para que el Gobierno central reformara el texto y eliminara de él la prohibición, aunque recogiera que esta práctica solo se permitiría en caso de riesgo fitosanitario. Organizaciones agrarias como Asaja o Unión de Uniones han celebrado este triunfo legislativo que debe ser ratificado cuando se apruebe la ley en el Congreso. La iniciativa ha contado con el apoyo de formaciones como el Partido Popular, Ciudadanos o Vox.
Los nacionalistas catalanes alegaron que esta prohibición de la quema de restos vegetales agrarios "representaba un sobrecoste sobrevenido e inaceptable para la economía de muchas familias que viven del campo". En comunidades como Murcia esta práctica ya estaba prohibida por una orden regional que fue tumbada por el Tribunal Superior de Justicia en junio, pero al estar vigente entonces la Ley de Residuos no llegó a cambiar nada. Pese a ello, las quemas continúan dándose a diario en muchos rincones de la Comunidad.
Stop Quemas pide cumplir las directivas europeas
La asociación Stop Quemas Murcia ha mostrado su más profundo rechazo a la iniciativa parlamentaria del PDeCAT y ha reclamado cumplir la directiva europea de residuos y la Agenda 2030. «No han tenido en cuenta el impacto a la salud de los ciudadanos y el daño al medio ambiente que producen. No es cierto que sea necesario quemar para eliminar plagas. Hay métodos limpios para hacerlo». La asociación ha acusado a los parlamentarios de venderse a los «lobbies agrarios sin medir las consecuencias».
El Ministerio, al contraataque
Esta jugada política en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados ha puesto en alerta al Ministerio para la Transición Ecológica, quien asegura que "es falso" que la derogación deje vía libre a la quema de estos residuos. El departamento de Teresa Ribera alega que todavía queda mucha tramitación parlamentaria por delante para la futura Ley de la PAC, pero de aprobarse tal cual está ahora las quemas continuarían estando prohibidas.
Y es que en la anterior Ley de Residuos de 2011 ya se reflejaba este veto a la incineración de restos vegetales: "La ley de ahora recoge esa misma prohibición pero admite dos excepciones que antes no existían y que se introducen a raíz de una petición de aclaración de la Comunidad de Murcia en 2020", señalan fuentes del Ministerio.
En concreto, que las quemas se autoricen en caso de plagas o para prevenir incendios forestales. Entonces, de derogarse el artículo sobre quemas en la ley actual, quedaría vigente la de la ley de 2011, que prohíbe las quemas agrícolas con carácter general, sin tener en cuenta las excepciones que se matizaron en la norma de 2022.
Además, la vuelta de las quemas iría en contra de la nueva política de la PAC, ya que pretende una agricultura más sostenible y compatible con el medio ambiente. El ministro de Agricultura, Luis Planas, planteó la posibilidad de que los agricultores recibieran un cobro complementario de los fondos europeos por una gestión ecológica de los restos, como enterrarlos en el suelo.
