La Opinión de Murcia

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Agua

Los regantes animan a presentar demandas al Ministerio por los daños del recorte al Trasvase

El Scrats pide el cese de la ministra Ribera al mantener el aumento de los caudales ecológicos y el líder de PSRM reclama revisar los números

Miembros del Sindicato Central de Regantes, reunidos ayer en su sede. | SCRATS

El Levante está a un paso de perder la batalla hídrica por el Trasvase. El próximo martes el Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Tajo votará previsiblemente a favor de su plan de cuenca tras superar con retraso la exposición pública. Este plan mantiene los mismos caudales ecológicos para los tramos de Bolarque, Aranjuez y Talavera que presentó el pasado año, y ni las negociaciones de los regantes con el Ministerio para la Transición Ecológica, ni las protestas en Murcia, Alicante y Almería ni las súplicas de los dirigentes socialistas en estos territorios han logrado rebajarlos.

El impacto socioeconómico de esta decisión está reflejado en el plan de cuenca del Segura. El recorte en el Trasvase supondría una merma en 2027 de 105 hm3 anuales, 78 para el regadío y 27 para consumo humano. El regadío en la cuenca del Segura se vería reducido más de un 12% y la pérdida de valor patrimonial por la reducción de hectáreas regables con agua del Tajo, sumado al valor productivo que se restaría, ascendería a más de 600 millones de euros. Con todo, al final el Ministerio para la Transición Ecológica avala que el Tajo pase de forma progresiva de un caudal mínimo legal de 6 m3/segundo a 8,52 m3/segundo en Aranjuez, también que en Toledo sea de 10m3/s y de 17,8 m3/s en Talavera entre 2022 y 2027.

Indignación profunda y malestar es lo que se vive desde ayer en el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura tras conocer esta planificación. Por primera vez dentro de la planificación hidrológica en España, señalaba el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, habrá dos planes de cuenca que «no estén coordinados», una contradicción que nace del análisis de impactos económicos, sociales y ambientales que la Confederación del Segura ha añadido a su documento si se mantiene la previsión de los caudales ecológicos en los tramos de Bolarque, Aranjuez y Talavera.

«No se puede negar de ningún modo que el Gobierno socialista de España no cumple con sus promesas», advertía Lucas al recordar que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, se comprometió hace cuatro años en Castilla La Mancha, en plena campaña electoral, a «poner fin a los trasvases». Ante este escenario, Jiménez ha pedido el cese de la ministra Teresa Ribera por ser «una incompetente ideológica» y del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

El ganador de esta planificación para el Tajo, aseguran los regantes, es Emiliano García-Page, presidente manchego, «que quizá por gritar más en medio de esta contienda política» sale victorioso ante futuros resultados electorales.

El Scrats ya prepara un calendario de movilizaciones (convocará a su Asamblea General para fijar fechas), ya que consideran que «todavía hay partido», y anima a agricultores y a los usuarios del agua de abastecimiento a que presenten demandas contra el Ministerio. En el primer caso, por las pérdidas patrimoniales que se prevén, el volumen de negocio y los puestos de trabajo perdidos (6.000 empleos directos según la CHS) y buscar así indemnizaciones del Estado; en el segundo caso, por el encarecimiento del agua para consumo humano.

Los regantes esperan que sea el Consejo de Estado (deberá emitir un informe sobre la planificación hidrológica que prepara el Ministerio para todas las cuencas) el que señale la contradicción que existe entre los documentos del Segura y del Tajo ante los daños en el tejido socioeconómico de Murcia, Alicante y Almería.

Vélez se rebela contra su partido

El delegado del Gobierno y secretario general del PSOE en la Región de Murcia, José Vélez, se opuso ayer a las pretensiones del Ministerio de no rebajar los caudales que quiere fijar y señala que «no comparte» la decisión. «Creemos que hay algún error de cálculo. Esos caudales no deben tener ese incremento», señala, al tiempo que considera que los datos que refleja la Confederación Hidrográfica del Segura en su plan de cuenca son realistas con el impacto que va a causar el recorte al Trasvase.

«Espero y deseo que el plan de cuenca del Tajo vuelva a valorar los números que han planteado y que parece ser que podría aprobarse el martes y que esto al final no suceda». Esos datos que plantea el organismo de cuenca del Tajo «no concuerdan» con los que tienen «los socialistas murcianos».

Alicante recurre; Murcia espera

El Gobierno valenciano presentará un recurso ante los tribunales contra las pretensiones en el Tajo, pues considera que serán lesivos para los regantes. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrado su oposición a cualquier medida que pueda suponer una disminución de la cantidad de agua que reciben esas zonas porque es un recurso básico para las mismas ,y en este tema, por encima de cualquier otra consideración, la defensa de los intereses de los regantes alicantinos constituye una prioridad «absolutamente irrenunciable» para el gobierno.

Por otro lado, el Gobierno regional no ha movido la ficha judicial pero el presidente regional, Fernando López Miras, dice estar dispuesto a «llegar hasta el final» para evitar recortes en el Trasvase y desmantelar la «hoja de ruta» del Ejecutivo central. «Es inadmisible que por cuestiones estrictamente políticas recorten a la mitad el trasvase Tajo-Segura con los puestos de trabajo que eso supone para esta región», ha dicho López Miras, quien ha criticado que mientras «todos» los planes de cuenca «se han flexibilizado», con el del Tajo imperan los «criterios políticos» y «se está siendo rígido».

3.610 millones menos al PIB

Un informe del Instituto del Agua alicantino, que se añadirá al recurso que prepara la Comunidad Valenciana contra la decisión del Ministerio, prevé impactos mucho mayores. La pérdidas anuales en Murcia, Alicante y Almería serán de 5.327 millones euros anuales, producto del abandono de los cultivos y del volumen económico que se dejará de mover. Además, dejarán de aportarse al PIB español un total de 3.610 millones de euros. «La reducción de caudales traerá consigo una pérdida del 15,62% de la superficie de regadío que deberá dejar de regarse y pasar a secano o abandonarla explotación agraria. Esto supone la pérdida de unas 27.314 hectáreas», advierte el estudio.

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