La Opinión de Murcia

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Agricultura

El Ministerio se enfrenta a reclamaciones millonarias por el recorte al Trasvase

La CHS prevé una pérdida patrimonial de 485 millones si se eliminan 10.400 hectáreas de regadío en la cuenca del Segura y una reducción de 8.000 empleos

El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, el pasado viernes antes de la votación del Plan del Segura. Juan Carlos Caval

La conclusión no puede ser más clara. «A la vista de la magnitud» de los impactos económicos, sociales y ambientales en el Levante si se aplican los caudales ecológicos previstos para el río Tajo, la Confederación Hidrográfica del Segura considera un «coste desproporcionado» los efectos de la planificación hídrica de la cuenca cedente. Esta afirmación está recogida de forma explícita en la Planificación Hidrológica del Segura hasta 2027, junto con un detallado desglose de daños en la economía y en el sector primario de Murcia, Alicante y Almería si el Ministerio para la Transición Ecológica no rectifica los volúmenes mínimos en el Tajo.

El recorte en el Trasvase supondría una merma en 2027 (cuando se pretende aplicar el caudal ecológico más elevado en el Alto Tajo, sumado a la demanda de la Tubería Manchega y de la Comunidad de Madrid) de 105 hm3 anuales de los 295 que recibe el Levante ahora, 78 para el regadío y 27 para consumo humano. A esta previsión, la CHS añade qué ocurriría en 2039 en el acueducto si se aplica una reducción de aportes por los efectos del cambio climático previstos en el plan del Tajo: el recorte ascendería a 158 hm3 al año, 115 para regadío y 43 para abastecimiento.

De aplicarse los caudales ecológicos previstos en el Tajo, sumado al cambio climático, el Levante dejará de recibir 158 hm3 anuales en 2039

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El regadío en la cuenca del Segura se vería reducido un 12,86%, unas 10.432 hectáreas que resultarían inviables de un total de 85.787, una pérdida que ascendería hasta las 12.228 hectáreas si se suman las producciones que dependen del agua del Trasvase pero que están en otras demarcaciones como la del Júcar o las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. Las zonas regables con agua del Trasvase que más se verían afectadas serían el Campo de Cartagena (2.800 hectáreas menos), las Vegas Alta y Media (1.242 hectáreas) o Lorca (1.164). En algunos casos, como el de los regadíos de Sangonera La Seca en Murcia, se perdería el 28% de la superficie regable, la que más.

En el plan del Segura también queda reflejada una amenaza implícita al Ministerio: la pérdida de valor patrimonial por la reducción de hectáreas regables con agua del Tajo ascendería a los 485 millones de euros, con más incidencia en la comarca de Cartagena o la zona de Alicante. Esto implicaría que el Ministerio se enfrenta a reclamaciones millonarias por responsabilidad patrimonial al Estado para reparar los daños por reducción de la superficie de regadío, a lo que hay que tener en cuenta las inversiones de las comunidades de regantes que dependen del Trasvase al haber modernizado sus infraestructuras durante 43 años.

Superficie de riego afectada por zonas que reciben agua del Tajo. L.O.

Inasumible

Estas previsiones son desoladoras para el sector agrario y para el Sindicato Central de Regantes (Scrats), que salta al ataque contra el Ministerio una vez el Consejo del Agua ha validado el plan del Segura. Este documento pasará ahora por las manos del Gobierno central para su aprobación y en él queda reflejado lo que el sindicato quería: un impacto inasumible para la economía levantina si la planificación hídrica que quiere el Ministerio para el Tajo sigue adelante. De no rectificar, estaría contraviniendo lo que señala su propia Confederación Hidrográfica.

El ‘ahora o nunca’ que lanzan los regantes a la sociedad murciana busca un impulso a las protestas, pues la CHS no solo habla de agricultura eliminada, sino de una reducción del agua para beber que terminará por encarecer su precio si se depende de la producción de las desaladoras. Ante el retraso que lleva la tramitación del plan del Tajo, los regantes van a aprovechar un calendario de movilizaciones que preparan para esta primavera.

Otra baza en las protestas son las consecuencias sobre la parte laboral. Los empleos afectados, ya sean directos, indirectos o inducidos, serían 8.060. De estos, 5.428 puestos serían directos dentro de los límites de los terrenos que dependen del agua del Tajo. La pérdida de jornales sería de más de un millón al año.

Impacto en el PIB

Los recortes previstos, calcula la CHS, implicarían una pérdida de 232 millones de euros (0,6%) en la contribución al Producto Interior Bruto en la demarcación del Segura, que abarca casi la totalidad de la Región junto con el sur de Alicante y parte de Almería. Las zonas regadas por el acueducto contribuyen con 1.981 millones (5,3%) de euros al PIB de toda la cuenca, según las cifras que plantea la CHS. El impacto en el valor de la producción ascendería a los 137 millones de euros.

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