La Confederación Hidrográfica del Segura lanza un aviso al Ministerio para la Transición Ecológica difícil de ignorar. Sumados los impactos ambientales, sociales y económicos derivados de los recortes de agua previstos en el Trasvase, sería necesario mantener «un mínimo principio de precaución y cautela en la medida de los posible», señala la CHS en su Planificación Hidrológica del Segura. La precaución que pide consistiría en mantener unos aportes de agua trasvasada y desalada para el regadío «que no difieran mucho de la situación actual».
Pese a toda la ristra de daños en la economía y el trabajo reflejados dentro de la Planificación Hidrológica del Segura hasta 2027, y que avanzó ayer La Opinión, la CHS parece asumir que los caudales ecológicos previstos para el Alto Tajo no se van a rectificar. Ante este escenario, el organismo de cuenca reclama activar los mecanismos necesarios para que la legislación española en materia de planificación hidrológica salve la situación.
Ante los impactos previstos en una cuenca como la del Segura por las decisiones que se toman en otra distinta, el organismo dirigido por Mario Urrea reclama una coordinación centrada «especialmente en lo que respecta a las variaciones que se prevea realizar en las transferencias de recursos a través del acueducto Tajo-Segura, ya que de ellas se derivarían afecciones muy importantes a los aprovechamientos existentes de abastecimiento y regadío de ésta última demarcación hidrográfica», señala.
De esta forma, la Confederación espera que una vez aprobados los planes de cuenca de cada demarcación y se configure un Plan Hidrológico Nacional, como viene estipulado por ley, el Ministerio garantice alternativas que reduzcan el impacto en la cuenca del recorte al Trasvase, entre ellas la rectificación de los caudales ecológicos, aunque para ello sería necesario mucha voluntad política por parte de Transición Ecológica, algo que hasta ahora no se ha dejado ver en lo referente al acueducto.
Impactos ambientales
El impacto ambiental es «desfavorable», señala la CHS, «fundamentalmente como consecuencia del importante incremento del consumo energético necesario para la producción del agua desalada», que vendría a cubrir parte de lo recortado al Trasvase. Otro aspecto que valora es el incremento del consumo energético, que «se traduce en un aumento de la emisión de gases de efecto invernadero» aunque el organismo remarca que se podría paliar en parte si se llevan a cabo las plantas solares previstas en las plantas desaladoras del Levante.
Al disminuir la parte de agua trasvasada, la presencia del boro que termina en las explotaciones aumentará por la mayor llegada de recursos de las desaladoras, algo que también preocupa a la CHS. La situación más favorable se produciría con un «uso conjunto de recursos convencionales y desalados, donde se maximizan los beneficios agronómicos y se evita un crecimiento desmesurado de los impactos ambientales», señala la CHS en su plan.
Abastecimiento
Haciendo caso a la hoja de ruta de la planificación de los volúmenes mínimos en el Tajo, la CHS firma otro impacto: «Un incremento de los costes de abastecimiento urbano de unos 16 millones de euros anuales». Un hecho que los regantes emplean para concienciar sobre los daños del recorte en los aportes por el acueducto, pues necesariamente la Mancomunidad de Canales del Taibilla tendrá que subir el precio a los consumidores. Desde que el agua desalada entró en el circuito del abastecimiento en 2003, el precio ha sufrido «una subida media del 8,7 % anual», reconoce la Confederación.
«La CHS, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha dejado claro al propio Ministerio que tocar el Trasvase tendrá unas consecuencias catastróficas para el campo murciano», señaló ayer Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto. «Además, el plan de cuenca estipula que el agua desalada no soluciona nuestro déficit hídrico debido a sus elevados costes».
