Fueron sorprendidos empleando abonos prohibidos en sus cultivos y ahora se enfrentan previsiblemente a una sanción de carácter económico. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de la Región de Murcia y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) han llevado a cabo una operación en el Campo de Cartagena en la cual se han inspeccionado más de 140 parcelas agrícolas, en las que se encontraron distintas irregularidades, como el uso de fertilizantes prohibidos y captaciones ilícitas, informan fuentes cercanas al caso.
Las inspecciones tuvieron lugar esta misma semana, cuando los investigadores y los técnicos se personaron en una firma agrícola con sede en la población de Pozo Estrecho, en Cartagena, que cuenta con viveros por la comarca, especialmente en Cartagena y Fuente Álamo. En esta empresa, una sociedad anónima, se cultivan patatas, lechugas y melones. El Seprona había tenido conocimiento de que en los viveros se estarían cometiendo infracciones, tales como acumulaciones de abono no permitidas o directamente productos prohibidos.
Los fertilizantes son sustancias ricas en nutrientes que se utilizan para mejorar las características del suelo, para conseguir un mayor desarrollo de los cultivos agrícolas. Pero hay algunos que son tan tóxicos que por ley no se pueden echar. Estos fitosanitarios prohibidos ponen en riesgo tanto la salud de las personas como el ecosistema.
Agentes del Seprona y técnicos de la Confederación se personaron en las dependencias de la mercantil, orden judicial en mano, para proceder a las inspecciones en las zonas de cultivo.
Fuentes de la CHS confirmaron a esta redacción que se desplazaron a los terrenos de la empresa técnicos de este organismo, después de que se lo pidiesen desde el Instituto Armado.
Lo que hicieron los investigadores del Seprona fue recoger muestras, del agua y del suelo, las cuales son enviadas al laboratorio, para que su análisis determine qué contienen: por ejemplo, su grado de nitratos.
Asimismo, fueron objeto de inspección los equipos móviles de aplicación de los productos fitosanitarios, pulverizadores hidráulicos y espolvoreadores.
De todas estas infracciones, el Seprona levanta un acta y la remite a la Comunidad Autónoma, en concreto a la Consejería de Agricultura. Es el departamento de Luengo el que establece qué sanción puede imponerse al infractor. Se trata de una cuestión administrativa que acaba en multa.
Según apuntaron fuentes cercanas a la Fiscalía de la Región, es probable que este asunto en concreto se quede en mera sanción administrativa.
Cuando se detecta que hay delitos contra el medio ambiente, el Instituto Armado de la Región redacta unas diligencias, que son enviadas al juzgado.
Cuando se trata de personas sin antecedentes, con domicilio conocido y que no son reincidentes, lo normal es que no se les llegue a detener: quedan en calidad de investigados y han de comparecer, cuando el juzgado les llame, con su abogado. En este caso, aunque el Seprona ha encontrado en la empresa presuntas irregularidades, no se ha procedido al arresto de nadie.
Según los datos que el Ministerio para la Transición Ecológica recogió del portal estadístico de la Región, la comarca del Campo de Cartagena cuenta con más de 3.300 explotaciones agrarias.
Operaciones anteriores
No es la primera inspección de este tipo. En abril de 2021, el Seprona hacía público que había llevado a cabo cuatro operaciones relacionadas con explotaciones agrícolas de plantas desalobradoras que presuntamente vertían salmuera al Mar Menor. Todas estas plantas fueron precintadas y su actividad suspendida, ya que era ilegal. Estas empresas también captaban agua subterránea mediante estructuras no aptas, la mayoría pozos ilegales.
Durante estas actuaciones se procedió a tomar diferentes muestras que dieron unos resultados elevados en nitratos, llegando a triplicar los valores máximos permitidos, por lo que se investigó si la contaminación del Mar Menor está en gran medida provocada por la contaminación de los acuíferos que se comunican con este.
En septiembre de 2020 el Gobierno regional publicó el Plan de Inspección de las Explotaciones Agrícolas de 2020 y 2021, con afán de controlar la gestión de los suelos agrícolas en las parcelas cercanas a la laguna, vigilar la gestión de estiércoles y purines y su aplicación al suelo con valor fertilizante y controlar las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario. Menos de un año después de que se diese luz verde a esta norma, la laguna salada sufría su tristemente conocido episodio de anoxia (falta de oxígeno), en el que toneladas de peces y crustáceos muertos inundaron las playas.
