La Comunidad incrementará un 90% las inspecciones a explotaciones agrícolas y ganaderas para garantizar el cumplimiento de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor durante el periodo 2022-2024. Según informaron ayer fuentes de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, este refuerzo en el control y vigilancia en el entorno de la laguna salada se recoge en el Plan de inspección de explotaciones agrícolas para los años 2022, 2023 y 2024, de cuya aprobación se hizo eco ayer el BORM (Boletín Oficial de la Región).

El Plan se centra en el cumplimiento del Capítulo V de la Ley, que incluye exigencias para minimizar los excedentes de nutrientes y arrastres, así como nuevos requerimientos a las explotaciones agrícolas, y el artículo 57, relacionado con la aplicación de fertilizantes en las explotaciones ganaderas del entorno de la laguna.

Las tareas de inspección se centrarán en supervisar y controlar el cumplimiento de la Ley por parte de las explotaciones agrícolas e identificar y delimitar aquellas que no se encuentren inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad, así como investigar «accidentes o incidentes» provocados por las explotaciones con efectos en la laguna.

La Comunidad detalla los criterios para seleccionar los terrenos

Para la selección de las explotaciones agrícolas a inspeccionar durante el trienio 2022-2024 se tendrán en cuenta criterios de superficie, zonificación dentro del ámbito de la Ley 3/2020 y tipología de cultivos (regadío/secano u hortícolas/leñosos, entre otros) y las comunicaciones realizadas por la CHS sobre regadíos cesados o prohibidos al no estar amparados por un derecho de aprovechamiento de aguas. También se valorará, según fuentes e la Comunidad, el Registro de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma, seleccionando aquellas que no se encuentran inscritas; las denuncias formuladas que ofrezcan indicios racionales de la comisión de una infracción de la normativa y las explotaciones en las que se hayan detectado infracciones en años anteriores, se incluirán también.

Otras de las finalidades son constatar la transformación de terrenos de secano en regadío no amparados por un derecho de aprovechamiento de aguas en virtud de la información que se reciba de la CHS, y verificar las denuncias que se formulen ante la Dirección General correspondiente, siempre y cuando ofrezcan «indicios racionales de la comisión de una infracción».

Según apunta el citado Plan, para la materialización de los objetivos será imprescindible la colaboración de otras direcciones generales, la CHS y del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA).

Más inspecciones

Hasta ahora, la Consejería llevaba a cabo 140 inspecciones al año (120 ordinarias y 20 extraordinarias), con lo que, tras el aumento, se llevarán a cabo 267 anuales entre 2022 y 2024, esto es, 800 inspecciones, 500 de ellas ordinarias y 300 extraordinarias.

Las inspecciones extraordinarias se realizarán en respuesta a una denuncia de un particular, de asociaciones profesionales, de organizaciones ecologistas o de otros organismos de la Administración Pública que realizan tareas de inspección, siempre que se formulen de forma adecuada y ofrezcan indicios racionales de la comisión de una infracción. De igual manera, se considerarán inspecciones extraordinarias aquellas que se realicen a consecuencia de las denuncias del Seprona, de agentes medioambientales y de Policía Local, o a solicitud de un juzgado.

Pertenecen a las direcciones generales de Medio Ambiente, Medio Natural y Mar Menor

Para el cumplimiento del plan, la Unidad Agroambiental cuenta con 19 profesionales, a los que habría que sumar el personal jurídico y técnico que tramitará los expedientes y las sanciones, informan desde la Dirección General el Mar Menor.

Críticas por el retraso

Para el PSOE, las «decisiones» para el cumplimiento de la Ley del Mar Menor llegan «con un año de retraso». El diputado regional del PSRM, Fernando Moreno, recriminó que se aumenten las inspecciones ahora, tras el «desastre medioambiental» del pasado agosto y no en julio de 2020, cuando se aprobó la norma.

Por su parte, el biólogo del colectivo Anse, Jorge Sánchez, recuerda que existe «un enorme déficit en el cuerpo de agentes medioambientales de la Comunidad». Para Sánchez, otro grave problema es que, salvo contadas excepciones, «nunca hay retorno del resultado de las denuncias que se plantean». Además, queda por saber cuántas, de las inspecciones que se han realizado y se realizarán se traducirán en la apertura de un expediente sancionador y cuántos de estos expedientes se cerrarán, advierte.