La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber tomado "medidas suficientes" contra la contaminación por nitratos en Murcia y otras comunidades autónomas. Bruselas ya había dado varios toques de atención al Gobierno central y regional por la falta de control en el uso de los fertilizantes nitrogenados que causan contaminación en las masas de agua superficiales y subterráneas como el Mar Menor o el acuífero cuaternario del Campo de Cartagena.
El procedimiento de infracción contra España comenzó en 2018, cuando el alto organismo europeo mandó una carta de emplazamiento al Gobierno central por la contaminación por nitratos derivada de la actividad agrícola. Europa, entonces, determinó que las medidas que se habían adoptado hasta entonces no cortaban con los problemas de eutrofización en espacios protegidos y faltaban por designar zonas vulnerables a los nitratos como en la laguna salada. No fue hasta diciembre de 2020 cuando la Comisión ya remitió un dictamen motivado que daba a España un plazo de tres meses para adoptar medidas más serias para dejar de incumplir la directiva europea de nitratos. Este jueves, el Consejo de Comisarios de la UE concluyó que los argumentos de España no estaban justificados, por lo que ha llevado el caso hasta el tribunal europeo.
El Gobierno regional declaró hace dos años zona vulnerable a los abonos nitrogenados el Mar Menor, así como otros espacios protegidos de la Región, con el objetivo de frenar la acción sancionadora de Europa, algo que tras el comunicado enviado hoy por la Comisión no se ha conseguido. Europa ha cumplido su amenaza y llevará al Gobierno de España ante los tribunales europeos ya que las medidas establecidas en la Región de Murcia, y en otras comunidades, "han resultado insuficientes para alcanzar los objetivos de la Directiva sobre nitratos".
A pesar de algunos avances limitados, "España todavía debe adoptar medidas adicionales para evitar la eutrofización en todo el país, ya que las establecidas hasta la fecha no han logrado alcanzar los objetivos de la Directiva", señala la Comisión. El comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, visitó recientemente la laguna salada para conocer su estado.
El organismo internacional señala además que el estado miembro debe revisar y seguir designando zonas vulnerables a los nitratos en siete regiones (Castilla y León, Extremadura, Galicia, Baleares, Canarias, Madrid y Comunidad Valenciana) e incluir todos los elementos obligatorios necesarios en los programas de acción de cinco regiones (Aragón , Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid). Para las comunidades cuyas acciones no son suficientes y se deben adoptar otras adicionales están, además de Murcia, los territorios de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León.
La Comunidad remitió hace dos años una carta donde desgranaba las medidas tomadas desde la Región, como la designación como zona vulnerable a los abonos nitrogenados el Mar Menor, sumado a la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, que entonces era decreto ley. El conjunto de estas acciones, defendía la Comunidad, era reducir la entrada de nutrientes en la albufera hasta en un tercio. Junto a esta línea de trabajo, la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura aprobó el pasado año la declaración como masa de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico, a lo que se sumó una serie de medidas cautelares que restringían el uso de fertilizantes en el entorno de la laguna.
Obligaciones
La Directiva sobre nitratos, de 1991, obliga a los Estados miembros a controlar sus aguas e identificar a las personas afectadas o que puedan verse afectadas por la contaminación causada por nitratos de origen agrícola. El objetivo es evitar que los nitratos de fuentes agrícolas contaminen las aguas subterráneas y superficiales y promoviendo el uso de buenas prácticas agrícolas.
Los niveles excesivos de nitratos pueden dañar el agua dulce y el medio ambiente marino mediante un proceso conocido como "eutrofización", que promueve el crecimiento excesivo de algas que ahoga otras formas de vida y mata a los peces en lagos y ríos. Los países están también obligados a designar áreas de tierra que desembocan en estas aguas como zonas vulnerables a los nitratos y establecer programas de acción apropiados para prevenir y reducir la contaminación por nitratos. Bruselas recordó que el Pacto Verde Europeo tiene por objetivo alcanzar la contaminación cero, en beneficio de la salud pública, el medio ambiente y la neutralidad climática.
El Gobierno defiende que es de las comunidades menos infractoras
El Gobierno regional, que tiene las competencias en el control y regulación del uso de los fertilizantes nitrogenados en la actividad agrícola, defendió ayer tras conocer la noticia de la Comisión Europea que Murcia es de las autonomías menos infractoras en el marco del incumplimiento de la directiva europea que marca la contaminación por nitratos. El Gobierno regional señala que desde 2016 viene aprobando una serie de normativas encaminadas a regular y vigilar la contaminación de las aguas por nitratos de origen agrario, entre ellas la Ley del Mar Menor que impone limitaciones a los sectores productivos en el Campo de Cartagena. La Comunidad recuerda que incrementará un 90% las inspecciones a explotaciones agrícolas y ganaderas para garantizar el cumplimiento de la Ley durante el periodo 2022-2024. En 2019, Murcia ya resolvió uno de los inconvenientes planteados por Europa al designar nuevas zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario en la Región.
El Ministerio recuerda que aprueba las normas, pero deben trabajar las autonomías
El Ministerio para la Transición Ecológica está trabajando en una actualización del Real Decreto del 16 de febrero de 1996, que transpone al derecho español la mencionada Directiva contra la contaminación por nitratos de 1991. «Esperamos que se apruebe en Consejo de Ministros en las próximas semanas». Además, los futuros planes de cada cuenca, ahora en elaboración, contemplan «de manera especial este problema e incorporarán medidas para atajarlo». Sin embargo, el Ministerio recuerda que su competencia es reguladora. «Nosotros aprobamos las normativas, pero la ejecución y el control de estas medidas es competencia autonómica».
