Doñana y el Mar Menor son dos emblemas de España, dos joyas medioambientales que dan soporte a una rica biodiversidad y que guardan en común el maltrato continuado del ser humano. A día de hoy, la sociedad percibe estos ecosistemas como dos rincones de la península singulares pero muy degradados por un conjunto de factores que tienen en común la mano del hombre.

Un hombre contempla desde un barco el Mar Menor, en calma Iván Urquízar

Si algo ha enseñado la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Europeo contra España en relación al deterioro del parque nacional de Doñana (Andalucía) y sus masas de agua subterránea es que las directivas europeas en materia de protección del medio ambiente y de la calidad del agua son vinculantes y de obligado cumplimiento por parte de los Estados miembros.

«La sentencia es un toque de atención, no basta simplemente con adoptar unas medidas para salir del paso. Las administraciones deben entender que los objetivos que marca una directiva europea son vinculantes y hay que alcanzarlos sí o sí porque al final Europa pide cuentas», manifiesta Miguel Eduardo de Mata, fiscal jefe de Medio Ambiente de la Región de Murcia.

De estas directivas europeas, el Tribunal Europeo condena a España por no cumplir la norma marco de agua y la de conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (áreas de Red Natura 2000). Pero hay matices a tener en cuenta, ya que la sentencia no entra a valorar si las administraciones españolas han puesto coto a las extracciones ilegales de agua en Doñana o si las han permitido, al igual que la degradación de los hábitats protegidos, sino que se centra en cuestiones formales como que, en este caso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, no ha tenido en cuenta el volumen de «extracciones ilegales de agua y las extracciones de agua para el abastecimiento urbano» en la evaluación o caracterización de las masas de agua bajo tierra que se debe reflejar de forma obligada en el Plan Hidrológico del Guadalquivir.

Este plan es la guía que marca el estado de calidad de los ríos, lagos, lagunas o acuíferos de una demarcación de cuenca y las medidas que se deben adoptar para garantizar que se encuentren en una buena situación, entre otras cuestiones. El tribunal viene a decir que la Confederación del Guadalquivir, en su plan del ciclo hidrológico del 2015 al 2021, omitió el expolio que se estaba produciendo en los acuíferos de Doñana y, por tanto, no tomó medidas para ello. «Esta caracterización adicional debe incluir información pertinente sobre la incidencia de la actividad humana en el estado de dichas masas de agua», señala la sentencia nombrando a la directiva europea que garantiza la calidad de los recursos hídricos, algo que no se cumplió en su momento.

El segundo punto importante de la sentencia refleja que el mismo plan tampoco contó en su programa de actuaciones en la cuenca para siete años con «ninguna medida para evitar la alteración de los tipos de hábitats protegidos situados en la zona protegida Doñana (zonas de ZEPA y LIC) ocasionada por las extracciones de agua subterránea».

Similitudes

¿Y qué parecidos se pueden encontrar entre el caso de Doñana y el del Mar Menor? «Existen similitudes en cuanto a los hechos. En el Mar Menor hay un deterioro de la masa de agua, en nuestro caso subterránea (acuífero del Campo de Cartagena) y superficial (la laguna), por la entrada de contaminantes en el acuífero cuaternario; también otro símil en cuanto al menoscabo de los espacios protegidos por la Red Natura 2000 en el Mar Menor como consecuencia de la entrada de nutrientes que pueden suponer una alteración significativa de los hábitats», señala de Mata.

Pero el fiscal advierte: esta situación de degradación no significa que se vaya a condenar a España. «Si la administración hace oídos sordos a todo tipo de informes científicos que alertan de la degradación de ese ecosistema y no define bien el estado de las masas de agua de la cuenca del Segura en su plan hidrológico, y por lo tanto no toma medidas para garantizar la calidad del agua y la protección de los hábitats, ese sería el motivo por el que habría una sentencia condenatoria». Este hecho también lo señala el abogado ambientalista Eduardo Salazar, quien recuerda que la Comisión Europea tiene abiertos dos procedimientos de infracción contra el Gobierno central y regional por desprotección de los espacios naturales en la comunidad y la contaminación por nitratos. «La Comisión entiende que la CHS sí que ha adoptado medidas ahora contra la contaminación del Mar Menor aunque durante décadas no haya sido así», señala Salazar, que recuerda que el organismo europeo todavía puede elevar una denuncia al Tribunal Europeo para juzgar a España por el incumplimiento de la directiva de nitratos, cuyas competencias «recaen» en su mayoría en el Gobierno regional.

De Mata también apunta que los argumentos de la condena no son extrapolables, ya que en el caso de la Confederación Hidrográfica del Segura sí se han tomado medidas, recuerda el fiscal, como la que se aprobó el pasado año en relación a declarar el acuífero cuaternario de Cartagena en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico. Este era el primer paso necesario para elaborar unas primeras medidas encaminadas a cumplir las directivas europeas en materia de agua y espacios protegidos. Esas actuaciones llegaron en forma de medidas cautelares que implicaban limitaciones en el uso de nitratos en los campos agrícolas en torno al Mar Menor.

Directiva de nitratos

Esas primeras actuaciones también iban dirigidas a cumplir la directiva de nitratos, una norma comunitaria que tiene por objeto proteger las aguas superficiales y subterráneas de Europa de la contaminación procedente de fuentes agrarias. El problema que deberían solventar tanto la Confederación como la Comunidad Autónoma de Murcia es quién debe hacer cumplir estas medidas que entonces se aprobaron, ya que eran más restrictivas para la actividad agraria en el Campo de Cartagena que las que plantea la Ley de protección y recuperación del Mar Menor. El conflicto hasta ahora no se ha resuelto, ya que la CHS quiere que sea el Gobierno regional quien haga cumplir esas restricciones, pero la Comunidad opina lo contrario. Solo siguen adelante las medidas que limitan las actividades agrarias y urbanísticas planteadas en la Ley del Mar Menor, aprobada el pasado año, y que también supondría un argumento frente a la Comisión Europea y el Tribunal Europeo en cuanto a que las administraciones ya han tomado medidas para recuperar este ecosistema.

Los expedientes sancionadores por las 8.400 hectáreas de regadío ilegal en el Campo de Cartagena o por la extracción de agua a través de pozos ilegales y el precinto de las desalobradoras son otras actuaciones que harían inviable en un principio condenar a España por las mismas circunstancias que argumenta el Tribunal Europeo en su sentencia de Doñana.

Procedimiento específico

El abogado ambientalista Eduardo Salazar recuerda que la Comisión Europea estableció una diferencia importante en cuanto al caso de Doñana y el del Mar Menor. Para el primero, la degradación de este parque nacional se ha tratado como un procedimiento específico e individual pero no así para la laguna salada. Este órgano director de Europa tiene abiertos dos procedimientos de infracción contra España por el incumplimiento reiterado de las directivas de hábitats protegidos y de nitratos, y «en ese paquete está el caso del Mar Menor, junto a otros ejemplos de degradación o contaminación ambiental en España».

Para la laguna, no ha merecido un caso individual ya que la «Comisión ha optado por abrir un procedimiento de infracción general para toda España por estas dos directivas», algo que no entiende Salazar ya que las agresiones que ha sufrido el Mar Menor «merecen estudiarse como un único caso». El lobby agrícola del Campo de Cartagena, la Fundación Ingenio, también denunció al Gobierno central ante Bruselas por incumplimiento de estas dos normas europeas.

Denuncias constantes ante Europea para investigar

En numerosas ocasiones partidos políticos u organizaciones ecologistas o conservacionistas han elevado quejas a Bruselas para que la Comisión investigue el estado del Mar Menor y sancione a las administraciones estatales o regionales como responsables de su degradación. ANSE, Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca y Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar ya denunciaron la situación ante la Comisión de Peticiones de Europa. El abogado Eduardo Salazar recuerda que un dictamen de la Comisión ya estableció que España no cumple sus obligaciones respecto a la directiva sobre nitratos y que las medidas adoptadas para la protección del Mar Menor son insuficientes. Pese a ello, critica que este organismo ejecutivo no haya considerado abrir un procedimiento individual a España y la Región por el incumplimiento de las normas europeas.