Las sanciones por regadío ilegal en el Campo de Cartagena se han disparado en poco más de un mes. La Confederación Hidrográfica del Segura ha abierto 54 expedientes sancionadores por el uso de agua de forma privada sin autorización desde mediados de abril, y de las 8.400 hectáreas con regadío ilegal en torno al Mar Menor, 3.507 hectáreas ya tiene resolución sancionadora mientras que la superficie denunciada, pero todavía sin resolución, es de 2.584 hectáreas. En el entorno del Mar Menor, el número de expedientes sancionadores iniciados desde 2018 por uso privativo de aguas sin autorización (regadío en zonas sin derechos inscritos en el Registro de Aguas o regadío fuera del perímetro aprobado) es de 447. En 53 de esos 447 expedientes, la Comunidad ya ha comunicado que se inicia el proceso de restitución de cultivos. La Fiscalía Superior de la Región ya tiene en su poder 161 expedientes sancionadores en el Mar Menor, de los que 129 se han remitido también al Gobierno regional.

En lo referente al control de vertidos, el número de expedientes sancionadores abiertos al cierre de 2019 por vertido contaminante de agua residual a Dominio Público Hidráulico fue de 135. Desde principios de 2020 y hasta el momento se han iniciado 141 expedientes adicionales por vertidos a cauce público. Los expedientes abiertos por detección de desalobradoras en el entorno del Mar Menor, al cierre del año 2019, se elevaron a un total de 93, lo cual prácticamente duplicaba la cifra de 2018. Actualmente se siguen desarrollando los trabajos de inspección de las desalobradoras ubicadas en Alicante. A fecha de emisión de este documento, se han precintado un total de 192 desalobradoras ilegales en el Campo de Cartagena y se han iniciado 91 expedientes sancionadores a las que no han realizado el mismo. Adicionalmente, los agentes medioambientales han informado que 53 desalobradoras han sido retiradas o desmontadas, y se ha procedido al sellado de 97 sondeos.

Por otro lado, se ha elaborado, en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), una propuesta de medidas para la restauración hidrológica y forestal de las cuencas mineras Ponce, Carrasquilla, Mendoza (Beal) y la rambla de Las Matildes, que vierten al Mar Menor, como ya avanzó La Opinión. En breve se iniciarán los trabajos de contratación para la redacción de proyectos, con un presupuesto estimado de 29.905.240 de euros e incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Las principales actuaciones de restauración que se contemplan son diques de retención en las zonas altas de las ramblas ante el arrastre de sedimentos cargados de metales pesados y la revegetación de los cauces con especies que resisten los metales y los acumulan en sus rizomas. Se prevé también la eliminación puntual de residuos mineros donde los mismos no permitan el crecimiento de especies vegetales, y su retirada a vertedero autorizado, así como la creación de barreras vegetales en las desembocaduras de las ramblas al Mar Menor. Finalmente, en las zonas bajas se crearán zonas inundables para retener caudales de avenida de las ramblas.

Además, el Miisterio aportó 4 millones de euros con cargo al presupuesto de 2020 para cumplir dos objetivos: clausurar y restaurar de una de las instalaciones de residuos mineros calificada como “peligrosa” y eliminar el impacto de la escorrentía de metales pesados de esta instalación dada su ubicación en un cauce vertiente a la laguna.

La CHS también ha encargado a la Universidad Politécnica de Cartagena definir las actuaciones y medidas para reducir el riesgo de inundación de las áreas urbanas en el Campo de Cartagena, así como minimizar los sedimentos movilizados y arrastrados hacia el medio acuático receptor como consecuencia de las lluvias extremas. El estudio se centrará en las zonas afectadas de Los Alcázares y San Javier, dejando para una siguiente fase el análisis de las demás zonas afectadas. Este estudio servirá para la preparación de un 'Plan de adaptación al Cambio Climático en la cuenca vertiente al Mar Menor'.