¿Qué papel ha desempeñado el Colegio de Gestores Administrativos durante el periodo de pandemia?
Esta pandemia nos ha demostrado muchísimas cosas en todo tipo de ordenes, pero quizás me quedo con la fragilidad del sistema en general. En lo referente a nuestra actividad profesional, la deficiente respuesta de la Administración.
Creo que hemos sabido estar ahí desde el primer momento, desde aquel fatídico 14 de marzo, nuestros despachos, tras ser declarados como actividad esencial, permanecieron abiertos casi las 24 horas, tuvimos que luchar con los BOES indescifrables publicados a horas intempestivas, con las mil interpretaciones de una misma norma, con la descontaminación del papel de nuestros clientes, con el cierre de la Administración, y todo ello en un momento en que la gestión de las medidas sanitarias, laborales o administrativas fueron un auténtico desastre, inciertas y contradictorias. Fue algo catastrófico.
¿Han sido suficientes las medidas de protección a autónomos y pymes que ustedes asesoran y representan?
Creo que no. Siempre ha habido un celo especial con el trabajador por cuenta ajena, en detrimento del autónomo, que no olvidemos, es un trabajador que da trabajo a otros trabajadores. Su cobertura económica se ha limitado a la exoneración de cuotas y pago del cese de actividad, pero olvidando que el negocio y pyme es mucho más que eso.
Según nuestro último barómetro, el 23% de las pymes que pidieron prestamos ICO no van a poder acogerse a la ampliación de estos, ya que la mayoría tiene impagos de más de 90 días frente a entidades bancarias, y otro 21% no van a poder acogerse a ayudas directas por no estar al corriente de sus pagos en seguridad social o Hacienda. Todo esto demuestra el desconocimiento absoluto del Gobierno respecto a las necesidades y problemas de las pymes.
Las medidas que van dirigidas a mucha gente no funcionan, ya sea porque llegan tarde o porque incluyen letra pequeña
Se prevé un porcentaje altísimo de desaparición de autónomos y pymes. Los ceses de actividad no han cumplido plenamente su función, y los prestamos ICO han sido insuficientes y utilizados por los bancos en su propio beneficio. No nos equivoquemos, el hecho de que las medidas vayan dirigidas a mucha gente acaba siendo impopular, porque no funcionan, ya sea porque llegan tarde o porque incluye una letra pequeña.
No podemos olvidar que en plena pandemia por coronavirus, y desoyendo de nuevo a nuestro barómetro, se siguió cobrando impuestos a pesar de haber obligado al cierre de los negocios. Entendemos las medidas de confinamiento y el cierre por medidas sanitarias, pero por favor, ‘stop’ al calendario fiscal y al pago de cotizaciones.
¿Qué va a pasar con la declaración de la Renta este año?
Pues nada bueno, y ojalá me equivoque, pero cuando las cosas se hacen mal, la bola se va haciendo más grande. Recomendamos tener paciencia y esperar al mes de junio para que los datos de Hacienda sean lo más actualizados posibles. Sabemos que la gente se impacienta, pero la mezcla de la celeridad con la que Hacienda devuelve a algunos contribuyentes, con la necesidad del Ministerio de ingresar un dinero extra crea un coctel explosivo. Paciencia, asesoramiento y comprobación de los importes cobrados en los ERTE, lo cual no significa que todo aquel que haya estado en uno tenga la obligación de declarar. Es necesario haber cobrado más de 1.500 euros del SEPE y que las rentas procedentes de la empresa superen los 14.000 euros. Igualmente sucede con los autónomos que hayan cobrado ceses de actividad.
Especial cuidado con la renta mínima vital, ya que todos los miembros de la unidad familiar receptora de este ingreso deberán de hacer las declaraciones correspondientes ante la Agencia Tributaria. En palabras de la propia AEAT: «a las 150.000 familias beneficiarias del ingreso mínimo vital les vigila el ojo de gran hermano», sinceramente, creo no son palabras acertadas.
La Agencia Tributaria cuenta con la información que transmiten organismos públicos, privados y empresas, pero esta información no está contrastada, solo se ha comunicado, bien o mal, y por supuesto el único responsable del trámite es el contribuyente, tanto de las perdidas, no reclamables, que se derivan de una notificación errónea a la AEAT, como de las posibles sanciones que esa declaración puede acarrear.
25 propuestas frente a los principales problemas de la administración
El pasado 1 de febrero, una representación del Consejo General de Gestores Administrativos de España, entre los que se encontraba Pérez de las Bacas, entregó al Rey Felipe VI un total de 25 propuestas con las que poder dar solución a los principales problemas de la Administración. «En primer lugar, no podemos tener una Administración basada en el cumplimiento de un horario y no en el cumplimiento de unos objetivos. Tampoco podemos tener una Administración que ante situaciones excepcionales no prevea situaciones excepcionales, y que no esté sometida a auditorías externas que evalúen la usabilidad de los servicios de tramitación electrónica», explica Pérez de las Bacas. Además, afirma que «la principal causa por la que no podemos tener una Administración que se colapsa es porque la pagamos entre todos, aparte de que recurrimos a ella en situaciones críticas, como la de esta pandemia».
Para el presidente del Colegio de Gestores Administrativos de la Región de Murcia «es fundamental una colaboración público-privada estrecha entre la Administración y los profesionales que nos dedicamos a esto, que en definitiva va en beneficio del destinatario último, el ciudadano».
¿Cómo se vislumbra el futuro más cercano?
Se avecinan malos tiempos, sin ánimo de sembrar pesimismo o polémica. Las cifras que se barajan son alarmantes en cuanto al PIB. El hundimiento de nuestro buque insignia que es el turismo va a provocar un aumento del desempleo nunca visto hasta ahora.
Nuestro colectivo elaboró 25 propuestas, de carácter fiscal, laboral y de mejora de la digitalización, con la intención de paliar esta crisis. En cuanto a las primeras, recogen el deseo de ayudar al autónomo y pequeñas pymes, y van desde analizar las líneas de avales ICO, hasta la reducción de los tipos de IVA para los sectores más perjudicados.
Con respecto a las medidas laborales, reforzar la interoperatividad con la Administración y a los tribunales de lo social, además de simplificar los tramites del ERTE.
Por último, aunque no por ello menos importante, una total transformación digital mediante la creación de un comisionado para la transformación digital de todas la administraciones, transversal a todos los Ministerios, y la creación de un Consejo Superior de tramitación administrativa que reúna a todas las partes implicadas en estos procesos.
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