El papel de la gestión administrativa tras la llegada del coronavirus a nuestras vidas ha pasado desapercibido para gran parte de la población.

Pero la intervención de estos profesionales ha sido clave para que millones de personas pudieran acceder a sus prestaciones por ERTE de la manera más rápida posible.

José Pérez de las Bacas, presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de la Región, expone así el papel crucial de los colegiados durante este año y plantea interesantes soluciones para poder evitar un colapso de tal calibre.

¿Cómo definiría este año que se nos va?

Cualquier definición sería válida y todas se han utilizado ya. Este ha sido el año que cambió el mundo, el antes y el después, el año donde los valores cambiaron, el año donde profesiones no valoradas hasta hoy han sido básicas, como es el caso de auxiliares de enfermería, personal de supermercados, limpiadoras o transportistas... De cualquier modo, me quedaría con 'el año que puso de manifiesto la fragilidad del sistema'.

¿De qué modo ha afectado esa fragilidad al sector de los gestores administrativos?

Por lo que se refiere a mi sector, hechos y datos demuestran que hay que afrontar de una vez por todas una profunda reforma de la administración, para que esta deje de estar basada en el cumplimiento de un horario y pase a ser una administración sustentada sobre el cumplimiento de unos objetivos.

La administración es imprescindible, más aún en el momento actual, que es cuando todos recurrimos a ella y nos encontramos que no está preparada para lo que ha sucedido. Debe tener una legislación clara, precisa y no interpretable, debe ser exacta y contemplar de forma estable las posibles catástrofes para dar cobertura al ciudadano, a los trabajadores y a las empresas.

¿Cuál es el papel de su colectivo en esta crisis?

Es fundamental. Desde el primer momento nos calificaron de servicio esencial, por lo que nuestros despachos permanecieron abiertos mañana, tarde y noche con un único objetivo: que los trabajadores pudieran cobrar sus prestaciones. Nos vimos inmersos en el mayor caos administrativo de la historia reciente de nuestro país.

Además, desde marzo jugamos un papel básico en la tramitación de los ERTE. Los trabajadores, y la sociedad en general, tienen que ser conscientes de que han cobrado sus prestaciones gracias a nosotros. El gobierno legisló y el SEPE pagó, pero quien tramitó fuimos nosotros, y le aseguro que la ayuda y la comunicación con las Administraciones ha sido inexistente.

¿Tanto ha cambiado la situación respecto a la normalidad habitual?

Antes del Estado de Alarma, el trabajador que cesaba su relación laboral pedía su cita en el SEPE, facilitaba sus datos y cobraba su prestación. Nosotros tan solo enviábamos el certificado de empresa telemáticamente en el plazo de diez días, y ahí terminaba nuestro trabajo.

Con la normativa ERTE, el Gobierno desplazó esa obligación a las empresas y estas a nosotros. Tenga en cuenta que hemos tenido que retransmitir esos datos a tres organismos distintos; autoridad laboral, SEPE y Seguridad Social, algo que es increíble, ya que se trata de tres organismos de un mismo ámbito.

¿Cree que la Administración debe modificar algunos aspectos en materia laboral?

Demasiadas cosas. En primer lugar, debe fomentar la colaboración público-privada, ya que la Administración por sí sola no puede con toda la carga administrativa de nuestro país, que es mucha, menos en momentos de crisis.

En segundo lugar, necesitamos que la clase política, que es la que legisla, cuente con los profesionales que tramitan. No pueden llevar a cabo procedimientos farragosos fruto de una confusa y continuamente cambiante legislación. Fruto de esa improvisación, ¿sabe lo que han conseguido? Retrasar el cobro de las prestaciones, y prueba de ello es que en el mes de mayo nuestro barómetro constató que habían 700.000 personas que no habían cobrado sus prestaciones. Esta encuesta no fue desmentida por el gobierno, es más, esperó una semana para desmentir esos datos, la semana en la que los bancos adelantaron el pago de esas prestaciones.

¿Qué medidas plantearon desde su sector para echar un cable en estos momentos de necesidad?

Desde el mes de marzo abogamos por el 'Stop calendario fiscal', algo que fue ignorado. Es más, faltaba escasamente un mes para la presentación trimestral de los impuestos. La gente desconoce que, para poder contabilizar las facturas de nuestros clientes, era necesario descontaminarlas, es decir, no tocarlas en no menos de cuatro días por la posibilidad de contagio del papel (según instrucciones sanitarias). No teníamos guantes ni gel hidroalcohólico en aquellos momentos, pero la presentación trimestral había que llevarla a cabo sí o sí.

Ese riesgo para nuestra propia salud fue ignorado, por lo que desde aquí, además del aplauso a los sanitarios, agentes de orden público, empleados y resto de funcionarios y tantos otros, aplaudo a todos los gestores administrativos del país.

¿Qué soluciones, tras esta experiencia, se pueden plantear para evitar un nuevo colapso?

Es importante pensar en el futuro, pero para ello creo necesario proponer soluciones y que la Administración nos tenga en cuenta. Es fundamental la creación de un canal específico de comunicación entre la Administración y los profesionales del sector. ¿Qué cree usted que es más efectivo? ¿Cien personas con cita previa en el SEPE para solucionar cien problemas, o un profesional que resuelva con el funcionario 100 asuntos en una hora?

Los expertos dilucidan que la innovación y las nuevas tecnologías resultarán claves para salir de esta crisis. ¿Está de acuerdo?

Es básico. ¿Sabe usted cuáles han sido las administraciones que no han funcionado? Aquellas que requerían presencialidad. Por el contrario, las que no y las que tienen externalizados sus servicios mediante colaboraciones con colectivos profesionales, como por ejemplo las Jefaturas Provinciales de Tráfico, han funcionado perfectamente, sin retrasos, sin colapsos y de forma tranquila.

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