El pasado lunes, 1 de febrero, Su Majestad el Rey Felipe VI recibió en audiencia a una representación del Consejo General de Gestores Administrativos de España para hacerle partícipe de las veinticinco propuestas de este organismo para superar la crisis sanitaria, económica y social derivada de la pandemia del coronavirus.

José Pérez de las Bacas, máximo representante del Colegio de Gestores Administrativo de la Región de Murcia, expone en esta entrevista los detalles de dicha reunión.

¿Qué recoge el grueso de esas veinticinco propuestas?

Básicamente se estructuran en tres grandes bloques: medidas de carácter laboral, financiero-fiscales y de mejora de la digitalización.

Podríamos sintetizarlas en la necesidad de simplificar y fortalecer la Administración con el objetivo de evitar lo acontecido desde el mes de marzo, así como facilitar las ayudas a las pymes y pequeños autónomos.

Y, según su criterio, ¿cuáles son los principales problemas de la Administración?

En mi opinión son varios, y creo que están recogidos en estas veinticinco medidas propuestas. En primer lugar, no podemos tener una Administración basada en el cumplimiento de un horario, debe estar basada en el cumplimiento de unos objetivos. En segundo lugar, no podemos tener una Administración que, ante situaciones excepcionales, no acuerde medidas excepcionales.

En tercer lugar, no podemos tener una Administración no sometida a auditorías externas que evalúen la usabilidad de los servicios de tramitación electrónica. Y, por último, se necesita una estrecha colaboración con el sector privado de los profesionales que nos dedicamos a esto.

¿Cree suficientes los organismos actuales de la Administración para hacer frente a la demanda actual digital?

En absoluto, creemos necesaria la creación de un comisionado para la transformación digital de todas las administraciones transversal a todos los ministerios.

Igualmente, es necesario un consejo superior de tramitación administrativa que reúna a todos los implicados en la mejora de la tramitación. También una agencia estatal de tramitación administrativa, para así contar con un instrumento que procese de manera masiva los expedientes presentados. Hemos entrado ya en algo impensable al inicio de la tramitación telemática, que es en una burocratización telemática.

Le puedo asegurar que, a pesar de la falta de seguridad jurídica de un fax o un mail frente a lo firmado con un certificado digital, el proceso se ha hecho un millón de veces más complicado. Debería de haber sido igual de sencillo, pero con las garantías que proporcionan los certificados digitales.

Necesitamos, mediante todas las propuestas presentadas, que los políticos de nuestro país comprendan lo difícil que están haciendo esto, que en definitiva esa mala gestión de las medidas adoptadas (no las medidas en sí, sino su mala gestión, su falta de planificación, la falta de contemplar la excepcionalidad de la situación) va en detrimento de los ciudadanos, e igualmente recordarles que trabajamos para ellos, además de costear los salarios de los funcionarios.

¿Cuáles son las propuestas en materia laboral recogidas en ese documento?

Reforzar la interoperatividad, reforzar los tribunales de lo social y simplificar los trámites telemáticos de los ERTE.

No tiene sentido presentar por triplicado lo mismo a los distintos organismos de un mismo ámbito laboral.

Igualmente, se antoja necesario derogar el artículo 23 del Real Decreto 8/2020; crear una comisión de análisis de la normativa relacionada con los ERTES que no deje lugar a distintas interpretaciones; impulsar políticas activas de empleo con medidas liberalizadoras; pactar con los agentes sociales un período de mantenimiento de la normativa laboral; mantenimiento del SMI; o fomentar contratos de trabajo con coste de seguridad cero.

¿Y en lo referente a asuntos de carácter financiero-fiscal?

Pues, fundamentalmente, recogen el deseo de ayudar al autónomo y a las pymes. Desde analizar las líneas de avales ICO, aumentando los períodos de carencia, eliminar la necesidad de estar al corriente en Seguridad Social y Hacienda, hasta otras necesidades relacionadas con «si no tengo dinero para vivir, mucho menos para pagar impuestos».

Es clave diferir el pago de impuestos y cotizaciones hasta finales del 2021, o reducir el IVA a los sectores más perjudicados, como la restauración, hostelería y transportes. También deberían quedar exentas todas las cantidades percibidas por motivos covid. Por último, la creación de una cuenta corriente tributaria donde poder compensar los pagos a Hacienda, el cobro de devoluciones sociales o subvenciones.

¿Cuál es la formación que se exige a un gestor administrativo?

En primer lugar, estar en posesión de una licenciatura, bien en Derecho, Empresariales, Económicas o Ciencias Políticas. Y después, acceder mediante pruebas de acceso convocadas por el Ministerio de Administraciones Públicas o realizar el Máster en Gestión Administrativa, actualmente impartido en nuestra Región por la UCAM.

¿Y no se imparte por la UMU?

Pues la verdad es que no. Es algo totalmente absurdo, fruto de una arcaica tradición universitaria, que impide que la UMU implante este máster por el simple hecho de que la UCAM lo está haciendo desde hace seis años.

Insisto, es totalmente absurdo, fruto de unos puntos de vista personales, y en el que los únicos perjudicados son los alumnos, futuros profesionales, a los cuales se les está impidiendo desarrollarse profesionalmente y abrir sus propios despachos en nuestra Región. Para más inri, hace seis años se le envió a la UMU, en primer lugar, este ofrecimiento, y nunca llegaron a contestar.

En mi opinión, las ciudades son las personas que las habitan, y esto es lo que tenemos en la universidad pública de Murcia. Porque esto no pasa en otras universidades de España, en la que nuestro máster lo imparten universidades públicas y privadas. ¿Por qué la UMU no lo permite? Habría que preguntar a la máxima autoridad académica de la UMU.

¿Qué resumen hace de toda esta problemática?

Todo lo ocurrido este año ha demostrado la fragilidad del sistema en general. Ha confirmado que las administraciones que no han funcionado han sido las que exigían presencialidad. Aquellas que externalizaron su gestión contando con profesionales privado, como es este caso, han funcionado perfectamente. Véase la Dirección General de Tráfico, que no vio disminuido su rendimiento gracias a la encomienda de gestión que mantenemos con ellos y que nos permite realizar telemáticamente todos los trámites.

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