Cinco altos cargos de la Consejería de Salud recibieron la vacuna contra la covid-19 antes de tiempo junto con el exconsejero Manuel Villegas, que se vio obligado a presentar su dimisión el pasado 20 de enero, ante el escándalo provocado por el incumplimiento del protocolo por parte de la cúpula de la sanidad pública de la Región. Diputados de tres grupos parlamentarios de la Asamblea Regional, PSOE, Vox y Podemos, tuvieron acceso ayer a los listados de los primeros 52.000 murcianos vacunados, entre los que figuran los miembros del equipo de Villegas que han continuado en el cargo. Aunque los parlamentarios, que tuvieron tres horas y media para revisar la lista, no pueden revelar los nombres que encontraron, el hecho de que los grupos de la oposición hayan comprobado quiénes se saltaron la cola deja en el aire la continuidad del equipo que ha encontrado el nuevo consejero, Juan José Pedreño.

Los vacunados antes de tiempo son el director general del Servicio Murciano de Salud (SMS), Asensio López, y los responsables de Recursos Humanos del SMS, Pablo Alarcón, y de Asistencia Sanitaria, Inmaculada Barceló; así como los directores generales de Salud Pública y Adicciones, José Carlos Vicente, y de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano, María Teresa Martínez Ros.

Tal y como había adelantado La Opinión, el secretario general, Andrés Torrente, es el único que no llegó a vacunarse cuando los altos cargos de Villegas decidieron incluir al equipo de dirección del que forman parte todavía y a toda la plantilla de los servicios administrativos del SMS del edificio de Habitamia (Espinardo) y del resto de sus sedes entre los beneficiarios de la primera dosis. Torrente ha hecho llegar al PP una declaración en la que niega haberse vacunado.

"La cortina de humo confirma la vacunación de cargos públicos"

Alfonso Martínez Baños - PSOE

Los diputados de la Asamblea Regional que habían solicitado la lista tuvieron que realizar un periplo por la Región. Antes de acudir a la sede de la Consejería de Salud, en la Ronda de Levante de Murcia, asistieron a la constitución de la comisión de investigación de la Asamblea Regional a través de la cual consiguieron la autorización. Tras el acto de constitución oficial viajaron a Murcia. Aunque estaban citados por la Consejería a las 9.30 horas, no les se les permitió entrar hasta que estuvieron todos: Alfonso Martínez Baños (PSOE), María Marín (Podemos) y Pascual Salvador y Mabel Campuzano, de Vox.

"Ha sido un paripé y una auténtica vergüenza"

María Marín - Podemos

También estaba citado el diputado del PSOE José Antonio Peñalver, que consultó otros datos. Los cinco parlamentarios y dos funcionarios de la Consejería tuvieron que compartir durante tres horas y media una habitación minúscula, en la que no podían ni guardar la distancia de seguridad.

La diputada de Podemos aseguró que las siete personas se habían visto obligadas a pasar varias horas en estas condiciones. Anunció que pondrán en conocimiento de la Fiscalía los datos que había logrado recabar, a pesar delas dificultades que encontró, para que los añada a la denuncia presentada con anterioridad.

"Cada diputado ha recibido una pieza del puzzle"

Mabel Campuzano - Expulsada de Vox

También el PSOE había presentado una denuncia ante la Fiscalía, a la que informó de las irregularidades de las que ha tenido noticias desde que se dio a conocer la vacunación masiva entre el personal administrativo de la Consejería, así como la carta anónima de una trabajadora del Hogar de Betania, donde se vacunó el obispo, José Manuel Lorca Planes. El diputado Martínez Baños aseguró que se había encontrado «un listado imposible de descifrar».

Madrugadores que se anticiparon al plazo de aplicación

Los diputados del PSOE, Podemos y Vox que este viernes tuvieron acceso a los listados de los vacunados encontraron personas que se habían vacunado incluso antes del 27 de diciembre, fecha en la que se empezó a administrar la primera dosis en las residencias de mayores de la Región. La información recabada también ha permitido comprobar que la mayor parte de los centros ha administrado vacunas a personas que no debían figurar entre los destinatarios.