Demandas contra la Comunidad por mostrar las listas a los diputados

La decisión de la Consejería de Salud de mostrar los nombres de 52.000 murcianos vacunados a los diputados de la Asamblea Regional que lo habían solicitado acabará ante la Agencia de Protección de Datos. El sindicato CSIF pone en duda que la Administración regional pueda permitir el acceso a un listado que contiene datos personales de los destinatarios de las primeras vacunas y ha anunciado que piensa interponer una demanda contra la Comunidad si se ha producido alguna irregularidad en la exposición.

El presidente autonómico de CSIF, Juan Miguel López Blanco, destacó este vienes que la vacuna ha sido administrada a muchos funcionarios de la Comunidad, dado que el personal sanitario de los hospitales y de los centros de salud es uno de los primeros colectivos a los que se incluyó en el protocolo. De hecho, un funcionario ha obligado a retirar su nombre del listado y no aparece.

López Blanco cuestiona la decisión que permitió ayer a los parlamentarios de tres grupos políticos de la Asamblea Regional revisar los listados para verificar si hay altos cargos del Ejecutivo que se han saltado el turno de vacunación establecido por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

El máximo responsable de CSIF en la Región va a realizar una consulta a la Agencia de Protección de Datos, a la que considera que «debería haber preguntado antes de tomar cualquier iniciativa», y en caso de que se haya cometido alguna irregularidad, presentará una denuncia contra la Administración regional

Recordó que «los empleados públicos que se han vacunado lo hicieron a petición de la propia Comunidad Autónoma y no por iniciativa propia», por lo que defiende que la información que pueda contener el listado está amparada por la Ley de Protección de Datos.

Por su parte, la Consejería de Salud avala su actuación con un informe del delegado de Protección de Datos de la Comunidad, dependiente de la Consejería de Transparencia, que planteaba la necesidad de solicitar la autorización de los afectados o de procesar los datos de forma que se diera la información referida a distintos colectivos sin incluir los nombres.

No obstante, el informe apuntaba la posibilidad de soslayar este requisito cuando la información se solicita desde el Legislativo «en el ejercicio de las funciones de control parlamentario», dentro del «marco normativo establecido por el Reglamento de la Asamblea Regional de Murcia.