Sancionan con 129.000 euros a una empresa de gestión de residuos peligrosos de Cartagena

Una empresa de gestión de residuos peligrosos de Cartagena ha sido sancionada con 129.000 euros correspondiente a tres multas por operar sin autorización ambiental, por no paralizar la actividad y solucionar los problemas que presentaba la planta y por el vertido incontrolado de desechos.

La mercantil García Carreño e Hijos, ubicada en la diputación de Molines Marfagones y que está siendo investigada por los juzgados de Cartagena, se encarga de la retirada de residuos producidos por otras empresas. Sin embargo, la resolución de la Dirección General de Medio Ambiente señala que la firma termina por almacenar los restos sin completar la gestión al no enviarlos a una planta de tratamiento adecuada.

La organización Ecologistas en Acción ha denunciado, por un lado, que este "vertedero ilegal" continúa guardando una gran cantidad de residuos peligrosos a la intemperie y en condiciones precarias. "Esto le supone un beneficio económico obtenido del incumplimiento de la legislación vigente, como le indicó la Consejería de Medio Ambiente".

Los restos se guardan en envases y depósitos que continúan deteriorándose, con el consiguiente riesgo de vertidos contaminantes, tal como sucedió en 2022 cuando se detectó un vertido hacia el exterior, que la empresa justificó como la rotura de una válvula provocada por un acto vandálico.

Por otro lado, la entidad conservacionista se muestra crítica con la Consejería, ya que de las tres multas, dos de ellas se han impuesto con la mínima cantidad económica dentro de la gravedad de la infracción y a una tercera se le ha reducido el importe final.

Una historia larga

En julio de 2016 la Consejería ordenó a García Carreño la paralización de la actividad y el restablecimiento de la legalidad en el centro de clasificación, almacenamiento y transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos en la Cuesta de Los Ladrillares, Molinos Marfagones, término municipal de Cartagena, según la resolución de la Subdirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Un año más tarde, en 2017, Medio Ambiente anunció a la mercantil que tramitaría sanciones «sucesivas», hasta que se cumpliera la normativa. Y en 2019 volvió a anunciarlo, "pero la realidad es que ha hecho todo lo contrario, se ha rebajado la sanción y se imponen los mínimos estipulados por ley posibles", señala la organización.

El Juzgado de Instrucción N°2 de Cartagena abrió una investigación por un posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente tras una denuncia de Ecologistas en Acción, pero todavía no hay una resolución.