Cuentas municipales

Cartagena aprueba definitivamente sus presupuestos para 2023

El Gobierno ha rechazado las alegaciones para elaborar un informe de impacto de género y para restaurar y conservar seis molinos de titularidad municipal

Pleno extraordinario celebrado este lunes para la aprobación definitiva de los presupuestos municipales de 2023.

Pleno extraordinario celebrado este lunes para la aprobación definitiva de los presupuestos municipales de 2023. / Iván Urquízar

Cartagena ya tiene aprobados de forma definitiva sus presupuestos para este 2023. El expediente superó este lunes el último escollo, tras obtener el visto bueno en el Pleno extraordinario en el que el Gobierno local expuso los motivos por el que ha desestimado las 11 alegaciones presentadas por la ciudadanía. Por su parte, toda la oposición votó en contra de la desestimación. 

La suma total del presupuesto asciende a los 247 millones de euros, un 5,67% más que el año pasado, con un incremento de más de 13 millones de euros. Entre sus objetivos se encuentra “aumentar las inversiones, completar la modernización de los servicios, reforzar la dinamización turística y cultural, y mantener la protección de las familias y las empresas ante la crisis”.

No habrá informe de impacto de género

Finalmente, y tal y como informó La Opinión, las cuentas municipales no contarán con un informe de impacto de género, tal y como solicitaba una ciudadana en una de las alegaciones. Los técnicos municipales han señalado que el carácter preceptivo de este informe solo se encuentra en una norma estatal y se refiere sólo a planes o normas generales acordados por el Consejo de Ministros.

En su intervención, el portavoz adjunto de MC, Jesús Giménez Gallo, destacó que “pese a que no hay ninguna normativa nacional que especifique que el presupuesto municipal deba incluir este informe, hay grandes ciudades que sí lo incluyen, como Valencia, Castellón, Logroño, Madrid, Vitoria, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Málaga, Bilbao e incluso Santomera, entre otras”. Se trata de municipios, según explicó Giménez, que “se han dotado de una reglamentación interna para incluirlo en la tramitación presupuestaria municipal”. 

En la Comisión de Hacienda celebrada la pasada semana MC solicitó que se les informara sobre si el Plan de Igualdad Municipal aprobado en enero de 2022 tenía eficacia normativa para incluirlo en el presupuesto. La secretaria del Pleno les remitió un informe que “viene a decir que no hay norma nacional y que el Plan de Igualdad municipal no deja de ser una cuestión programática, que habrá que estimar o no, pero que no vincula a la acción del Gobierno”, según expuso el portavoz adjunto de la formación cartagenerista.

“Todo humo. Desde el 2021 el Gobierno local nos está vendiendo un Plan de Igualdad, que tiene entre sus objetivos que la normativa municipal incluya informes de impacto de género, pero no lo aplica en una de sus aprobaciones esenciales del año. Este plan no sirve para nada, no tiene contenido normativo y el Gobierno no lo aplica”, criticó Giménez.

Por parte del Gobierno, Esperanza Nieto respondió que “el Plan de Igualdad no es una norma jurídica, sino un documento político que establece directrices a la administración municipal en la definición de objetivos, estableciendo metas, estrategias y acciones, concluyendo por tanto que no existe referencia expresa a las disposiciones normativas que aprueben las entidades locales incorporar con carácter preceptivo el informe de impacto de género en la normativa municipal”.

El portavoz de Vox, Gonzalo Abad, matizó que “el Plan de Igualdad expone que el informe se aplicará a toda normativa, y los presupuestos no son tal cosa”. Leli García, de Unidas Podemos, subrayó al respecto que existe una definición que expone que “el estudio sobre impacto de género también hace referencia al análisis sobre los resultados de las políticas públicas (no solo de las normas) en la vida de mujeres y hombres de forma separada”. Es por ello que, según añadió, "teniendo en cuenta que los presupuestos son políticas públicas, sí que se debería haber tenido en cuenta la alegación”..

Molinos de viento

El Gobierno también rechazó las alegaciones de la Asociación Cartaginense en las que pedían partidas para la restauración y mantenimiento de seis molinos de titularidad municipal. Un informe solicitado por el Gobierno local a la Dirección General de proyectos estratégicos de patrimonio histórico y cultura desestimó la petición. “La tramitación de estos proyectos no se hace de un día para otro. Conlleva sus pertinentes estudios, redacciones de proyectos, aprobaciones de la Dirección General de Patrimonio y partidas presupuestarias”, explicó la edil Esperanza Nieto. 

“Las partidas propuestas para cada actuación en estas alegaciones, además, son insuficientes”, según destacó la concejala, quien aseguró que actualmente “ya se está actuando en alguno de estos molinos, como el de la Tía Seña, mientras que otros ya han sido restaurados y se revisan de forma periódica, como el de San José”.

Por parte de MC, Giménez apuntó que “estas alegaciones son obligaciones legales del Ayuntamiento respecto a estos BIC y que, por tanto, están bien planteadas y son susceptibles de haber sido estimadas, a pesar de que el contenido del informe diga que la Administración puede organizarse como le venga en gana”. 

Gonzalo Abad también se opuso a la desestimación de esta alegación pues, según expuso, “la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Comunidad establece que los propietarios, poseedores y demás titulares sobre bienes de interés cultural deberán cumplir las siguientes obligaciones: conservarlos, custodiarlos y protegerlos para asegurar su integridad y evitar su destrucción o deterioro”. Un hecho que, según el portavoz de Vox, “se está desatendiendo”. 

Otras alegaciones

También se rechazó la alegación presentada por la misma asociación, que solicitaba un plan director para el Castillo de la Atalaya. Según afirmó el Gobierno, la unidad de Patrimonio del Ayuntamiento “ya ha contemplado la actualización del proyecto que realizó el Ministerio de Defensa para su aprobación por parte de la Dirección General de Patrimonio”. 

La misma entidad también pidió una partida de 30.000 euros para financiar la elaboración de un proyecto para la construcción de una terminal intermodal en La Manga-Cabo de Palos. También rechazada, pues “un informe de Infraestructuras constató la falta de suelo público disponible y el uso compatible para esa infraestructura”. 

También presentó una alegación para dotar una aplicación con 150.000 euros para financiar el traslado del cuartel de la Policía Local situado en Los Dolores, desestimada por la Jefatura. “Se está reforzando Pozo Estrecho, se trabaja en el Cuartel de Cuesta Blanca y se seguirá trabajando en la mejora de las instalaciones, pero con proyectos serios consensuados y con financiación suficiente”, explicó Nieto. 

Por último, también se rechazó la solicitud de 1.000 euros para instalar unas letras de bienvenida en Los Belones, pues, según Vía Pública justifica, “se trata de actuaciones generalizadas en todo el municipio y que necesitan de las pertinentes autorizaciones por ser terrenos de la Comunidad Autónoma”. 

Publicación en el BORM

Ahora, el presupuesto general, definitivamente aprobado, deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), resumido por capítulos de todo lo que lo integra, más los anexos y plantilla de personal. Asimismo, contra la resolución que adopte podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a partir de la publicación en el BORM.