El Circuito Permanente de Velocidad de Cartagena continúa funcionado sin licencia. Esto ha llevado a que la Fiscalía investigue al Ayuntamiento de Cartagena por posible delito de prevaricación, ya que es el encargado de la concesión y control de las licencias en la ciudad. 

Esta investigación se abrió hace nueve meses a raíz de la denuncia de un particular y desde la Fiscalía informan a LA OPINIÓN de que el objeto de investigación es saber si el Consistorio ha incurrido en un delito de prevaricación, «o bien por no haber concedido licencia al Circuito de motos, o bien por haberla denegado pero estar permitiendo la actividad delictiva», ya que en la actualidad permanece abierto.

Las diligencias abiertas estudian los expedientes administrativos tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad Autónoma referentes a la emisión de ruidos y a las licencias urbanísticas concedidas al Circuito, que fueron dos: la primera en el año de su apertura, en 1994, y la segunda en 2004, cuando el Ayuntamiento abrió el primer expediente sancionador. 

A su vez, el Gobierno local lleva meses requiriendo al Circuito el cumplimiento de la normativa tras detectar que no cumplían con la ordenanza municipal antirruidos y que habían levantado dos edificaciones sin licencia ni permisos, como fue el caso de los boxes, los aseos, el cambio de ubicación del restaurante y otro tipo de dependencias.

La denuncia se impuso de forma genérica al Ayuntamiento, pero la fiscal investiga a personas concretas a las que en caso de que fueran imputadas se les abrirá un procedimiento disciplinario que puede acabar en la inhabilitación de empleo y sueldo; en este caso, sería a funcionarios como técnicos del departamento de licencias, administrativos, políticos del equipo de Gobierno, así como cualquier autoridad implicada.

Desde el Ayuntamiento han informado a esta Redacción de que la licencia del Circuito está en «proceso de legalización de actividad», por lo que la Administración municipal abrió un expediente de regularización y otro sancionador, que supuso la suspensión de la actividad durante unos días en febrero de 2021, y una sanción de 3.000 euros, que el Circuito recurrió en el Juzgado de lo Contencioso, según informan fuentes judiciales. 

A petición de la empresa, se sustituyó el cese de actividad por medidas compensatorias que les permite abrir, bajo ciertas condiciones que faciliten el descanso de los vecinos. En estos momentos, el Circuito puede abrir todos los días de la semana, con un calendario que ellos mismos van presentando al Consistorio.

Por otro lado, el expediente de regularización exige al Circuito una serie de documentos que el Ayuntamiento está estudiando para verificar que todo está acorde a la normativa. Entre otros, incluye un estudio acústico con medidas correctoras del ruido (como pantallas acústicas) que han presentado, aunque con retraso, y los técnicos municipales lo están analizando en estos momentos.

La Fiscalía informa de que no tiene a personas identificadas todavía como acusados, pero que espera tener el caso cerrado antes de Navidad ya que le queda una única diligencia por resolver. Mientras, el Circuito continúa ejerciendo la actividad hasta que el Ayuntamiento no termine de estudiar los documentos exigidos y le conceda la licencia.