Hostecar pide "un protocolo seguro" de trabajo y un plan nacional de rescate

"Asfixiados, desesperados y sin el respaldo de la administración regional y central", así se sienten los casi 300 hosteleros que han sacado sus vehículos a las calles de Cartagena para protestar contra el cierre de los bares y restaurantes en el municipio y exigir un plan de rescate nacional que "salve" el sector, "abocado al cierre" si la situación continúa como hasta ahora.

Esta mañana, cientos de empresarios, camareros y proveedores se congregaban frente al estadio Cartagonova, convocados por la patronal cartagenera Hostecar. Su presidente, Juan José López, explicaba que los empresarios y trabajadores necesitan ayudas por parte del Gobierno de España y un protocolo seguro para que "independientemente de la situación sanitaria, los bares y restaurantes puedan seguir trabajando con garantías".

La protesta, que se ha celebrado en vehículos con la intención de contener la expansión de la covid-19 y evitar aglomeraciones, partía a las 10.00 horas hacia la Asamblea Regional, donde los manifestantes han realizado una gran pitada para pedir a los políticos soluciones.

Los bares de Cartagena llevan ya diez días cerrados y sin fecha de reapertura. A estos se suman los más de 100 que han estado sin trabajar a lo largo del 2020, según los cálculos de la patronal. Este cese de actividad ha provocado que el 25% de las empresas hosteleras de Cartagena hayan echado el cierre a causa de la crisis provocada por la covid-19, aunque López vaticina que "si este cierre se prolonga, la cifra ascenderá hasta el 40 e incluso el 45%".

Además, son muchos los restaurantes que por "falta de rentabilidad" tampoco pueden ofrecer ese servicio de recogida en el local o a domicilio.

Aquellos que si lo hacen, como Antonio Baños, propietario del Bar Yeray, aseguran que a pesar de que los clientes apoyen la iniciativa, las pérdidas con el servicio a domicilio oscilan entre el 75 y el 80%. El empresario afirma que se podrían haber aplicado medidas para contener el virus que no perjudicasen tanto al sector, como cerrar toda la actividad no esencial a las 18.00 horas. "De esta manera podríamos haber seguido generando ingresos pero evitando las horas más críticas", apunta.

A la caravana también se han unido los distribuidores de estos bares y restaurantes, que con el cerrojazo han experimentado unas pérdidas en torno al 90% según revela Raúl Valdino, distribuidor del sector agroalimentario.