Sentencia contra Manos Limpias por la corrupción en Murcia

El caso de corrupción por pelotazos urbanísticos en Totana que llevó a dos alcaldes de la localidad a pisar la cárcel vincula al sindicato Manos Limpias con la Región de Murcia. Durante la investigación del caso, la policía grabó unas conversaciones entre el comisionista Emiliano Ovide y Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias. Las escuchas se produjeron después de que el propio Ovide denunciase que la empresa del gallego Manuel Núñez había pagado comisiones al alcalde para conseguir la recalificación de terrenos y para dar luz verde a un convenio urbanístico que suponía la construcción de más de 5.000 viviendas.

Los agentes de la Guardia Civil sospechaban que la denuncia era una forma de presión para cobrar una millonaria comisión por sus actuaciones en Totana. «También podemos hacerle al alcalde un adelanto y que se entere del tema de que tú te has puesto en contacto con Manos Limpias», decía Bernad a Ovide en una conversación mantenida en una cafetería en septiembre de 2007 con espías policiales grabándola. «Nos metemos a fondo con el tema de Totana y así puedes sacar lo que quieras», le dijo Bernad a Ovide en otra de las conversaciones captadas por la Guardia Civil.

El propio Ovide, en un diálogo con su abogado, relataba cómo había convenido con Manos Limpias la estrategia: «Bernad me ha dado autorización para meter el tema y ellos intervenir. O sea que el tema de Totana, en cuanto salga aprobado el plan, o se aviene a razones o le van a meter un hostiazo públicamente que lo van a hundir».

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La Opinión contactó con Bernad en 2012, momento en el que no descartó que hubiese insultado al exalcalde de Totana en una de las conversaciones pinchadas, pero discrepó de otros diálogos recogidos por la Guardia Civil. «Pueden haber manipulado mis frases», dijo en aquel entonces. Tanto como que denunció a un diario nacional que dijo en sus informaciones periodísticas que Manos Limpias tenía negocios con imputados en causas urbanísticas o que el propio Bernad, su secretario general, pactaba querellas con comisionistas, en relación al caso de corrupción destapado en Totana.

En el texto se leía que «Manos Limpias diseñó una estrategia para que un imputado cobrara una comisión», que su secretario general «aparece en las cintas poniendo su maquinaria de denuncias al servicio de los intereses de un comisionista implicado en la trama» del ayuntamiento de la Región o que «las denuncias de Manos Limpias son utilizadas como medio de coacción para conseguir el pago de comisiones».

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El autodenominado sindicato denunció en un juzgado de Madrid ese artículo por considerar que se vulneraban los derechos constitucionales del honor, la intimidad y la imagen. El Juzgado de Primera Instancia número 39 de Madrid dictó una sentencia desestimando íntegramente las pretensiones de Manos Limpias y Miguel Bernad y condenándoles a las costas procesales. Recurrieron en apelación a la Audiencia Provincial de Madrid, que también desestimó y confirmó la condena en costas. A lo que el sindicato y su secretario general contestaron con un recurso de casación al Tribunal Supremo que, en su sentencia, volvió a desestimar la petición y les impuso el pago de las costas.